El embajador sirio ante la ONU en Ginebra, Hussam Edin Aala, negó que su Gobierno empleara un arma química en el ataque del 4 de abril en la localidad de Jan Shijún, acción que la Comisión de Investigación de la ONU para Siria ha determinado que se cometió con gas sarín y que fue perpetrada por la Fuerza Aérea.

El diplomático explicó en el Consejo de Derechos Humanos (CDH), donde la Comisión de Investigación de la ONU para Siria presentó su último informe, que Damasco ha dirigido una carta oficial al presidente del órgano que vela por las libertades fundamentales, Joaquín Alexander Maza Martelli, en la que “negamos todas las acusaciones y condenamos el uso de armas químicas”.

“El Gobierno sirio coopera plenamente con el mecanismo conjunto en la investigación sobre el uso de armas químicas”, recalcó, en referencia a los esfuerzos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y la ONU por determinar, probablemente en otoño, quien fue el responsable del ataque en Jan Shijún.

El embajador sirio cuestionó “las motivaciones” de la Comisión y la “imparcialidad y la objetividad” de la misma con respecto a este ataque, porque aseguró que un miembro de este ente de la ONU acusó al Gobierno sirio del “incidente solo pocas horas después de que ocurriera y antes de cualquier investigación”.

Aala sostuvo que por contra, la Comisión “no duda en manipular la franja horaria a fin de no exigir responsabilidad a EEUU y a sus aliados responsables de bombardeos aéreos contra civiles con fósforo blanco, porque alega que estos ataques deben ser investigados, aún cuando han pasado varios meses”.

El embajador dijo que desde su creación en 2011, la Comisión ha ido “repetidamente más allá de su mandato para hacer acusaciones políticas y no un análisis jurídico”. Igualmente acusó a este ente de la ONU de entrevistarse con personas “desconocidas muy alejadas de las dos partes afectadas” en la guerra siria y de “adoptar informes sospechosos de partes sospechosas”.

El diplomático sirio se refirió a una presunta reunión de empleados de la Comisión en Turquía con “entidades políticas que están en contra del Estado sirio”. Todo ello apunta a una “selectividad” a la hora de recoger los testimonios y a un “sesgo”, ya que la Comisión “sigue ignorando la responsabilidad de regímenes que patrocinan y financian grupos terroristas, incluso después de que Catar y Arabia Saudí hayan revelado su implicación a la hora de apoyar el terrorismo en Siria a raíz de su disputa” diplomática, opinó.

Aala negó igualmente las acusaciones contenidas en el informe sobre desplazamientos forzados a raíz de treguas locales y evacuaciones obligatorias, al afirmar que “la mayoría de los sirios ha permanecido en sus áreas y solo ciertas personas armadas han preferido abandonarlas”. Asimismo rechazó el foco que pone el informe de la ONU en la dimensión sectaria de la guerra, y reprochó a la Comisión que no haya pedido presuntamente la protección de los civiles en Al Raqa ante los bombardeos aéreos de la coalición internacional liderada por EEUU o que no haya solicitado supuestamente corredores humanitarios o treguas humanitarias.

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