Carmen Frei Ruiz-Tagle, educadora de párvulos e hija del ex presidente Eduardo Frei Montalva, ha publicado el libro Magnicidio. La historia del crimen de mi padre (Aguilar). La ex senadora de la DC (1990-2006) da cuenta de pormenores del asesinato del ex presidente, planificado por los servicios de seguridad de la dictadura por orden de Pinochet. Carmen Frei ha librado una lucha incansable y ejemplar por esclarecer ese crimen político, enfrentando incluso la indiferencia de su partido y de autoridades de gobierno.

En su libro, además de los pormenores de la muerte de su padre, podemos enterarnos de las acciones de denuncia que él emprendió contra la dictadura y la situación política del país en ese momento.

Efectivamente, quise dar a conocer en el libro aspectos desconocidos hasta hoy sobre lo que fueron las posiciones que adoptó mi padre en relación al golpe y las acciones de rechazo a la dictadura que realizó desde un principio. Como lo señalo en el libro, mi padre tenía absoluta claridad de que ante la perspectiva de un golpe Chile no sólo perdía la democracia sino también todo los avances que hasta entonces se habían logrado en lo social, económico, cultural y político. En la situación política que antecede al golpe hizo todo lo posible por apoyar el diálogo que propició su amigo el cardenal Silva Henríquez y así se lo hizo saber a Allende directamente. Producido el quiebre democrático fue claro en señalar que la principal responsabilidad en lo ocurrido la tenía el gobierno por no haber sido capaz de frenar a los sectores más radicalizados e hizo suya la declaración del episcopado del 13 de septiembre que pidió respeto por los caídos, en primer lugar por el Presidente Allende, que pidió moderación y que no haya “ni vencedores ni vencidos”. Por lo demás en la carta tantas veces malinterpretada a Mariano Rumor, señala en la parte final que los objetivos por los que la DC debe luchar después del golpe deben ser el “pleno respeto a los derechos humanos, el pleno respeto a las legítimas conquistas de los trabajadores y campesinos y vuelta a la plenitud democrática”.

¿Siente que algunos sectores han sido injustos con Eduardo Frei Montalva tras el golpe de Estado de 1973?

Es evidente que la figura de mi padre quedó atrapada entre los extremos y que desde la derecha como desde la izquierda que no se renovó, se le hacen reproches que no tienen asidero histórico. Por ejemplo se le acusa desde la derecha de haber poco menos que ido a rogar a las FFAA para que dieran el golpe. El otro sector curiosamente también comparte la misma visión y le acusa de haber estado instigándolo. Esta incomprensión no es por cierto inocente. Tanto la derecha como la izquierda que se quedó  anclada al pasado, hasta hoy no han sido capaces asumir su responsabilidad en lo ocurrido. Mi padre si lo hizo, y como lo señaló públicamente después, llegó a la conclusión que todos habíamos tenido nuestra cuota de responsabilidad porque no habíamos sido capaces de llegar a un entendimiento  para resolver la crisis. En el libro quise además aportar más antecedentes para ir colocando las cosas en una justa dimensión. Como lo digo, mi padre tenía absoluta claridad de que ante la eventualidad de un golpe las FFAA no le iban a entregar el poder a él ni a la DC. Cualquiera que mire con objetividad los hechos sabe que mi padre no era del gusto de los militares. En su gobierno, en tres ocasiones se produjeron conatos graves de rebelión en su contra y las FFAA no fueron precisamente aliadas de las políticas que impulsó en su gestión. Creo que con el tiempo la figura de mi padre se ha ido ganando el respeto que se merece, y que su imagen de un hombre público de intachable conducta democrática va quedando cada vez más consolidada en la historia.

¿Entiendo que su padre era partidario de una Asamblea Constituyente para resolver la crisis política? Poco se sabe de eso.

Para ser precisos mi padre fue partidario del diálogo para resolver la crisis del año 73 y así se lo hizo saber al Presidente Allende. Ese diálogo contó con su apoyo desde el mismo instante en que con lo conversó con su amigo el cardenal Silva Henríquez. En cuanto a la Asamblea Constituyente para dotar al país de una nueva carta fundamental, esa fue su propuesta frente al fraude del plebiscito del año 80 y eso está en el discurso que pronunció en el teatro Caupolicán. En el NO al plebiscito y a la Constitución de Pinochet por su “ilegitimidad” de origen, mi padre se alzó como una figura visionaria. Recién, en el último tiempo hemos vuelto a rescatar de ese acto del Caupolicán, del 27 de agosto de 1980, la idea de que el país contara, de una vez por todas, con una Constitución que naciera de la voluntad legítima de la ciudadanía. Es bueno traer hoy a la memoria ese momento porque esa fue la primera vez en que todas las fuerzas de oposición a la dictadura lideradas por mi padre dijeron NO al plebiscito que impuso de manera fraudulenta la Constitución de 1980, y esa fue también la primera vez en que se planteó la necesidad de una Asamblea Constituyente para dotar al país de una Constitución genuinamente democrática.

