Foto: villagrimaldi.cl

Citados por el Gobierno, el día martes 5 de septiembre se reunieron organizaciones de Derechos Humanos y Memoria, el ministro de Justicia, Jaime Campos, y las subsecretarías de Justicia y Derechos Humanos.

Carlos Maureira, vicepresidente de Memoria Lonquén y coordinador de la Red de Sitios de Memoria, y Alberto Rodríguez, de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, asistieron en representación de las organizaciones de DDHH. Éste último conversó con El Ciudadano para compartir los temas que estuvieron en tabla.

Rodríguez comenta que el Gobierno les planteó una preocupación: “vislumbran que en un tiempo relativamente corto -dada la flexibilidad que tiene nuestra ley a nivel nacional-, gran parte de los violadores de derechos humanos podrían quedar en libertad”. El problema es el vacío legislativo -explica- “producto de que no hay una especificidad en nuestra legislación respecto de crímenes de lesa humanidad, que distinga el crimen del delito común”. Este dominó comenzaría a caer pronto, el año 2022.

En tal sentido, Alberto remarca la necesidad de ser enfáticos: “Las organizaciones de derechos humanos y memoria hemos acusado que la actual legislación nacional es insuficiente”, declara. Y agrega que hay que mirar hacia afuera: “Hay que considerar las recomendaciones de organismos internacionales. Recordar, por ejemplo, el Estatuto de Roma, en que se establece que deben haber sanciones más altas a este tipo de crímenes”, señala. Estos elementos fueron parte del contrapunto que realizaron con el ministerio.

En este sentido, detalla Rodríguez, también se requiere de ciertos criterios “para otorgar beneficios carcelarios o de otra índole” a los funcionarios de la Dictadura que en este momento se encuentran privados de libertad. Por ejemplo, apunta, debe haber “colaboración efectiva y arrepentimiento real”. Pero remarca que “estos elementos no se han visto jamás”.

Necesidad de degradación

Desde Villa Grimaldi no perdieron oportunidad de exponer otros puntos que conducirían a tener “garantía de no repetición” de las atrocidades cometidas durante el período dictatorial, como la degradación de militares. “También hemos planteado la degradación de militares que se han levantado en armas contra su pueblo. Es la sociedad la que otorga a las fuerzas militares la facultad del uso de armas, para su defensa y no para su ataque”, argumentan en favor de la degradación.

Las pensiones son otro tema que preocupa a las organizaciones de derechos humanos, dado que -sostiene Alberto Rodríguez- “resulta absolutamente vergonzoso constatar que las pensiones de los violadores de DDHH multiplican en 10 veces las pensiones de los torturados”. En la impresión de las agrupaciones, ello invitaría a pensar que no hay garantía de no repetición.

Por su parte, el Ejecutivo planteó a las organizaciones de la Red de Sitios de Memoria “la disponibilidad para desarrollar en conjunto una ley específica de sitios de memoria que asegure y resguarde el patrimonio de la memoria del país”, según comenta Rodríguez. “Creemos que es un logro, porque es una deuda con el resguardo de la memoria”, concluye.

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