Diversas organizaciones ciudadanas entregaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) observaciones que cuestionan el proyecto minero de la cuprífera estatal debido a los impactos que tendrá sobre el agua superficial y subterránea, la agricultura, la infraestructura vial, sobre la calidad del aire, y sus efectos en flora, fauna y las ciudades costeras.

Esta mañana diversas organizaciones ambientales y ciudadanas llegaron a las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para entregar sus observaciones al proyecto de Expansión de División Codelco Andina 244.

Dicho proyecto contempla la expansión de faenas de Codelco en la parte alta de las cuencas de los ríos Aconcagua, Mapocho y Maipo para la producción de 244 mil toneladas por día de concentrados de cobre.

“El agua vale mas que cualquier mineral: se vivir sin cobre, pero no se puede vivir sin agua ni agricultura: destruir las reservas de recursos hídricos de la zona central, donde vive el 60% de la población con un proyecto minero más grande que Chuquicamata significa simplemente matar el futuro”, indicó Sara Larraín de Chile Sustentable al hacer entrega de las observaciones ciudadanas de la fundación que dirige.

Agrupaciones como Agrícola Huechún, Modatima, No a Alto Maipo, Salvemos Farellones, juntas de vecinos y organizaciones de regantes, manifestaron públicamente su rechazo y preocupación por los efectos nocivos en medio ambiente y economías locales de la iniciativa de Codelco, manifestando que el daño irreversible sobre el ecosistema supera con creces el eventual beneficio económico del proyecto.

“Hoy ya se superan las mil observaciones escritas presentadas por la ciudadanía. A esto se suma una cifra similar enviada en formato electrónico: es tanta la preocupación que ha generado este proyecto que esperamos que el servicio amplíe el plazo para recibir más observaciones”, estimó la ecologista.

IMPACTO SOBRE 26 GLACIARES

El proyecto afecta directamente a las comunas de Los Andes, Barnechea, Til Til, Llay Llay, Hijuelas, Calera, La Cruz, Quillota, Quintero y Puchuncaví, en donde se desarrollarán tanto la extracción como depósitos de escombros, relaves, y depósito de concentrados de cobre. El proyecto contempla una duración de seis años para la etapa de construcción, 65 años de operación y dos de cierre.

El área de influencia del proyecto impactará 26 glaciares, de los cuales Codelco removerá sobre 500.000 m2 de hielo y cubrirá con estériles más de un millón de m2 de glaciares, provocando la pérdida de millones de litros de agua, que hoy constituyen reservas de agua dulce de las regiones de Valparaíso y Santiago.

Entre los impactos del proyecto y deficiencias del EIA sobre los recursos hídricos destacan: la desinformación respecto de la superficie de glaciares que se vería afectada: El EIA menciona la intervención directa de cinco glaciares que serán removidos: 14,57 hectáreas y un volumen de 2.119.108 metros cúbicos de hielo que serían excavados. (Glaciares Cerro Negro 2, Cerro Negro 3, Río Blanco 6, Río Blanco 7, Monolito) y 21,87 hectáreas del glaciar que sería sepultado por escombros (Glaciar“Los Milos 2”). Pero, en la sub cuenca existen 26 glaciares que serán afectados.

Las organizaciones también destacan inconsistencias en la línea de base sobre glaciares y errores en la definición de ellos (glaciares de roca y cubiertos), lo que queda en evidencia por el alto contenido de hielo de los glaciares caracterizados como de roca.

Además, existen graves deficiencias en la línea de base del estudio sobre ‘Pérdida de Masa y Variación del Aporte Hídrico” debido a la pérdida de reservas de agua dulce por destrucción del hielo glaciar que va a ser destruido por excavación, botaderos, construcción de túneles y depositación de material particulado sobre los glaciares, desde la exploración hasta el ano 2058, fecha en que terminaría la vida útil del proyecto.

Otra línea de observaciones tiene que ver con la insuficiente información sobre la cantidad y calidad de las aguas: Carece de información suficiente con respecto al área de influencia total del relave, ya que no incorpora adecuadamente a las poblaciones humanas aledañas.

En conclusión, las organizaciones apelan a que la metodología utilizada en el estudio de Codelco para evaluar los impactos ambientales del proyecto es inadecuada para ponderar el nivel real de los impactos, ya que emplea una fórmula basada en parámetros que son discrecionales y tiende a subestimar los impactos ambientales.

