Trabajaba en el Departamento de Prensa de Radio Chilena, cuando el día lunes 4 de diciembre de 1978, mientras preparaba mi grabadora para dirigirme a reportear a los Tribunales de Justicia, Guillermo Hormazábal, director de Prensa, me comunica que mi pauta noticiosa incluye entrevistar al presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez Montero. El propósito era preguntarle acerca de una solicitud de investigar presentada a dicho tribunal, – según dijo – por una comisión de “Hombres Buenos”, tras comprobar la existencia de una pila de cuerpos sin vida al interior de unos hornos de una mina abandonada de Lonquén.

Radio Chilena, reconocida como “La voz de los sin voz”; de propiedad de la congregación Salesiana y Arzobispado de Santiago, siguiendo las directrices del cardenal Raúl Silva Henríquez y su ardua tarea humanitaria en defensa de los perseguidos y promoción de los derechos humanos, condenaba la represión de la dictadura militar y no se sometía a la censura. Sus servicios informativos difundían lo que la mayoría de los medios de comunicación callaban.

Por las banderas de la verdad

Al llegar esa tarde a los Tribunales, me encontré con los periodistas, Miguel Yunisic y Víctor Hugo Albornoz, de los diarios “El Mercurio” y “La Tercera de la Hora”. Ambos estaban sentados en uno de los escaños del pasillo principal del palacio como lo hacían siempre. Era su cocinería periodística judicial que lograba convertir en grandes titulares de portadas y de la crónica roja las sentencias condenatorias destinadas a los autores de espeluznantes crímenes pasionales, y los casos de excarcelaciones de narcotraficantes y estafadores de cuello y corbata.

Estos temas no eran de interés para la radio, pero me reunía con ellos porque dicha repartición no disponía de una sala de Prensa, ni encargado de Relaciones Públicas y por ello enfrentábamos muchas dificultades para acceder a una información. La más a mano era una pizarra que publicaba la tabla de vistas que serían abordadas en cada una de las respectivas salas de la corte Suprema y de Apelaciones. Si no entrábamos a escuchar los alegatos de los abogados había que esperarlos largas y eternas horas o leer fallos y recursos escritos en unos enormes libracos y gruesos expedientes, cuyas hojas los oficiales cosían unas a otras, pasando una aguja con un cordel de cáñamo.

Pese a las diferencias de líneas editoriales y de propiedad de nuestros respectivos medios de comunicación, según los temas, a veces reporteábamos juntos y nos apoyábamos mutuamente. Según esta lógica, los invité a solicitar una audiencia al presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez. No quisieron acompañarme, señalando que a nivel de pasillo, los rumores circulando indicaban se trataba de osamentas de antigua data. Nadie quería decir nada.

Tampoco nada pude explicar. Y es que no portaba fotocopias de la denuncia, solo sabía lo que me había dicho mi jefe: el escrito firmado por el obispo Enrique Alvear, el vicario Episcopal de la Solidaridad, Cristián Precht y los abogados Máximo Pacheco y Alejandro González, pedía iniciar a una investigación.

– ¡Sígame por aquí!, me dice el secretario del presidente del tribunal supremo, guiándome hacia el despacho del magistrado. Recuerdo que su apellido era Peña y que los periodistas más antiguos le llamaban “Peñita”, reconociendo su buen trato y amabilidad para con ellos durante la solemne ceremonia que daba el vamos al Año Judicial y en la que hasta los días de hoy la más alta autoridad de la judicatura rinde cuentas del quehacer de la justicia y da a conocer los lineamientos a seguir.

Al llegar al despacho, el magistrado me esperaba sentado a la mesa de su escritorio. Sin saludarme, deteniendo su mirada en mis viejos blue-jeans y blusa tipo túnica hindú, me indica con un leve gesto un tanto despectivo dónde sentarme y luego anticipándose a mis preguntas, medio paternalista y bonachón, me advierte que no tiene información acerca del cometido de la audiencia.

