En la ciudad de Rancagua, ejerciendo labores de “seguridad informática” en la Brigada de Aviación del Ejército, se encuentra el ex agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Walter Sabino Mora Ortega, acusado ante la justicia castrense por funcionarios de la institución.

Mora tiene 60 años de edad y figura en la lista de 1.200 miembros del aparato represor de Pinochet que en febrero de 1990, por ley secreta, fueron traspasados a una planta de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

El empleado civil, comprobó El Ciudadano, lleva más de 20 años trabajando en la Región de O’Higgins. En 1991 fue destinado a la Comandancia General del Ejército de Rancagua; en 2000, fue incorporado al Regimiento de Infantería Nº 22 “Lautaro” y, poco tiempo después, a la BAVE, oficialmente para desempeñar tareas como dactilógrafo.

Hoy integra el Departamento de Inteligencia “Sección II” de la BAVE, a cargo de investigar asuntos propios de la seguridad militar. En dicha unidad, a comienzos de 2016, luego que un ex militar pusiera en duda su papel de interrogador en un proceso investigativo repleto de vicios, fue citado a declarar por la Fiscalía Militar de Rancagua, lugar en el cual reveló su identidad.

TRATOS DENIGRANTES

En diciembre del año pasado, el ex sargento segundo de iniciales H. Q. denunció presuntos delitos de omisión de denuncia y apremios ilegítimos en la BAVE, colocando luz al nombre de Walter Mora Ortega.

Fue así que este medio logró establecer su vinculación con la CNI, tras hallarlo en el listado de agentes civiles del organismo que el periodista Javier Rebolledo publicó en el epílogo de su libro “A la sombra de los cuervos” (Ceibo Ediciones, 2016), el cual registra violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura.

En su acusación, H. Q. contó que “la primera quincena de marzo de 2014 ocurrió un robo en la casa habitación del Pabellón de Solteros”, particularmente en el cuarto del cabo primero Ismael Murillo, mozo del comandante de la BAVE en esa época, general Sergio Retamal Rubio, quien “no permitió que Carabineros tomara el procedimiento de rigor”.

Todo fue manejado por personal de inteligencia, indicó el sargento en retiro, agregando que no era primera vez que eso ocurría. A él, en 2014, también se le había involucrado en la sustracción no autorizada de un computador del Pelotón de Telecomunicaciones, el que devolvió incluso antes de iniciada la pesquisa. El caso fue tomado por la Sección II, y pese a que ningún tribunal verificó la existencia de ilícitos, se le sancionó y expulsó del Ejército.

H. Q. piensa que todo fue un montaje, una represalia por advertir a superiores, en 2012, respecto a posibles irregularidades en procesos de compras que se realizaban al interior de la Brigada de Aviación, varias de ellas a empresas de un ex uniformado y con supuestos sobreprecios.

“Fui interrogado por este delito de robo (en el Pabellón de Solteros) por el señor Walter Mora… denuncié estos hechos al Comandante en Jefe del Ejército, y finalmente nadie resolvió nada con respecto a esta situación”, versa el testimonio que entregó el sargento en la causa rol 241-2016 de la Fiscalía Militar de Rancagua.

H. Q. agregó: “Quiero que se investigue por qué el general Retamal se tomó atribuciones al ordenar una investigación por un delito ocurrido en un lugar que no es una Unidad Militar, más aun no haber efectuado la denuncia a la Fiscalía Militar… tampoco ordenó un sumario administrativo al respecto“.

El Informe de Seguridad Militar de fecha 23 de marzo de 2014, elaborado a partir de interrogatorios efectuados por Mora y otros funcionarios del departamento II, planteó que la madrugada antes del hecho que afectó al mozo Murillo, un grupo integrado por H. Q. y el cabo segundo E. G. ingresó a una civil de sexo femenino al edificio tras compartir en discotecas.

Ese antecedente propio de la vida privada los convirtió inmediatamente en sospechosos, pero ninguna especie robada fue encontrada en su poder.

En ese contexto, la experiencia del cabo E. G. no fue la mejor. “Ese día fui el primero en entrar a la oficina de la sección segunda, fui entrevistado por el señor Walter y el suboficial Barrueto (José) y por esa situación informé a mi mando, porque me sentí denigrado… se burlaron de mi estado ya que me encontraba trasnochado”, evocó ante el fiscal militar, aclarando que no fue torturado físicamente, pero sí “tratado de manera vejatoria”.

El día del robo, según el informe de Mora y compañía, H. Q. abandonó las dependencias al mediodía. A las 14:30, Murillo entró al edificio encontrando la puerta de su pieza “sin indicios de haber sido forzada”. Estaba “todo desordenado”, faltaban tenidas de combate y una réplica de fusil para airsoft, entre otras pertenencias que en total sumaban un millón de pesos, declaró al fiscal.

Murillo también confirmó la observación de H. Q. sobre el extraño comportamiento del comandante de la BAVE, Sergio Retamal, quien literalmente “despachó” del lugar a un oficial de otra institución: “Carabineros no llevó a cabo ninguna pericia, ya que mi general dio la orden a través de la guardia, que me llamaron, diciéndome que esto quedaría sin efecto y se investigaría internamente”.

Las diligencias fueron puestas en manos de Carabineros solo 13 días después, y no por voluntad del general Retamal sino del mozo, quien personalmente fue a la comisaría a presentar una denuncia.

“No se pudo identificar al tercero que ingresó, tampoco al autor del robo”, declararía sobre el irregular procedimiento el coronel Julian Alonso Claro, jefe del ex CNI Walter Mora en la Sección II.

TRANSPARENCIA

El Ciudadano revisó el proceso en el Segundo Juzgado Militar de Santiago y descubrió que la fiscal militar subrogante de Rancagua, Paola Jofré Valdivia, cerró el expediente sin culpables, y sin tomar declaración al general Sergio Retamal Rubio, hoy en situación de retiro.

Consultamos por Ley de Transparencia al Ejército sobre el reclamo efectuado por el cabo E. G., quien directamente involucró al ex CNI Walter Mora en tratos denigrantes. Pero extrañamente señalaron que “no existe información relativa a reclamos o denuncias efectuadas por conducto regular, por supuestos delitos o arbitrariedades cometidas por personal de la oficina de seguridad”.

El certificado de búsqueda viene firmado con fecha 15 de marzo de 2017 por el coronel Eduardo Larroulet Valdivia, jefe del Departamento de Contraloría Interna de la Brigada de Aviación de Rancagua.

Otras respuestas negativas salieron también de la máxima cabeza de la institución, el general Humberto Oviedo Arriagada. Como primera autoridad del servicio, en abril de este año, Oviedo fue interpelado por el Consejo para la Transparencia para explicar los motivos por los cuales impedía revelar públicamente las funciones del ex CNI Walter Mora dentro de la BAVE.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército, general de División Ricardo Martínez Menanteu, afirmó al CPLT que eran “tareas que no es legalmente posible detallar por constituir información estratégica para la defensa nacional” y que si “por cualquier motivo se empezara a develar las funciones específicas que el personal cumple, quedarían expuestos y vulnerables a intereses y presiones que puedan afectar a la defensa nacional, al Ejército y por cierto a su entorno“.

En su decisión de Amparo C1376-17, que finalmente acogió la postura de El Ciudadano, el Consejo rechazó el argumento del Ejército, señalando que éste no acreditó “de manera concreta y específica el daño que provocaría la entrega de la información requerida, sino que se sustenta en meras apreciaciones subjetivas y eventuales” sobre alguna afectación al ex agente de la CNI.

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