De izquierda a derecha: Hugo Arispe, José Huenante y José Vergara

“Desde un principio me han discriminado por mi clase social, porque soy un obrero”, dijo Juan Vergara en entrevista con El Ciudadano respecto del actuar de la justicia y la policía en el caso de la desaparición de su hijo, José Vergara, un joven esquizofrénico sacado de su hogar por Carabineros de Alto Hospicio y del cual nunca más se supo. De eso ya han pasado dos años.

“Como somos pobres, no hay justicia para los pobres, eso es lo que yo siento en mi corazón”, afirmó Cecilia Huenante al programa Informe Especial de TVN, transcurridos 12 años desde la desaparición de su hijo, José Huenante, luego de un operativo de Carabineros en la población Mirasol de Puerto Montt.

Ellos pensaron que mi hermano era un ebrio y que nadie iba a reclamar. Incluso muchas veces a mí me echaron la aniñada que qué tanto molestaba”. Así describió Pablo Arispe a Radio Universidad de Chile la reacción de las instituciones ante sus intentos por saber qué fue de Hugo, su hermano que trabajaba como cuidador de autos en Arica y que fue detenido por Carabineros por un supuesto estado de ebriedad. Su rastro se perdió luego de ser trasladado al Centro Penitenciario de Acha. Desde el 14 de enero de 2001 no hay noticias sobre su paradero.

Los casos de José Vergara, José Huenante y Hugo Arispe constituyen las tres desapariciones del Chile post dictadura. En todas las historias participan funcionarios de Carabineros. En el caso de Arispe se suma además personal de Gendarmería. En las tres situaciones, el ausente y su familia no cuentan con recursos, redes o influencias. ¿Hay un sesgo en la justicia? ¿Por qué los medios no siguen estos casos como sí lo han hecho cuando se trata de desapariciones o extravíos que solo involucran a privados?

Justicia con sentido de clase

Para el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, “la justicia opera con el sentido de clase. Hay justicia para ricos y otra para pobres”. El jurista defensor en el Caso Bombas afirma que “cuando se trata del pueblo pobre, las desapariciones pasan inadvertidas, no así a la inversa, cuando se trata de alguno de los ricos y poderosos, ahí se ponen todos los dispositivos en alerta”.

Ana Piquer

Desde Amnistía Internacional han seguido de cerca el caso de José Huenante. La directora ejecutiva del organismo, Ana Piquer, señala que “el problema asociado al acceso a la justicia para las personas que tienen menores recursos es evidente”.

En el caso específico del adolescente puertomontino, Piquer subraya que pasó más de un mes entre que su madre hizo la denuncia por desaparición y el inicio de la investigación.

Inevitablemente, uno ve que hay un sesgo que tiene que ver con su origen socioeconómico, con sus contactos, con su capacidad de hacer público esto, de hacer una denuncia, con la información a la que pueden acceder para tener un mejor acceso a la justicia; y que en el caso de José, en particular, se agravó además por el asunto de que finalmente la investigación se traspasó a la justicia militar”, sostiene.

El abogado que representa a la familia Huenante, Sergio Millamán, conjetura que si la madre y tía de José “hubieran tenido los recursos para interponer querellas en forma directa y haber ejercido otro tipo de influencia, como se ha visto respecto de otras personas, la investigación hubiera tenido una tramitación mucho más rápida. Ellas reconocen que esto es así, una especie de discriminación respecto de su caso por su situación socioeconómica”.

Sergio Millamán

“No se ha visto la misma agilidad que se ve para otros casos, donde las víctimas tienen otros apellidos y otras redes. Sin duda, para nosotros es una discriminación de clase”, añade el abogado en conversación con este medio y aprovecha de introducir otro elemento de análisis: el origen mapuche del joven de 16 años.

“Sus apellidos son Huenante Huenante, nació en una población, él es de origen mapuche, como muchos jóvenes que viven en la periferia de Puerto Montt. Es una mezcla de cosas que, sin duda, se potencian”, explica.

Medios respaldando a Carabineros

En agosto del año 2015, un 57% de los chilenos manifestaba mucha o bastante confianza en Carabineros, según datos de la encuesta CEP. Luego del escandaloso fraude protagonizado por oficiales de la institución, esa percepción se desplomó a un 37%, para abril-mayo de este año.

El pasado 6 de septiembre, el noticiero central de TVN emitió un reportaje titulado “En las botas de Fuerzas Especiales: La otra cara de los desórdenes públicos”, en el que una periodista acude a la última marcha estudiantil para presenciar en primera fila la represión ejercida por los policías uniformados. Un blanqueo de imagen inaceptable de parte de la estación pública, considerando la percepción ciudadana reflejada en la encuesta CEP.

¿Por qué los medios no tratan con igual empatía los casos que podrían vincular a efectivos de Carabineros en la desaparición de tres personas en esta llamada democracia?

Rodrigo Román

Rodrigo Román piensa que “los medios de comunicación están al servicio de los ricos y poderosos, razón por la cual no les importa difundir la desaparición de gente del pueblo y menos cuando es a manos, presumiblemente, de agentes del Estado, porque eso efectivamente es contrariar su propia impunidad”.

Sergio Millamán cree que “si la familia de José (Huenante) hubiera tenido otros recursos y otras redes, sin duda, este tema hubiera tenido mayor atención. A casi 12 años de su desaparición este caso apareció en la televisión pública”. El abogado profundiza en esta idea planteando que “el clasismo no solo está en las instituciones encargadas de investigar estos hechos, sino que también de nuestra sociedad y de los medios de comunicación. Son ellos los que fijan la agenda y qué temas o personas son importantes para denunciar algún tipo de abuso”.

Respecto de esto, Ana Piquer explica que “siempre hay dificultad para investigar asuntos en que los sospechosos o presuntos responsables son personas de Carabineros o de las policías”. Sobre los obstáculos al interior del sistema judicial, la abogada precisa que “hay dificultades que vienen desde la fiscalía, en términos de que es la que tiene que liderar la investigación en contra de personas que son integrantes de Carabineros. Pero, por otra parte, las policías son organismos colaboradores de la fiscalía en otras investigaciones. Eso genera un conflicto, finalmente”.

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