En el extranjero hubo reuniones entre algunos exiliados y quienes viajaban desde Chile, entre ellos su padre. Evidentemente eso influyó en el crimen.

Desde luego, esos encuentros que se orientaban a la búsqueda de un entendimiento político entre el centro y la izquierda. Lo que ocurrió en el Caupolicán y la dinámica de posiciones convergentes que se generó a partir de entonces, así como la oposición frontal de mi padre a Pinochet tanto en el plano nacional como internacional; todos esos factores transformaron a mi padre en un opositor peligroso. Yo siempre he dicho que la muerte de mi padre quedó sentenciada a partir del momento en que se transforma en un liderazgo imposible de controlar y detener en su objetivo por crear un frente amplio de fuerzas para recuperar la democracia y superar la dictadura.

La resolución del juez Alejandro Madrid determinó que el autor directo o principal del homicidio del ex presidente fue el doctor Patricio Silva Garín, un ex miembro del gobierno de su padre ¿Cómo recibió esta noticia? 

En el caso de Silva Garín como de Becerra y otros colaboradores de mi padre que aparecen vinculados de manera directa o indirecta con el crimen, las revelaciones que han quedado establecidas en la investigación del juez Madrid  son ciertamente dolorosas. Sin embargo, más allá de esto lo que hay que reconocer es que el trabajo de los servicios de inteligencia de la dictadura contó con la participación  de distintos actores y fuentes de información, y que en el afán de lograr sus objetivos criminales la dictadura movilizó todos los recursos institucionales disponibles. Creo que con las evidencias que se han logrado reunir, la conclusión que se impone es que la trama que rodea este crimen como otros actos de violación a los derechos humanos de la época, se extiende desde los órganos de seguridad de la dictadura hasta los propios partidos que fueron objeto de la represión.

También está el caso de Luis Becerra. chofer de confianza ¿Se pudo constatar en qué momento éste se convierte en informante de la DINA?

El vínculo del chofer Becerra con la Marina empieza cuando mi padre era Presidente a través de Néstor Riveros, un funcionario de la armada que también era parte de las personas que tenían acceso a nuestra casa. Ese vínculo de Becerra con la armada se mantiene vigente y es bajo la dependencia del mando de dos agentes de la CNI, Héctor Lira y Raúl Lillo que éste trabaja como informante desde el mismo año 73.

¿Quiénes son los otros sentenciados y sus responsabilidades?

Además de Silva Garín, Raúl Lillo y Becerra que han sido acusados por el juez como autores del asesinato, como cómplice el juez ha acusado al doctor Pedro Valdivia Soto, y como encubridores, a los doctores Helman Rosenberg Gómez y Sergio Javier González Bombardiere, del Hospital Clínico de la Universidad Católica.

Un caso muy particular es el de Patricio Rojas Saavedra ex ministro de su padre y amigo, que aparece a la vista de los hechos como encubridor ¿Se puede comprobar algún vínculo de él con los servicios de seguridad?

Lo primero que deseo aclarar tratándose de Patricio Rojas es que él fue ministro de mi padre pero no su amigo. Efectivamente Rojas aparece mencionado en varios momentos de la investigación por su actuación en torno a la autopsia irregular que se le practicó a mi padre en el más absoluto sigilo y que estuvo oculta en la Universidad Católica por más de veinte años. Lo menos que podemos decir de Rojas es que tanto sus actuaciones como sus declaraciones dejan muchas interrogantes por aclarar. Creo que sobre él habrá que elucidar en su momento sus vínculos y sus actuaciones. Por ahora lo que importa es que su rotundo rechazo a la evidencia, de que estamos en presencia de una trama para asesinar a un ex Presidente de la República, ha quedado desmentido por la investigación del juez. Sobre Rojas lo que se puede decir es que en su actuación en torno al caso de mi padre, hay más sombras que luces.

¿El Hospital Clínico de la Universidad Católica, ha reconocido alguna vez su responsabilidad en el encubrimiento del asesinato de su padre?