Este hecho es especialmente grave dado que los impactos del proyecto afectan la seguridad del abastecimiento hídrico de las regiones de Valparaíso y Metropolitana de Santiago, con 50% de la población nacional, grandes centros urbanos e industriales y un alto nivel de desarrollo agrícola.

En este contexto de desinformación y subestimación de impactos de Codelco División Andinas, se llamó a la autoridad ambiental a rechazar el Estudio de Impacto Ambiental para la expansión de faenas de Codelco en las cuencas de Valparaíso y Santiago.

Santiago, 15 de abril de 2013

Autoridades de las comunas de Coyhaique, Aysén, Tortel, Cochrane, Cisnes y Chile Chico han criticado los anuncios públicos de la empresa, denunciado situaciones anómalas o expresado su oposición a la iniciativa que pretende represar los ríos Baker y Pascua, y cruzar su región de sur a norte por cientos de torres de alta tensión.

Un persistente enfrentamiento público ha sostenido durante las últimas semanas HidroAysén con diversos alcaldes de la región de Aysén.  Mediante cartas al director y controversias sobre la forma en que la empresa se relaciona con las comunidades, los representantes comunales han develado el áspero vínculo que mantiene la compañía con las autoridades locales y la ciudadanía.

Este escenario, en cierta medida, contraviene sus últimos intentos por mostrarse ante el país como una sociedad que aplica responsabilidad social empresarial y prácticas de “buena vecindad” con las comunidades que habitan los territorios en el ámbito de influencia social, cultural, económica y productiva de los ríos Baker y Pascua, donde pretenden Colbún y Endesa construir sus 5 represas.

Algo que dejó de manifiesto la crónica “HidroAysén: ¿Energía con futuro?” de la sección “Reporteros” que TV-UC emitió este martes en Teletrece y que mostró a más habitantes de Aysén en oposición al proyecto que a favor.

La pugna epistolar con Coyhaique y Tortel

El 23 de marzo el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, publicó en La Tercera una carta en la cual dio a conocer su rechazo al proyecto expresando su “postura contraria a sacrificar nuestras comunidades y prístinos ecosistemas”, sin embargo lo cual reiteró su compromiso con “una consulta ciudadana informada y democrática, que permita a nuestra gente conocer los verdaderos alcances de los proyectos hidroeléctricos”.  El edil también cuestionó la promesa de rebajar el costo de la energía que ha hecho HidroAysén “sin aclarar que esto no lo pueden cumplir por sí solos, al depender de cambios en el Congreso, el impulso del Ejecutivo y la anuencia de la eléctrica monopólica natural”, preguntándose si “es correcto que una empresa se comprometa a algo que no está segura de cumplir”.  Al concluir relevó que la aspiración regional es “ser protagonistas de nuestro desarrollo, sin empresas asistencialistas que fomenten un falso sentido de dependencia económica en calidad de beneficiarias de nuestra región, lo que muchas veces oculta un sentido de aprovechamiento de las comunidades y sus recursos naturales.  Más aun cuando está comprobado que existen alternativas mucho más sustentables que convertir Aysén en la gran pila de Chile”.

María Irene Soto, gerente de Comunidad y Comunicación de la empresa, fue la encargada de responder mediante una misiva publicada el 26 de marzo.  “En diciembre pasado realizamos un proceso ‘casa a casa’ mediante el cual se visitaron 11.131 hogares de Coyhaique y Puerto Aysén, equivalentes al 60% de la población de ambas ciudades. De las 60 personas que participaron en esta tarea, 20 eran dirigentes sociales y jóvenes becados de Aysén” dijo.  Y agregó: “durante este ‘casa a casa’, uno de los temas que despertaron mayor interés por parte de la comunidad fue el beneficio de energía barata comprometido por la empresa, que busca reducir en un 50% las cuentas de electricidad para los habitantes de Aysén”.

La respuesta no convenció al alcalde de Tortel, Bernardo López.  Dos días después, el 28 de marzo, también entró en el debate con una carta en la cual se mostró sorprendido por lo afirmado por Soto “pues sabemos que rebajar el costo de la energía fue una condición impuesta en la resolución aprobatoria de mayo de 2011, reclamada por HidroAysén porque ‘supone la actuación de terceros respecto de los cuales HidroAysén no tiene control’… . Así, no entendemos cómo la empresa puede asegurar algo que depende de otros, más aun cuando se requieren cambios legales”.   En su opinión “muchos de quienes nacimos en esta tierra, particularmente en la desembocadura del Baker (paradójicamente, comunidades no consideradas como afectadas por HidroAysén) sabemos que este proyecto sería muy dañino para nuestra cultura, ecosistemas y desarrollo social, como ha ocurrido en otras zonas donde Endesa ha construido represas. El caso del Alto Biobío es dramáticamente ejemplar; allí, el desarrollo que se prometió nunca llegó y nunca llegará, porque la empresa ya se fue”.  Su conclusión fue clara: “No estamos dispuestos a hipotecar ese horizonte limpio porque una empresa se apropió de los derechos de agua de los ríos que nutren nuestra vida”.

