Tras una nueva manifestación en la región de Valparaíso contra la termoeléctrica Los Rulos y la carretera eléctrica Cardones-Polpaico, las comunidades y organizaciones ambientales denuncian una serie de irregularidades en el proceso de evaluación, la omisión de la Consulta Indígena y presiones indebidas a la comunidad. Esto último, debido a que -según afirma Claudia Arcos, una de las voceras de la campaña Libres de Alta Tensión– la empresa “ha repartido dinero a casi toda la comunidad”.

La movilización de unas 5 mil personas en la ciudad de Villa Alemana el domingo 3 recién pasado se llevó a cabo de manera carnavalesca y alegre. “A pesar de que está aprobada la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el ánimo de las familias y los niños era maravilloso”, sostiene Arcos. Además, comenta que ya es la séptima marcha en la zona desde que se anunció el proyecto y es la segunda que se hace en las calles villalemaninas, y que quizás por esa razón es que -dice- la gente ya sabe que oponerse a esta termoeléctrica no solo es sinónimo de defender su propia vida, sino también la Reserva de la Biósfera La Campana–Peñuelas.

Son dos proyectos que se presentaron de forma separada. Por un lado, la Línea de Alta Tensión, a cargo de Interchile, y por otro, la termoeléctrica Los Rulos, impulsada por Ic Power. Ambas están unidas, pues el tendido eléctrico pasa justo por los terrenos de la generadora, “quedando claro que son proyectos que van de la mano”, sostiene la activista. “A pesar que tienen procesos judiciales y administrativos diferentes, es importante mencionar los dos proyectos porque la comunidad entera se opone a ambos”, agrega Arcos.

Cardones–Polpaico

Este proyecto contempla construir la carretera eléctrica más larga del mundo de unos 753 km de extensión. Es una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje que contempla, según su propia página web, un millón de dólares de inversión y cruzaría por las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Sin embargo, pese al avance que existe en las negociaciones en los pasos de servidumbre -sobre todo en las regiones de más al norte- aún quedan muchas comunidades que están haciendo resistencia. También hay antiguos dueños de servidumbres que han firmado el contrato con Interchile y los nuevos dueños entran en conflicto con la empresa.

Claudio Arcos

“Hay un montón de vicios”, sostiene Arcos. “Nosotros vimos in situ cómo destruyeron las curureras con una retroexcavadora (NdR: casas de los cururos, una especie de roedor endémico de la región de Coquimbo). Se hizo una denuncia en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y luego una a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA); tampoco respetan los hallazgos paleontológicos en la región de Atacama, ellos simplemente hacen, no les importan nada”, dice la vocera.

Arcos narra un episodio oscuro en que los comuneros de la Cuesta la Dormida de Olmué, que tienen las servidumbres del último tramo donde la empresa aún no puede levantar sus torres, frenaron una negociación fraudulenta de unos 120 millones de pesos. Según denuncian, el presidente de los comuneros habría negociado con los ejecutivos a solas para arrendar la servidumbre al proyecto, pero cuando la empresa intentó hacer valer el contrato, llegó el resto de los comuneros a frenar la entrega argumentando que el acuerdo no había sido en asamblea. Luego que los comuneros recuperaron su paso de servidumbre, su presidente ha negado el haber recibido el dinero, y al parecer la empresa no tiene cómo comprobar esta negociación.

Los rulos

Pese a que la termoeléctrica Los Rulos ha hecho una fuerte campaña para obtener la licencia social -repartiendo dinero a las juntas de vecinos, incluso “pagando mamografías y organizando los campeonatos de fútbol”, según denuncia Claudia Arcos-, el proyecto está enfrentando procesos administrativos que podrían retrasar su construcción e, incluso, iniciar todo un proceso judicial internacional en el marco del Convenio 169 de la OIT.

El 27 de diciembre el SEA de Valparaíso, presidido por el Intendente, anunciará si se admiten los recursos de invalidación que presentaron diversas comunidades indígenas de la zona, puesto que lo único que se ha hecho ha sido el Proceso de Participación Ciudadana. Cuando existen pueblos originarios en el área de influencia de un proyecto, se debe realizar una Consulta Indígena bajo los estándares internacionales que están establecidos en dicho marco regulatorio.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) admitió en septiembre de este año 5 de las 9 solicitudes presentadas en contra del proyecto, iniciando así un procedimiento de invalidación de la RCA. Sin embargo, pese a que el SEA admitió a trámite los reclamos de las comunidades indígenas, no acogió la petición de suspender temporalmente la ejecución de la RCA, lo que implica que la empresa puede dar curso a la construcción de la termoeléctrica.

Las solicitudes fueron presentadas por la Asociación Indígenas Artesanos de Pueblos Originarios (Adepo), el Centro Cultural Aymara Pachakuti, la Comunidad Indígena Witrapuran, la Asociación Indígena Antu Tripantu-Sol de Primavera y, por último, el biólogo y asesor medioambiental Salvador Donghi.

Arcos anuncia que ese día, el 27 de diciembre, estarán presentes observando la sesión del SEA y rechazarán cualquier intento de continuar con el proyecto. Según asegura, “no está nada perdido, aún tenemos muchas posibilidades de defender el territorio y la calidad de vida, no podemos aceptar ser una Zona de Sacrificio para que una transnacional se llene los bolsillos porque no se necesita más energía”. En ese sentido, advierte que “ellos van a exportarla y, sin embargo, siguen con este proyecto que es rechazado por la comunidad. Por eso estamos todos unidos defendiendo nuestra vida y nuestro territorio”.

Javier Karmy Bolton

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