Fachada de la Facultad de Salud y Odontología de la Universidad Diego Portales. Foto: El Ciudadano

“Estábamos en el quinto piso. El ascensor bajó hasta el cuarto sin problemas. Ahí se quedó pegado, las puertas no abrieron, se apagó el panel y salió una grabación en la que se decía que estaba fuera de servicio”. Así comienza el relato entregado a El Ciudadano por Carol Cañas Errázuriz, quien durante las últimas horas realizó una denuncia a través de Facebook en la que contaba la pésima experiencia que sufrió al interior de un ascensor en la Facultad de Salud y Odontología de la Universidad Diego Portales (UDP), lugar en el que estudiaba desde 2015.

La acusación fecha el hecho el 11 de abril de 2017, hace cinco meses, minutos antes de las 14 horas. Carol subió a uno de los ascensores de esa escuela acompañada de otra persona, y de un minuto a otro, la situación se volvió atípica.

“El ascensor empezó a bajar más rápido de lo normal. En ningún momento paró; de hecho, iba agarrando más velocidad. En los últimos pisos estaba a full. Y chocamos abajo. Sentimos el ruido metálico”, dice.

Acorde a su testimonio, al comienzo no recibieron ningún tipo de ayuda; las alarmas de emergencia tampoco habrían funcionado. Cañas, además, afirma que ella y la acompañante quedaron sumamente adoloridas luego del golpe.

“Nos sentamos en el suelo. Las piernas nos dolían mucho. El ascensor comenzó a subir y a bajar, ahora a una velocidad normal. No paraba en ningún momento, y el tablero que anuncia el piso no funcionaba. Agarré señal en el celular y me contacté con un compañero. Él fue el que buscó a los guardias y estuvo comunicado conmigo en todo momento. De repente escuchamos las voces de los guardias y golpeamos las puertas para hacer ruido. Nos sacaron en el sexto piso”, agrega.

Carol Cañas Errázuriz

Las horas después

Carol Cañas continúa con el relato. Asegura que a esa hora tenía justo una clase, pero apenas salió del ascensor se dirigió, luego de la instrucción de una profesora, hasta el despacho de una coordinadora administrativa del edificio. “Su oficina estaba en el primer piso. Esta tipa me escuchó y me dijo que, pese a tener convenio con Help, no se justificaba el uso de la ambulancia. Dijo que no me veía ni huesos rotos ni sangre, así que daba lo mismo”, declara.

Esta forma de abordar el problema por parte de la funcionaria indignó a la ex estudiante de la UDP. Según ella, le dijeron que debía caminar hasta la oficina de la paramédico de la universidad, ubicada a pocas cuadras de esa misma instalación. Alegó que no podía hacerlo, y si bien el asistente terminó por atenderla en la Facultad de Salud y Odontología, Carol tuvo que ir hasta ese edificio por otro asunto.

“No querían responsabilizarse por el accidente. La paramédico recomendó que ocupáramos el convenio de la universidad. Dijo que necesitaba que fuéramos a firmar unos papeles. Al final igual nos hicieron caminar las dos cuadras hacia la oficina de la paramédico”, declara.

Tras varias horas terminaron en la Clínica Dávila y Carol fue diagnosticada con contusiones menores. Sin embargo, lo peor estaba por venir.

“La universidad puso un médico que ni siquiera nos examinó. Dijo que estábamos bien y nos dio un par de medicamentos. Yo quise buscar una segunda opinión. Fui a un médico en Integramédica. Me examinó y dijo que efectivamente tenía un daño que al parecer no era solo en la columna; también en las caderas, y me mandó a hacer la resonancia. Ahí fue donde determinaron la fractura de Labrum y el problema en los dos fémures”, explica.