La gerente de Comunidad y Comunicaciones fue nuevamente la encargada de dar la versión de la compañía.  El 30 de marzo señaló que “la empresa realizó una apelación ante el Comité de Ministros para precisar las condiciones en que se hará esta rebaja, para que pueda cumplirse y llegar efectivamente a la comunidad, incluso abriendo la posibilidad de transferir este beneficio por medio de subsidios directos”.

Las quejas de Aysén y Cochrane

Pero no todos los cuestionamientos a HidroAysén por parte de los alcaldes de la región llegaron mediante cartas al director.

En el caso del alcalde de Aysén, Oscar Catalán, la polémica trascendió los medios escritos y obligó a HidroAysén a dar múltiples explicaciones sobre la acusación de financiamiento electoral.  El 26 de marzo la autoridad comunal declaró en un programa radial local que “durante la campaña municipal nos querían dar 3 millones de pesos”.  Contra todo pronóstico, su molestia no fue por la posible intervención política sino porque tal cifra, a su entender, era “una falta de respeto” y “una miseria”.  “Estos amarretitos fueron recurridos y dijeron que sí, que tenían todas las ganas de ayudar, y nos querían dar tres millones de pesos” fueron sus palabras, rematando con un “cuando se retratan de la forma en que lo he dicho, está claro que lo único que buscan es enriquecerse y no les interesan las comunidades donde viven”.  Ante tal acusación, una vez más María Irene Soto debió salir a los medios para entregar la postura formal de la empresa: “Nosotros nunca hemos tenido ningún contacto con el alcalde, nunca le hemos ofrecido nada al alcalde, porque además, precisamente, las instrucciones que yo tuve cuando me hice cargo es trabajar directamente con las comunidades y es lo que estamos haciendo”.

Una semana más tarde fue el turno del alcalde de Cochrane.  El 1 de abril la prensa regional informó sobre la preocupación de Patricio Ulloa, formalizada mediante una carta de principios de febrero dirigida al Comité de Ministros, por el incumplimiento de HidroAysén de la resolución de calificación ambiental que le obliga a incluir al poblador René Muñoz –quien vive aguas abajo de la proyectada represa Baker 2- en el plan de relocalización (PDR) en las mismas condiciones de quienes serían afectados por la inundación de sus terrenos.  La autoridad comunal expresó en la misiva que a pesar de “tan categóricas resoluciones, nos preocupa que la empresa no esté acatando lo resuelto por ustedes, por cuanto si bien lo incluyó en el PDR, lo hicieron en calidad de especial, entregándole a don René una propuesta que no guarda relación con lo ordenado ni con lo ofrecido a los otros pobladores afectado”.  Y pidió a las autoridades nacionales que “puedan exigir a la empresa que se ajuste a derecho y cumpla con lo ordenado respecto de don René”.

La oposición de Chile Chico y Cisnes

Consultado sobre estas controversias el alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz, expresó que “lamentablemente, en la región bastante experiencia tenemos con lo que la empresa ofrece públicamente y lo que hace en la realidad”.

Como una forma de sustentar lo señalado recurrió a dos ejemplos.

“HidroAysén ha señalado públicamente que el proyecto de alta tensión con el cual pretenden interconectar Aysén con el SIC sería lo menos impactante posible para la Patagonia, asegurando que tales torres no superarían los 75 metros de altura” recordó.  Y a renglón seguido agregó: “Lo que no dice la eléctrica es que su estudio de impacto ambiental sobre las represas aprobado en 2011 ya contempla cruzar gran parte de Aysén (180 kilómetros de interconexión de los cinco embalses) precisamente con torres de corriente alterna de 75 metros de altura, cruzando varias veces la Carretera Austral. En tal estudio, nunca propuso enterrar siquiera una de tales estructuras”.

