El Gobierno de Bolivia propone que los obreros se hagan cargo de empresas que están en quiebra y las conviertan en una compañía social con el objetivo de reactivar la producción y absorber la mano de obra. La propuesta está considerada en el proyecto de ley 218/17 de ley de creación de empresas sociales, documento que se remitió a la Asamblea Legislativa para su respectivo tratamiento.

En la exposición de motivos, el documento argumenta que la obligación del Estado boliviano es el resguardo de los derechos laborales de los trabajadores y generar oportunidades de empleo, así como impulsar el desarrollo del aparato productivo del país.

El objetivo de esta iniciativa es reactivar la producción, reorganizar y absorber la mano de obra, que incursione en el mismo mercado que la empresa que dio origen o similar, en defensa de sus fuentes de trabajo, según estipula el artículo 2. Así entonces, se define que una empresa social es la que está constituida por los trabajadores activos de una compañía privada cuando está en proceso de quiebra, concurso o liquidación, conforme a lo previsto en el Código de Comercio.

También procederá su constitución cuando los procesos de quiebra, concurso o liquidación hubiesen concluido, y cuando se cierre o se dé el abandono injustificado de una empresa privada. En todos los casos, sólo podrán constituirse en empresas sociales las que están vinculadas a actividades privadas, precisa el artículo 4 del proyecto de ley.

En el documento se subraya que en cualquiera de las tres modalidades, los trabajadores que acuerden de manera voluntaria constituir una empresa social deben presentar ante un juez la copia de la demanda que iniciaron. Y cuando los obreros aún estén activos en una compañía y decidan constituir una empresa social, deberán expresar su interés ante una autoridad pública competente que dé fe de la misma.

Tal como señala Página siete,  lo correspondiente para las empresas, en caso de cierre o abandono, el procedimiento especial señala que los obreros que tengan relación laboral vigente y éste les genere beneficios sociales, podrán solicitar ante un juez en materia laboral la intervención judicial.

 

Por último, cabe recordar que en 2013 el presidente del Estado, Evo Morales, sostuvo que el artículo 54 de la Constitución Política del Estado “faculta que los trabajadores (…) puedan , de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales”.

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