De inmediato respondo que no se busca conocer su opinión sino saber el curso que se le ha dado a la denuncia de la existencia de cuerpos sin vida en unos hornos presentada por una comisión de “Hombres Buenos”. También le digo que tenía antecedentes de que dicho escrito mencionaba en calidad de testigos a los directores de las revistas “Qué Pasa” y “Hoy”.

Aún no terminaba la frase – visiblemente molesto – se levanta de su sillón e irguiéndose sobre su sólida contextura de casi dos metros de alto, tozudamente vuelve a señalar que no tenía nada que decir y me aconseja ir a preguntarle al cardenal Silva Henríquez y a sus curitas rojos, pretendiendo convencerme que ellos tenían mayores antecedentes, además de mencionar que eran los dueños de la radioemisora donde trabajaba. Quizás pensaba, no lo sabía.

El magistrado que había asumido la presidencia de la Corte Suprema en mayo de 1978, no se ajustaba a formalismos ni protocolos. Era más bien un hombre de carácter rudo, explosivo. No accedía a entrevistas y de hecho, sabíamos que para evitar el asedio de la prensa, entraba y salía de su oficina a través de un ascensor privado y pasadizos de tránsito exclusivo que lo conducían hacia la zona de los estacionamientos. Un par de años después, atentaron contra su vida en dos oportunidades, quedando levemente herido.

Para que esta verdad no muera

Sentada a la mesa de su escritorio frente a él, asumiendo, seguiría negándose a responder, me atrevo a encauzar la pregunta hacia la aceptación o denegatoria de investigar. Estaba muy nerviosa, casi tiritando. Era joven, no tenía mucha experiencia en las trincheras periodísticas, llevaba apenas dos años de ejercicio profesional y la misma suma de años radicada en la capital, procedente de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta.

Sin saber que más preguntar, de repente vino a mi mente el recuerdo de las sesiones de los alegatos en las salas de las cortes, específicamente aquellos momentos cuando los abogados se dirigían a los ministros, tratándoles de Usía, Su excelencia, Sus señorías, Vuestras señorías. Este lenguaje leguleyo – a estas alturas – me resultaba un tanto familiar y entonces, a modo de última instancia, antes de bajar mis banderas y caer rendida frente a los innumerables intentos realizados, le hablo como si fuera un abogado o al menos como yo creía que era. Y digo algo más o menos así:

– “Su Señoría, a nivel eclesial, ni el cardenal como máxima autoridad, ni sacerdotes, ni curas, ni párrocos, ni la iglesia toda, y a nivel judicial, ni el presidente de la Corte de Apelaciones, ni magistrados, ni ministros de corte, ni relatores, ni oficiales de salas. Nadie. Todos. Ninguno de ellos, excepto usted, sólo usted, en su condición de presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile, puede responder a esta única pregunta: ¿El tribunal acogió o denegó la solicitud de investigar el hallazgo masivo de restos humanos en una mina de Lonquén?”.

Un silencio sepulcral invadía la oficina. Tal vez, él tenía temor o una orden del ejecutivo. Estábamos frente al hallazgo del primer cementerio clandestino, que por un lado develaba indesmentiblemente la mano asesina del régimen militar y por otro confirmaba lo que ya muchos sospechaban: los detenidos desaparecidos estaban muertos. Las autoridades militares y civiles hasta entonces los negaban, decían era una farsa, un montaje introducido al país por operadores del marxismo internacional. En 1975, el embajador Sergio Díez, delegado de Chile ante Naciones Unidas, había dicho que algunas personas que se reclamaban como detenidos desaparecidos no tenían identidad legal o sea no existían. Otras explicaciones mencionaban que algunos de ellos habían pasado a la clandestinidad y a sus esposas respondían, despiádadamente, que habían abandonado sanos y salvos el país con otros nombres y con otras mujeres.

