Tras más de dos meses de juicio oral, la mañana de este miércoles el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó su veredicto en el llamado caso Luchsinger Mackay, juicio llevado a cabo tras la muerte del matrimonio de latifundistas ocurrida el 4 de enero de 2013.

La Justicia absolvió finalmente a los acusados José Tralcal Coche, Juan Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel, Luis Tralcal Quidel, José Córdoba Tránsito, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Sergio Catrilaf Marilef, Sabino Catrilef Quidel y la machi Francisca Linconao Huircapán.

El tribunal argumentó que “la prueba aportada por los acusadores resultó insuficiente para demostrar el carácter terrorista del ilícito (…) toda vez que no fue posible acreditar (…) la existencia de un plan elaborado y coordinado destinado a compeler a agricultores de la región a hacer abandono de sus predios, transmitiendo el mensaje de ser víctimas de hechos de similar naturaleza”.

Por otra parte, el veredicto estableció que tampoco se acreditó la intención de los autores de los hechos “de causar temor en la población o una parte de ella con el objeto de doblegar sus voluntades”.

Lo más importante fue el pronunciamiento respecto de los 11 inculpados, donde el tribunal señaló que “la prueba de cargo resultó insuficiente para formar convicción en estos jueces respecto de la participación que correspondió a los acusados en los hechos”.

El magistrado se refirió también a la cuestionada declaración de José Peralino, uno de los acusados, planteando que “la única fuente de información de la que derivan todas las demás pruebas de imputación, respecto de la participación de los acusados, está constituída por las dos declaraciones de José Peralino Huinca (…) Sin embargo, la declaración de fecha 8 de noviembre de 2013, a juicio de estos sentenciadores, adolece de vicios de ilegalidad e impiden otorgarle validez probatoria”.

Críticas a la fiscalía

La resolución del tribunal motiva nuevamente críticas hacia la Fiscalía y las policías, cuyo trabajo ha estado en permanente cuestionamiento debido a acusaciones de montaje, principalmente por las pruebas presentadas por los acusadores y la forma en que éstas habrían sido conseguidas. En ese sentido, en conversación con El Ciudadano Ingrid Conejeros, vocera de la machi Francisca Linconao, había sostenido que “lo que hemos visto dentro del desarrollo del juicio es que se ha podido establecer la gran debilidad de la acusación de los fiscales, la falta de pruebas contundentes y que en ningún caso se ha podido establecer una relación directa de ellos con lo que se les imputa”.

En ese contexto, a días de que se dictara la sentencia, el medio de comunicación Araucanía Online difundió un video en donde se mostraba el primer allanamiento efectuado por Carabineros al hogar de la machi Linconao, tras el ataque incendiario al Fundo Granja Lumahue (Vilcún), que terminó con la vida de los Luchsinger Mackay. El actuar de la policía uniformada que aparece en el registro fue duramente cuestionado, al punto de hablar de la caída de un montaje. 

Foto: Fernando Lavoz

Conejeros detalló que “en un minuto del video, se observan policías de Carabineros de Chile de civil y uno de ellos hace ingreso a la ruca de la machi Francisca Linconao y afuera de la ruca queda otro en resguardo, cerrándole la puerta y manteniéndolo dentro, sin que se vea su proceder o su acción”.

El veredicto del caso Luchsinger-Mackay trae a la memoria otras importantes resoluciones de la Justicia en el marco del conflicto Estado-Mapuche, como la dictada el 5 de agosto de 2016, cuando el reportero independiente Felipe Durán y del comunero mapuche Cristián Levinao, acusados de porte de armas y explosivos, fueron finalmente absueltos, tras cuatro días de juicio y luego de tener que pasar más de 300 días en prisión preventiva.

La duración de la privación de libertad en el marco de los juicios seguidos por ley antiterrorista ha sido también objeto de críticas, las que han venido desde distintos sectores involucrados en la aplicación de la justicia, como por ejemplo el propio presidente de la Corte Suprema. En el contexto de la llamada “Operación Huracán”, Hugo Dolmestch señaló que “con el nuevo sistema, el proceso se transformó en bastante más garantista, con el principio de inocencia”, planteando en ese sentido que “las sentencias deberían salir más rápido, para que no durara tanto la prisión preventiva”. Junto con ello, sostuvo: “no debería pasar de los seis meses”.

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