Las consecuencias no solo fueron en el plano físico; también influyeron en problemas psicológicos de la afectada. “Tuve problemas para ir a clases y entrar al edificio donde tuve el accidente. No puedo andar en ascensor. Empecé a ir a un psicólogo y me diagnosticó trastorno de adaptación; fobia a consecuencia de un estrés postraumático. El de la siquiatra fue estrés postraumático; ella me dejó con un calmante y un antidepresivo”, narra.

La respuesta de la universidad

Con el tiempo Cañas se acercó nuevamente a la universidad. Quería ver si podían costearle los tratamientos que ya había iniciado, y los que estaban por delante. “Me dijeron que iban a facilitar un sicólogo, y dijeron que aprovechara porque las seis primeras sesiones eran gratis. Después tenía que seguirlas pagando”, expresa.

Entrada a la Facultad de Salud y Odontología de la UDP. Foto: El Ciudadano

En junio, y tras largas insistencias, relata que se reunió con otra funcionaria de la institución para explicarle los dramas posteriores al accidente, en el que se incluía hasta la posibilidad de entrar a pabellón por las lesiones.

“Cuando (la funcionaria) vio el diagnóstico de mi sicólogo, ella dijo que quizás yo estaba mal mentalmente desde antes, como si estuviéramos aprovechando esto para que nos pagaran un psicólogo. Dijo que tenían cómo comprobar que yo tenía problemas clínicos de antes”, acusa Cañas.

En la actualidad, Carol Cañas y su abogado están ad portas de iniciar una acción legal en contra de la Universidad Diego Portales. Aunque cuenta que trataron de acercarse al establecimiento para lograr un acuerdo extrajudicial, apunta que en la casa de estudios “no estaban dispuestos a cubrir el requerimiento, es decir, que se hicieran cargo de los gastos en su totalidad; ni siquiera daño moral o alguna indemnización, nada”.

Cañas relata que su percance continúa hasta el día de hoy, cuando ya congeló la carrera de Tecnología Médica en la UDP y dejó su trabajo. “A mí me tienen que estar evaluando dos años después del accidente, para evaluar la posibilidad de ponerme prótesis en ambos fémures, y esas prótesis se tienen que renovar cada 10 años”, finaliza.

Habla la UDP

En conversación con El Ciudadano, Ximena Palma, secretaria general de la Universidad Diego Portales, confirma que “los hechos se produjeron en el mes de abril”. Asimismo, añade que “la universidad ha estado al tanto de ello desde el momento en que ocurrieron; eso es efectivo, los incidentes en el ascensor se produjeron”.

Luego del accidente, Palma dice que “se aplicó el protocolo como está considerado en casos de accidentes de estudiantes y funcionarios. No hubo ninguna excepción. Luego Carol se contactó con la directora de Bienestar Estudiantil, viendo ella el tema relativo a las prestaciones médicas que estaba teniendo y se siguió el conducto regular del protocolo”.

La secretaria general informa además que “entre mayo y junio se atendió y tuvo reuniones con la directora jurídica y la directora de Bienestar”. “Se contactaron con sus abogados hasta hace muy poco y estamos en proceso de seguir conversando”, añade.

Esto último se contradice con lo informado a este medio por Cañas, respecto del fin del diálogo. “Estamos esperando conversar y ver la posibilidad de llegar a un acuerdo. Es bastante baja la tasa de accidentabilidad de la universidad; tampoco tenemos tasas de juicio en estos temas. No es política de la universidad cerrar las puertas, así que me parece extraño que manejen esa información (sobre el fin de las conversaciones). Confiamos que podemos llegar a un punto de acuerdo con la situación de Carol. La universidad espera llegar a un acuerdo”, asegura Ximena Palma.

Por último, acerca de esta supuesta afirmación que hubo por parte de una funcionaria de la institución hacia Carol sobre sus antecedentes psicológicos como razón para no costear un tratamiento, Palma declara que “desconozco ese episodio que me mencionas acerca de que ella habría tenido antecedentes previos. De hecho, se le pagaron las consultas psicológicas que ella presentó a la dirección de Bienestar”.

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