¿El tribunal acogió o denegó investigar la denuncia del hallazgo?, insisto nuevamente.

Regresando lentamente a su escritorio, el magistrado por fin admite responderá mis preguntas, pero establece la condición de apagar mi grabadora y reservar la fuente de información bajo secreto periodístico. Obviamente apruebo de inmediato su solicitud, y acto seguido, procede a decir lo siguiente:

– “Los ministros de la Excelentísima Corte Suprema, reunidos en pleno extraordinario, decidieron a la fecha del 1° de diciembre del año en curso, remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen de Talagante, a la jueza subrogante, doña Juana Godoy, para que instruya el sumario”.

A continuación, dando por cerrada la audiencia, junto con mostrarme la puerta de salida, mientras ordeno mi bolso y mi grabadora, me amenaza de que si no respeto lo acordado me meterá de un ala a la cárcel.

Venciendo los cercos de la censura

 

Abrazando mi grabadora hacia mi pecho, salgo rápidamente de allí a la escalera de mármol rosa que conduce a la nave central del primer piso; la de los “Pasos Perdidos”, según le llaman, considerando conduce a todas las galerías, salas y oficinas al interior del palacio. Bajando aquellos majestuosos peldaños, me parecía que estaba siendo seguida por una pareja de guardias de seguridad, pensaba que traían órdenes de llevarme a los calabozos y que quedaría atrapada en las fauces de la injusticia; la misma que rechazaba a ojos cerrados los cientos y miles de recursos de amparo y de protección en tiempos en los cuales dar a conocer un secuestro o una detención resultaba algo así como un pasaporte a la vida; la misma que se negaba a inspeccionar los lugares secretos de prisión o tortura con sus secuelas de muerte y hacía gestos de hastío mientras los abogados batallaban incansablemente sus defensas.

Miguel Yunisic del diario “El Mercurio”, Víctor Hugo Albornoz de “La Tercera de la Hora” y el viejo René Escudero de la agencia de noticias United Press Internacional, UPI, me esperaban en el primer piso para saber los resultados de la audiencia. Por donde se le mirara, la noticia de esta masacre de magnitud era un gran golpe noticioso y si bien en aquellos años no tenía noción de estrategias comunicacionales, llanamente supuse que si la dábamos a conocer todos al mismo tiempo podríamos vencer a los cercos de la censura que se dejaba caer continuamente frente a la prensa opositora. Entonces, sin pensarlo dos veces, decidí contarles todo a los colegas, rompiendo en el acto lo acordado de un santiamén.

A esa fecha, Radio Chilena no había sido silenciada como lo fue un par de años después. Recuerdo que a las oficinas llegaban piquetes de Carabineros a requisar sin orden judicial cintas y casetes que contenían informaciones que daban cuenta de muertes de prisioneros ocurridas al interior de retenes y tenencias y que casi todos los días – al cierre del noticiario “Primera Plana”,- a las dos de la tarde, llamaban por teléfono al director de Prensa de la Dirección Nacional de Comunicaciones (DINACOS), presionándolo para que bajara el “tinte rojo de las noticias” y acallara “el circo de las viejas lloronas”, refiriéndose a los familiares de detenidos desaparecidos.

El viejo Escudero, con casi medio siglo de oficio, comentaba que estábamos en presencia de un notición gordo que le permitía dimensionar los alcances de la Ley de Amnistía, promulgada un par de meses antes. Al cabo de otras consideraciones, decidimos embargar el despacho hasta el día siguiente. Así fue como la primera noticia que informaba el hallazgo masivo de cuerpos sin vida en Lonquén salía publicada por primera vez el 5 de diciembre de 1978 en cuatro medios de comunicación: Diario El Mercurio, Diario La Tercera de la Hora, Agencia UPI y Radio Chilena.

