El jueves 7 de septiembre se cumplieron 93 días desde que un grupo de comuneros mapuche comenzaran una huelga de hambre, en protesta por las acusaciones realizadas en su contra bajo la Ley Antiterrorista, que los mantiene en prisión preventiva hace más de un año acusados de la quema del templo “La Iglesia del Señor”, ubicado en el camino a Niágara, en la comuna de Padre Las Casas, región de La Araucanía.

Los comuneros difundieron un comunicado en el que volvieron a asumir “dignamente” su acción, cuyo fin es “visibilizar y reiterar que el uso de la prisión preventiva, sin prueba ni fundamento alguno, bajo la Ley Antiterrorista, es una condena política anticipada que persigue y encarcela a nuestro pueblo”.

“El día viernes 25 de agosto, el Ministerio Público solicitó una pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo más las costas legales, para nuestro caso, bajo la sindicación de autores del incendio con carácter de terrorista”, señalaron los comuneros, agregando que “nos parece de una imprudencia total que el Fiscal Luis Torres realice comunicaciones a la prensa, adjudicando hechos y culpabilidades como verdad irrefutable contra nosotros, que no son ciertas ni han sido probadas, haciendo atentado total contra nuestra presunción de inocencia”.

“Apelamos a la objetividad de la Intendencia, solicitándole que baje la querella por Ley Antiterrorista. Pero desde la misma Intendenta se ha vociferado una ignorancia total respecto al caso, y además, se han negado a la recepción de las mujeres, tanto a nuestra madre, hermana y sobrina (por parte de los hermanos Trangol Galindo), como a la esposa e hija del lonko Alfredo Tralcal”, añadieron, criticando de paso al gobierno: “Hace más de un mes, la Sra. Michelle Bachelet pidió perdón al Pueblo Mapuche por los errores y horrores del Estado, ¿es esta una forma de pedir perdón?, no esperar a que la justicia forme convicción y solicitar inmediatamente un trato de terrorista por ser mapuche”, apuntaron los detenidos en su declaración, en la que volvieron a reafirmar su inocencia.

“No tenemos relación con el delito que se nos imputa y este caso no es más que otra arremetida de la Fiscalía anti-mapuche, que sin respeto avasalla contra nuestra vida y libertad. También, llamamos al Ministerio Público a recapacitar el carácter de sus acusaciones y las diligencias que solicita, y a hacer caso a nuestras demandas, que son principalmente un juicio justo, aquel que se le da a cualquier ciudadano chileno, pero que por ser mapuche se nos niega. Igualmente, reiteramos a la Intendencia deponer cualquier acción en nuestra contra, para que no sean cómplices de un nuevo montaje judicial contra el pueblo mapuche”.

Firman la declaración Alfredo Tralcal Coche y Benito, Ariel y Pablo Trangol Galindo.

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