También se refirió a la afirmación de Daniel Fernández hace un par de semanas donde dijo que veía con buenos ojos la aplicación de un royalty para empresas de generación eléctrica.  “Aunque suena a preocupación por Aysén, la empresa ha obrado muy distinto al exigir que se elimine la condición impuesta en la RCA de ‘presentar un plan de compensación en la eventualidad de que los ingresos provinciales y/o regionales derivados del turismo desciendan producto de la ejecución del proyecto’” expresó Muñoz.  Por esto su opinión es que “HidroAysén no tiene compromiso social empresarial con nuestras comunas.  Sólo quiere hacer un lucrativo negocio gracias al control que tiene de los derechos de agua en la caudalosa cuenca del Baker, que se nutre del Lago General Carrera, el segundo más grande de Sudamérica”, para lo cual planteó que “una tarea urgente hoy es avanzar hacia la recuperación del agua para Chile y los chilenos”.

Sus palabras son coherentes con la decisión unánime que el recién conformado concejo municipal adoptó el 22 de enero de este año, expresando su total rechazo a la iniciativa eléctrica.

Arsenio Valdés, alcalde de Cisnes, comparte la mirada de su colega de Chile Chico.  “Me opongo a estos mega proyectos porque es hipotecar la región a cambio de nada, de ningún beneficio que estaría recibiendo la región de Aysén.  Estaríamos entregando nuestra energía, nuestros ríos sólo a intereses económicos.  Por esto Cisnes, en su mayoría y de distintas formas, se pronunció en contra” recordó el edil.

Un tema sensible para la comuna es el control de los derechos de aguas por parte de empresas eléctricas.  Para Valdés “quizás se han hecho cosas con la legislación vigente, pero de espaldas a la comunidad.  Nos hemos enterado que todos estos ríos son de empresas eléctricas, por lo tanto es un tremendo daño a las comunidades, a mucha gente humilde, gente de campo que no tiene derechos de agua sobre los ríos o arroyos que cruzan sus campos, pero sí estas empresas que no tienen ninguna presencia acá”.

Estas controversias con 6 de los 10 de la región hacen complejo el escenario para HidroAysén, a la luz de sus esfuerzos por dar a entender en el nivel nacional que en la zona contarían con apoyo  de  las comunidades, lo que ha reforzado con una encuesta, cuya metodología aún se desconoce, realizada por Data Voz (consultora que no sólo hace estudios para HidroAysén sino que la asesora en su desempeño público, lo cual hace a muchos dudar de su independencia) donde se señala que en Aysén habría un 46,8 % de apoyo y un 46,3 % de rechazo al proyecto.  En todo caso, incluso con estos rebatibles datos tener a la mitad de la población regional en contra no debiera ser algo de lo cual una empresa que se plantea como proyecto país y región, y que ha desplegado una millonaria campaña de intervención local, pueda enorgullecerse.

Como se ha visto, a la compañía le ha sido muy difícil demostrar estas cifras con los hechos, colisionando sus aspiraciones con la realidad y con lo expresado el lunes al Wall Street Journal por Fulvio Conti, director general de Enel (controladora de Endesa y, por extensión, del proyecto de represas en Aysén): “Seguiremos apoyando HidroAysén mientras el gobierno lo apoye, a nivel nacional y local”.  Pero si tal no ocurre, “no invertiremos y haremos otra cosa” fue su afirmación.

Hoy ya está claro que en los gobiernos comunales no tiene un respaldo mayoritario.  Está por verse aún si el apoyo público que Sebastián Piñera se traducirá en hechos, en un año cruzado por la contienda electoral.

Por Patricio Segura

El Ciudadano

Foto:The Clinic

La Corte de Apelaciones de Copiapó ha deicidido el 9 de abril del 2013,   suspender las operaciones del proyecto minero Pascua.  El tribunal acogió una orden de no innovar planteado por Lorenzo Soto, abogado de comunidades indígenas diaguitas. La acción en tribnales fue contra Minera Nevada SPA, que es el nombre con que opera la trasnacional de oro más grande del mundo en Chile, Barrick Gold.

Para presentar la acción, Soto recurrió a las distintas infracciones que ha determinado el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y el sistema de evaluación ambiental, contra la empresa nor-canadiense, según informó radio Cooperativa.

La decisión se basó en informes evacuados a la corte respecto de irregularidades y procesos sancionatorios que se han dado contra Pascua Lama e información de la Dirección General de Aguas, que señala resultados de monitoreos de aguas subterráneas reportadas con altas concentraciones de metales pesados.