Esa noche estaba aterrorizada, me parecía más oscura, de niebla nazi. No pude cerrar los ojos. A mi familia nada dije. Tampoco a mi pololo. Ahora que vuelvo la vista hacia atrás, pienso, debería haber tomado ciertas precauciones de seguridad. Al día siguiente, a primera hora fui al kiosko de diarios más cercano de mi casa, tranquilizándome un poco al constatar que los colegas habían respetado el acuerdo de no revelar la fuente de información.

Días después, la prensa oficialista abordaba el caso como si se tratara de una historia netamente policial. Hablaban de “presuntos”, decían que podría tratarse de caídos producto de enfrentamientos armados y no la vinculaban con el drama de los familiares de los detenidos desaparecidos ni con la Vicaría de la Solidaridad. Este tratamiento fue moderado a partir de las declaraciones del ministro en Visita, Adolfo Bañados, que afirmaba no se trataba de un caso policial común y corriente, que había citado a declarar a los familiares de los quince desaparecidos de Isla de Maipo y que siete carabineros, a cargo del capitán jefe de la Tenencia de Isla de Maipo, habían reconocido que los prisioneros perdieron la vida durante una balacera perpetrada por desconocidos que les dispararon durante una caminata en búsqueda de sus armamentos y que temerosos de venganzas y represalias los habían ocultado en los abandonados hornos.

Ni perdón, ni olvido

“Aprovechen de rezar porque los vamos a matar”,les decían al momento de apresarlos, golpeándoles, amarrándoles para luego dejarlos tendidos en el suelo de una camioneta de propiedad del dueño del fundo donde trabajaban como obreros agrícolas. El administrador los había denunciado de organizar reuniones clandestinas y que durante el gobierno del presidente Salvador Allende, algunos de ellos habían liderado tomas de predios y tareas de agitación política.

Muchos años después se supo que los mataron a golpes y que no todos fueron enterrados muertos.

También se supo que este hallazgo desplegó al interior del ejército una alerta que dio lugar a la puesta en marcha del operativo denominado “Retiro de Televisores”, que ordenaba desenterrar todos los cuerpos de prisioneros asesinados que permanecían ocultos para luego lanzarlos de helicópteros al mar abierto y lograr desaparecerlos para siempre.

En septiembre de 1979, luego que los primeros peritajes establecieron que los restos correspondían a los quince detenidos desaparecidos de Isla de Maipo, un juez acogió un recurso y ordenó su entrega a sus familiares para su sepultura. Familiares, vecinos, amigos, integrantes de las agrupaciones y movimiento por los derechos humanos organizaron un funeral masivo que saldría de la iglesia Recoleta Dominica. Yo estaba allí reporteando cuando entre rezos, alabanzas y cantos por la vida, observé a un grupo de sacerdotes y diáconos que hablándose al oído iban de un lado como si se estuviesen traspasándose un secreto.

Mis sospechas de que algo grave sucedía se dilucidaron al ver que uno de ellos se subió al púlpito para dar a conocer la decisión de suspender los funerales debido a nuevas diligencias judiciales. Los familiares estallaron en lágrimas, algunos con los brazos abiertos pedían clemencia hacia el cielo, otros gritaban ¿Hasta Cuándo?, ¿Hasta Cuándo?… otros se desmayaban.

Una iglesia, llena de bote a bote, la gente confundida empezó a correr hacia el sector de la puerta principal y al salir los Carabineros procedían a detenerlas. Por ello, las cerraron y del pódium llamaban a la calma, aconsejando abandonar el recinto de manera ordenada por una pequeña puerta lateral y regresar cuanto antes a los hogares.

Aquella tarde, me vine con mi grabadora al centro en una micro, y de un boliche de café, en medio del asombro y estupor de los presentes, despaché la información a la radio, vía teléfono con voz quebraba y lagrimas en los ojos. Después se supo que el funeral se había suspendido porque la policía civil robó a escondidas los cuerpos del Instituto Médico Legal. De allí, los sacaron envueltos en bolsas plásticas y los arrojaron a una fosa común del cementerio de Isla de Maipo como si nadie los hubiese reclamado.

