Amnistía Internacional (AI) denunció que la Unión Europea (UE) viola el derecho internacional por deportar cada año a miles de afganos y exponerlos “a riegos peligros de violaciones de los derechos humanos”, por lo que pidió una moratoria de las expulsiones.

En un amplio informe presentado en París, la ONG constató que el aumento de los deportados desde países de la UE a Afganistán se disparó un 300 %, entre 2015 y 2016, de 3.290 a 9.460, al tiempo que creció el número de muertos y heridos civiles en suelo afgano en 2016 (de unos 11.000, hasta 11.418).

“Cuando se compara el agravamiento de víctimas en Afganistán con el crecimiento del número de afganos deportados saltan serias dudas sobre las decisiones políticas de las autoridades europeas”, señalaron los autores del informe, que incluye el testimonio de 18 hombres, mujeres y menores deportados.

Según AI, “dar prioridad” a las expulsiones de afganos es “imprudente e ilegal”, pues la seguridad en su país ha empeorado en los últimos años por el agravamiento de los enfrentamientos entre las facciones antigubernamentales -talibanes y Estado Islámico, entre otras- y las progubernamentales. Por ello, “Amnistía Internacional pide una moratoria de las deportaciones hasta que puedan realizarse de forma segura y digna”, agregó la ONG.

La organización humanitaria destacó que ya hay 2,5 millones de afganos exiliados en una docena de países, la mayoría de ellos en las vecinas Irán y Pakistán, donde su situación también se ha deteriorado.

AI expuso que la UE deporta de forma forzada y voluntaria, y ejemplificó que ninguno de esos dos instrumentos dan opción al demandante. La forzada consiste en una detención y una deportación y la “voluntaria” en una deportación que incluye un incentivo económico. Según AI, así sucedió con Sadeqa (nombre ficticio), quien decidió huir en 2015 a Noruega con su familia después de que en Afganistán a su esposo Hadi lo secuestrasen, golpeasen y liberasen a cambio de un rescate.

Las autoridades noruegas, las que tienen un mayor porcentaje de deportaciones forzadas, rechazaron su solicitud de asilo y les dieron a elegir entre ser expulsados y permanecer detenidos hasta entonces, o aceptar 10.700 euros para regresar “voluntariamente”. Se decantaron por esa última opción y, meses después de su vuelta a Afganistán, Hadi desapareció y constataron su muerte. “Sadeqa cree que sus secuestradores lo asesinaron y ahora teme incluso visitar su tumba”, señaló el informe.

AI también censuró el chantaje que los gobiernos europeos ejercen sobre las autoridades afganas para que se promuevan las deportaciones “voluntarias” a través del acuerdo “Joint Way Forward”, una solución conjunta para devolver a miles de solicitantes de asilo afganos. “Si Afganistán no coopera con los países de la UE en relación con la crisis de refugiados, la cantidad de ayuda humanitaria asignada a nuestro país pagará las consecuencias”, reconoció en el Parlamento el ministro de Economía afgano, Ekil Hakimi, en unas declaraciones recogidas por AI.

Igualmente, una fuente confidencial afgana que conoce bien ese acuerdo explicó a la ONG que ese pacto es “una copa envenenada” que el Gobierno afgano está “obligado a beber” a cambio de ayuda humanitaria.

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