Nuevo petitorio exige a las autoridades aceptar las demandas por la salud y los derechos de los detenidos Ramón Llanquileo y Héctor Llaitul, quienes ya han perdido 13 y 16 kilos respectivamente. Ellos ya fueron víctimas de la Ley Antiterrorista que el Gobierno pretende aplicar nuevamente en el Walmapu.

Con la asistencia de la Comisión Ética contra la Tortura, la Pastoral Mapuche y diversos actores sociales y políticos, se entregó esta mañana un segundo petitorio reiterando el llamado a que Chile reconozca la legitimidad de las demandas basadas en el abuso y atropello que empobrecieron al pueblo Mapuche.

Luego cumplir este viernes más de 50 días en huelga de hambre el Observatorio Ciudadano publicó el estado medico de los detenidos, analizados por el doctor Juan Carlos Reinao Marilao, en el que se concluye para ambos comuneros diversos calambres en los miembros superiores e inferiores y una pérdida de masa muscular importante, a lo que se suman constantes dolores abdominales; Hector Llaitul perdió 16.800 gramos y Ramón Llanquileo 13.300 gramos.

Es dentro de este marco que el petitorio busca ayudar a los presos políticos mapuches, entendiendo que no son los únicos en estas condiciones, puesto hoy son 31 comuneros que están en huelga de hambre. Para muchos no es la primera vez, en especial para Llaitul y Llanquileo, aumentando de esta forma las consecuencias fatales que puede tener esta huelga de hambre.

El proceso judicial ha sido engorroso debido al doble procesamiento del que fueron objeto los comuneros. Sin embargo esto se ha ido aclarando según informó a El Ciudadano el abogado Pablo Ardouin, defensor público de Llaitul y Llanquileo, puesto que por parte del Tribunal Militar los procesados han sido absueltos entendiendo las pruebas como poco contundentes y descartando el testimonio de los testigos secretos que presentó el Ministerio. No obstante esto no sucedió con la Justicia Civil, validando dicho proceso y dejando de lado la supuesta imparcialidad que debe mantener el Tribunal frente a los imputados.

No obstante se intenta avanzar por medio de la defensoría legal que están recibiendo los presos políticos mapuches, para acceder a diversos permisos. Ramón Llanquileo de 31 años de edad, padre de dos hijos y con procedencia rural al interior de Angol, solicita las salidas de fines de semana para poder viajar y visitar a su familia, dado que el día no es suficiente para recorrer el largo camino hasta Puerto Choque.

En el caso de Hector Llaitul, asistente social de 45 años, se solicita el abono de sus condenas anteriores, por las cuales fue también absuelto, y esperando a su vez el permiso para asistir este 11 de enero al lanzamiento de su libro “Weichan, conversaciones con un weichafe en la prisión política” que escribió junto al académico, político y escritor Jorge Arrate. Este último también asistió a la entrega del petitorio esta mañana declarando sentirse partícipe de la causa mapuche.

“En general la capa política tiene una visión muy borrosa y estrecha sobre el tema mapuche; yo me incluyo en esa visión, creo que los que participamos en la política en las últimas generaciones somos presas de sentidos comunes  que están inculcados a través de la escuela, de la familia, a través de los medios de comunicación que impiden ver en su verdadera dimensión, en su verdadero significado la cuestión mapuche. Así que yo soy en ese sentido, un recién llegado desde que visité a Héctor Llaitul hace cuatro años a la cárcel de El Manzano y escribí con él un libro y aprendí mucho haciéndolo.”

Sobre las demandas que el pueblo Mapuche lleva haciendo hace años, Arrate lo concidiera como “dos cuestiones que son básicas, y que Chile, los wincas, el Gobierno y las instituciones tienen que considerar, ellos piden tierra y autonomía y eso hay que sentarse a discutirlo, hay que entender que esa es la demanda. Chile ha logrado resolver todos sus conflictos con los países vecinos y no ha sido capaz de resolver, si no a través de métodos guerreros, el conflicto mapuche; eso me parece insostenible, yo creo que hay que ponerle el cascabel al gato”.

De esta misma forma el sacerdote del Verbo Divino y de la Pastoral Mapuche, Luis Manuel Rodríguez Tupper, asistió para entregar la carta en La Moneda y en el ex Congreso. Para él este tema no se estaría llevando de buena forma aclarando que “El problema principal es que se está dando la impresión muy fuerte de que estamos aquí frente a un tema policial, que hay que hacer cumplir la ley, y ese no es el fondo del problema, sino que aquí hay un tema político, porque se trata de la posición del Estado chileno, frente a un pueblo reconocido como tal, que tiene representantes que están defendiendo sus derechos y que son incuestionables; no son derechos que estén inventando ellos, son derechos reconocidos por cualquier persona que estudie la historia con un poquito de objetividad.”

Para el padre Manuel, la huelga de hambre es un atentado contra la vida, sin embargo comprende que “es terrible que se llegue a un límite que para poder probar su punto y se tenga que arriesgar su vida, eso no tiene lógica ninguna, no es el camino por donde debemos caminar y yo creo que esa huelga tiene que terminarse con un tratamiento distinto, que el Gobierno chileno, todos los gobiernos de Chile, incluso los más antiguos, han cometido un error tras otro, al tratar a los mapuches como delincuentes por defender sus derechos, entonces vamos a tener que a lo mejor pagar el precio de dos vidas, que en el fondo están peleando por un causa noble, en la que creen lo mismo que los patriotas que defendieron nuestra independencia de los colonos españoles, para ellos eran delincuentes, fusilaron a varios, para nosotros fueron vidas que se perdieron por una causa noble, se consideran héroes y eso mismo va a pasar con los mapuches, que han estado en la posición que hoy están Llaitul y Llanquileo.”

Mientras, la Comisión Ética contra la Tortura ha dado un constante seguimiento al conflicto Mapuche, siendo una de la organizaciones partícipes de las denuncias ante el atropello que hoy sufre uno de los pueblos indígenas con mayor población en nuestro país. Junto con rechazar la aplicación de la Ley Antiterrorista, Manuel Andrade, miembro de la Comisión, pide que se reconozca la deuda que el Estado chileno mantiene con la justicia y que se reestablezca el respeto a los derechos humanos.

“El comunicado nuestro tiene validez en el sentido que queremos llamar la atención acerca de que aquí hay una problemática que es política,… tanto en la medida que el Estado chileno no aborde esta problemática desde la perspectiva meramente judicial o criminalizando las demandas sociales de las distintas comunidades mapuches, no se va a contribuir a un escenario de paz que es el escenario que creemos que debiera prevalecer.”

El comunicado ya fue entregado a las autoridades, y se encuentra publicado en www.contralatortura.cl

 El Ciudadano

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