Hasta hoy la UC no ha hecho ningún reconocimiento público de los hechos y, por el contrario, ha prestado apoyo a los doctores del Hospital Clínico involucrados como encubridores, y se ha empeñado en una campaña para desprestigiar la investigación del juez Madrid. Llama mucho la atención que tratándose de un hecho tan grave como el magnicidio de un ex Presidente, donde hay pruebas irrefutables de la participación de personal médico de la UC en un acto irregular y realizado en el más absoluto sigilo, la universidad no haya considerado jamás la posibilidad de realizar un sumario interno para despejar cualquier duda acerca del vínculo que pudiera existir entre el asesinato del ex Presidente y la institución. La pregunta obvia es ¿si los médicos de la UC que participaron en la realización de una autopsia violando los reglamentos médicos y legales elementales, actuaron en calidad de miembros de la institución a la que pertenecían o en calidad de profesionales que en el ejercicio liberal de la actividad decidieron participar a instancias de terceros? Otra pregunta también básica es cómo se explica que el documento de autopsia haya permanecido oculto en la UC por más de 20 años. Por último, tampoco la UC ha querido informar qué ocurrió con los órganos que le extrajeron al cuerpo del ex Presidente en esta autopsia irregular. En relación a todos estos temas, la UC no se ha pronunciado y sería interesante saber por qué se ha mantenido en silencio.

Usted y su familia emprendieron una lucha solitaria por saber la verdad, de hecho la dirigencia de la DC nunca quiso investigar más allá ¿A qué atribuye esa actitud? ¿Qué le decían dirigentes importantes como Patricio Aylwin, Andrés Zaldívar, Belisario Velasco, etc.? Incluso Edgardo Böeninger dijo en sus memorias que usted se había puesto “amargada” y Patricio Rojas fue ministro de defensa del presidente Aylwin.

El epílogo de mi libro lleva por título “Ustedes se olvidaron de él…” Ese olvido al que hago mención tiene dos aspectos. Por un lado, se refiere a los valores y principios que lo inspiraron a él y a muchos de su generación a abrazar la actividad política y el servicio público para hacer más digna la vida de todos. Esa ausencia de valores y principios ha terminado por sumergir la política en una de sus peores crisis. Por otro lado y como consecuencia de lo anterior, en todos estos años de investigación para esclarecer su asesinato, pocos se atrevieron a asumir la gravedad de lo ocurrido. Incluso hoy, después de la resolución de cierre del caso del juez Madrid que deja claramente establecido que mi padre fue asesinado, muchos son los que miran con escepticismo e indiferencia esta dolorosa certeza judicial. Creo que al mundo político le ha faltado coraje para mirar de frente lo ocurrido. El caso de mi padre como el de muchos casos de derechos humanos ha sido asumido como un drama de tono menor porque siempre es más urgente el presente que el pasado. Esa resistencia a remover el pasado y a revisar lo que fue históricamente el comportamiento de los actores políticos en el período de la dictadura, ha generado en más de alguno esa conducta de darle la espalda a hechos tan graves como el magnicidio de un ex Presidente. La tentación de cierre en materia de derechos humanos que estuvo muy presente en los gobiernos de la transición, de dar vuelta la página, fue en el caso de mi padre evidente y muchas veces tuvimos que enfrentar esa oposición para hacer avanzar la investigación del juez.

El ejército ha evadido su responsabilidad en el crimen, cuya ejecución ya nadie duda que fue ordenada por Pinochet. ¿Alguna vez dieron los comandantes en jefe respuesta a sus peticiones de información? Juan Emilio Cheyre, por ejemplo, el general del “nunca más”?

La verdad comprobada una y mil veces en tribunales y en la institucionalidad política es que el ejército y los militares no solo han evadido su responsabilidad sino que han mentido siempre cuando han tenido que declarar ante los jueces como en las instancias donde se han relacionado con las autoridades políticas. El General Cheyre como todos los comandantes en jefe del ejército, cada vez que han sido requeridos para entregar información se han limitado siempre a repetir el mismo guión: no hay información. Por desgracia, como parte del mismo guión, el ministro de defensa de turno siempre avala los dichos de los militares. Creo que en esto ha sido tan grave la mentira de los Comandantes en Jefe como el empeño de las autoridades civiles de darles protección a las FFAA.

El ex comandante en jefe del ejército Óscar Izurieta ha dicho, sobre las violaciones de los derechos humanos que “es un mito que el Ejército tenga información y no quiera entregarla”, negando todo pacto de silencio, ¿Qué opinión le merece?

Me pregunto, alguien puede creer que en instituciones jerarquizadas, con organismos de seguridad todos dependientes del mando de las FFAA, que movilizaron recursos y utilizaron dependencias de todas las ramas de la defensa nacional para actuar,  movilizar contingente, tomar prisioneros, torturar y asesinar, no hayan quedado los registros institucionales.

La situación de impunidad penal que se quiere instalar cuando se avalan las declaraciones de que no hay información,  resulta contradicha por jueces de la República, abogados de derechos humanos y familiares de las víctimas que saben más que los comandantes en jefe de lo que ocurrió en sus instituciones. Todos los que salen a defender la tesis de que no hay información, comandantes en jefe y responsables políticos, debieran reparar en este absurdo y evitar dar la impresión que nuestros mandos militares son incompetentes y nuestras instituciones de la defensa poco confiables.

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