Las organizaciones campesinas e indígenas que protestan en al menos 20 de los 32 departamentos de Colombia desde el pasado 30 de octubre, se declararon este jueves en “asamblea permanente” tras haber alcanzado un conjunto de acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos. La denominada Minga por la Vida continuará organizada a nivel nacional para garantizar el cumplimiento de lo acordado.

“Seguiremos en lucha y resistencia”, declaró en rueda de prensa Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Los dirigentes de las organizaciones participantes aseguraron que no darán marcha atrás pese al acoso de la Policía Nacional y las amenazas de judicializar a los manifestantes. Hasta el momento fueron retenidas 20 personas y más de 40 heridas por la represión.

En tanto, la Mesa Permanente de Concertación Indígena consideró los acuerdos como insuficientes y denunció que el Gobierno ha sido cómplice de la violencia contra las comunidades indígenas en el país: “Ha permitido que la desidia y abandono sigan siendo la principal política pública que se nos aplica”, denunciaron mediante un comunicado.

Ambas partes -gobierno y campesinos e indígenas- establecieron un mecanismo de seguimiento y monitoreo de los acuerdos pactados, con participación de la ONU y la Iglesia Católica. En ese sentido, las comunidades indígenas insisten en sus denuncias sobre constantes y graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen varios asesinatos de dirigentes en distintas regiones del país.

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