Triunfo ciudadano: Corte Suprema anula permiso ambiental a resistido proyecto Octopus

La sentencia fue dada a conocer ayer e implica también que Biobíogenera, la empresa que plantea la construcción y operación de un terminal marítimo de regasificación en la bahía de Concepción, realice una consulta indígena tal y como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Esto es una consulta previa, libre e informada.

31 January, 2017 16:01
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Como un triunfo ciudadano calificó la Coordinadora Intercomunal Contra el Proyecto Octopus el hecho de que la Corte Suprema acogiera el recurso de protección que anula la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa energética que busca la construcción y operación de un terminal marítimo de regasificación en la bahía de Concepción, Región del Bíobío.

La sentencia fue dada a conocer ayer e implica también que Biobíogenera, la empresa que impulsa este resistido proyecto, realice una consulta indígena tal y como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Esto es una consulta previa, libre e informada.

Recordemos que la Asociación Koñintu Lafquen Mapu de Penco (que es integrada por personas mapuche lafkenche) en agosto pasado interpuso un recurso de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el incumplimiento de la consulta indígena, ya que ésta fue suspendida pues el SEA consideró que el proyecto no tenía ningún impacto significativo en la comunidad originaria. El recurso judicial también fue apoyado por los municipios de Tomé y Penco.

“Celebramos la sentencia decretada por la Corte Suprema de acoger el Recurso de Protección que anula la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Terminal GNL Penco-Lirquén, y que exige realizar la consulta indígena de la Asociación Koñintu Lafquen Mapu de Penco, conforme a los estándares establecidos en el Convenio N°169 de la OIT. Esto es una gran victoria para la comunidad mapuche de la Región del Biobío afectada, que contó con la solidaridad, organización y movilización social del conjunto de la comunidad opositora a este nefasto proyecto”, indican desde la organización que trabaja hace 4 años en la oposición al megaproyecto energético que también integra la central termoeléctrica “El Campesino”, cuyo proyecto, ubicado en la comuna de Bulnes, ya está aprobado ambientalmente.

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El fallo del máximo tribunal expresa que respecto de la suspensión de la consulta indígena por parte del Director del SEA del Bíobío “es ilegal y arbitraria por cuanto con una diferencia de pocos meses, y basándose únicamente en argumentos proporcionados por la empresa titular del proyecto, la recurrida cambió su criterio e interrumpió abruptamente el proceso de consulta, sin que tal decisión haya podido ser discutida o debatida en ninguna instancia, vulnerando con ello las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 2 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República”.

En el mismo sentido, la organización ambientalista, añade que la sentencia de la Suprema “demuestra el nivel de complacencia y servilismo con que los organismos regionales encargados de la evaluación ambiental han favorecido dicho proyecto, conducta que se repite en la termoeléctrica El Campesino, al rechazar la Reclamación administrativa presentada oportunamente ante el Comité de Ministros por la comunidad opositora de Bulnes, decisión que estamos seguros será revertida por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia a través del recurso presentado por el Comité Bulnes Sin Termoeléctrica”.

También apuntan sus dardos al SEA y al intendente Rodrigo Díaz, ya que para los ecologistas tuvieron una “actitud negligente” al “favorecer indebidamente el accionar de una empresa dañina y perjudicial para la comunidad de la Región del Biobío, como lo es, Biobíogenera”.

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Por su parte el fallo también explica que “las obras del proyecto, tanto en su etapa de implementación como en su construcción y ejecución, afectará directamente y por un tiempo prolongado el acceso de los miembros de la Asociación Indígena a la recolección de los recursos marinos y el sector del cerro La Cata, en especial los sitios considerados como ceremoniales y sagrados, generándose una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres pertenecientes al pueblo originario”.

Finalmente, la Coordinadora espera que luego de que se aplique la consulta indígena y el proyecto vuelva a ser ingresado a la institucionalidad ambiental para obtener nuevamente la RCA éste “será rechazado, todo esto en base a los múltiples argumentos que han sido presentados por la comunidad afectada”.

Revisa el fallo de la Corte Suprema aquí

El Ciudadano

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