Entre tanta crueldad suelta, muchas veces observé a las esposas y madres de las víctimas de Lonquén llorar con la fotos de sus seres queridos prendidas a sus ropas, incluso las vi azotar sus rostros contra las frías murallas de los Tribunales de Justicia. Los periodistas y fotógrafos cubríamos las conferencias de prensa de las agrupaciones de familiares en medio de llantos y lagrimas. Lloraban ellas y nosotros, también. Hubo días que no podía contenerme, a veces escribía las noticias llena de rabia. Estaba destrozada. En julio de 1980 murió víctima de la tortura, Eduardo Jara, estudiante de Periodismo que hacía su práctica profesional, ocupando todas las tardes mi máquina de escribir. Por esos días, también mantuvieron un día entero secuestrado al director de Prensa de la radio.

La memoria de un pasado presente

Las diligencias judiciales continuaron sobre la marcha. Los uniformados fueron acusados, amnistiados y posteriormente vueltos a procesar. 25 años después los restos fueron desenterrados de la fosa común y al comprobar fehacientemente eran ellos los volvieron nuevamente a la tierra, desde donde habían brotado, esta vez, con un funeral masivo, homenajes, actos de honor y una liturgia nuevamente celebrada en la Iglesia Recoleta, desde donde partió una interminable caravana fúnebre hasta Isla de Maipo.

Los hornos fueron convertidos en un lugar de peregrinaje, conmemoraciones y romerías por la vida, y aunque años más tarde los dinamitaran, hoy por hoy, en lo que eran los calabozos de la tenencia policial, último lugar que fueran vistos con vida, ahora se levanta un memorial al igual que el sector de la fosa del cementerio parroquial y el mausoleo de Isla de Maipo.

Con ocasión de los funerales de las quince víctimas: don Sergio Maureira (militante del partido MAPU y cuatro hijos, también simpatizantes de dicha colectividad política; don Enrique Astudillo y dos hijos; don Oscar Hernández y dos hermanos, y cuatro jóvenes, Viviana Díaz, presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, comentó que habían vencido todas las soledades y que el viento se encargaría de marcar siempre sus nombres en los valles y montañas.

Esta memoria que se propone quedar intacta busca entrar en la historia de aquellos que quedaron en el camino para que Nunca Más. Lonquén significa en mapudungun En lo Bajo. Víctor Jara, asesinado también por la dictadura militar, nació y creció en Lonquén, en Lo Bajo. En Lo Bajo, los abajistas de abajo allí están. Vicente Huidobro, no se equivocaba al sostener que la justicia chilena es condescendiente, blanda y sonriente para con los de arriba, y dura, cruel e inflexible para con los de abajo.

Sea este mi homenaje a la memoria de: Sergio Maureira Lillo (46 años), sus hijos, Rodolfo Antonio (22 años), Sergio Miguel (27 años), Segundo Armando (24 años) y José Manuel (26 años); Enrique Astudillo Álvarez (51 años), y sus hijos Omar (19 años) y Ramón (27 años); Oscar Hernández Flores, y sus hermanos Carlos (39 años ) y Nelson (32 años); Miguel Brant (22 años), Iván Ordóñez (17 años), José Herrera (17 años), y Manuel Navarro (20 años).

Myriam Carmen Pinto. Zurdos no Diestros. Historias humanas de humanos demasiados humanos.

Marzo de 2016. Fotografías. Archivo Fortín Mapocho; Revista Hoy; Archivo digital DIBAM; web Comité Memoria Mapu y fotografía que muestra a Carmen Johns y Myriam Carmen Pinto, participando en acto de homenaje a periodistas “por su compromiso con el ejercicio de la libertad de prensa, la democracia y los derechos humanos en tiempos de dictadura”. Universidad Central, 2013.

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