En entrevista a CNN, el jurista señaló  “todavía se está discutiendo el fondo, que busca la paralización definitiva del proyecto. Esto, mientras no se establezcan garantías mínimas para la viabilidad del mismo. Hoy, el proyecto ni siquiera reúne las condiciones para seguir construyéndose”.

“El recurso lo interponen comunidades diaguitas, que han tenido informaciones de que ya en la fase de construcción se estaban cometiendo irregularidades, que afectan a la cuenca del río, y también el problema de los glaciares, que se están cubriendo de polvo por las faenas”, agregó el abogado.

Soto explicó además  que, dado que la orden de no innovar no tiene plazo, “la paralización de las obras es total e indefinida, hasta que se resuelva el recurso”.

A las acciones de Soto contra Minera Nevada SPA,  se suman desde otra esquina las presentadas por el empresario minero Jorge Lopehandia y su socio Brent Jhonson quienes acusan a la Minera de fraude al Fisco de Chile, de explotar oro con Concesiones de sales y nitratos y no auríferas, de falsificación del protocolo minero Pascua y de definitivamente no tener propiedad minera en regla sobre el yacimiento de oro en cuestión.

El Ciudadano

En vehículos 4×4 y a través de huellas y caminos alternativos peligrosos, la administración de Codelco envió a trabajadores fuera de las listas establecidas para los turnos éticos, informó FESUC.

En Salvador lo que ha ocurrido es que se ha puesto en riesgo la vida de los trabajadores  y eso es lo que reclama la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco (FESUC), una administración deficiente que con la tercerización excesiva hace perder dinero a Codelco y la seguridad de las personas, indicó el Presidente Subrogante de FESUC, Wilson Alvarez.

 “FESUC desde el año 2011 viene anunciando que dada la prepotencia, la arrogancia y la mala gestión de la administración, iba a llevar a situaciones y conflictos imprevisibles justamente hoy se trata de una de ellas. El señor Thomás Keller está preocupado de que por un día de paro nosotros perdemos 40 millones de dólares y nosotros desde el año 2011 le hemos venido advirtiendo de que venía un conflicto grande”, apuntó.

 “En división Salvador  este martes la administración ha llevado a trabajadores durante la madrugada, por huellas y caminos alternativos no habilitados, poniendo en riesgo su vida. Así es como vemos que con el afán de hacerlos trabajar a como dé lugar, con tal riesgo, se mancha esta paralización que ha sido un éxito en términos de seguridad y en adhesión de los trabajadores”, agregó Alvarez.

Al respecto, el Presidente del Sindicato de Supervisores de El Salvador, Rodrigo González, puntualizó que a pocas horas de comenzado el paro se detectó a trabajadores enviados en camionetas a la faena por parte de la administración entre las 4 y 5 de la madrugada en condiciones que colocaron en peligro sus vidas.

“En horas de la mañana la administración empezó a enviar supervisores y trabajadores adicionales a los que figuran en los listados de los turnos éticos. Estos trabajadores fueron enviados en camionetas 4×4 por los cerros, haciéndose camino por senderos o huellas. Vimos que los estaban exponiendo a una condición de riesgo porque esto empezó en la noche y en la zona hay una gran cantidad de piedras y pendientes en algunos cerros,” relató  González.

“En apenas tres meses y un poco más y ya hemos perdido cuatro trabajadores con esta administración”, enfatizó Alvarez.

Las faenas de todas las divisiones amanecieron paralizadas señaló el dirigente de FESUC y evaluó positivamente la convocatoria, pues convocó al 100% de los trabajadores de  Codelco  en todas sus divisiones.

 “Hemos tenido desde temprano información y  contacto con los dirigentes de cada división y la adhesión al paro es de un 100%, en total a nivel nacional solo de personal propio que son 18 mil trabajadores.

Álvarez advirtió que se trata de una acción coordinada y responsable de todos los trabajadores “el paro se ha hecho con sobriedad y respeto, así es que el riesgo que pueda correr un equipo o las instalaciones fue acordado con la administración y con ese motivo se instalaron los turnos éticos, para prevenir estos daños”

“No queremos que se siga con esta reestructuración brutal que empezó con Casa Matriz que pretende despedir a 90 trabajadores. El gobierno dice que está muy preocupado de incorporar a las mujeres al trabajo y ocurre que en Casa Matriz tenemos a jefas de hogar con un tremendo currículum y sin embargo están viendo en peligro su fuente de trabajo”, precisó.

 Asimismo subrayó que otra de las demandas que sostienen el paro es la elevada proporción de trabajadores contratistas en la empresa que en ocasiones cumplen las mismas funciones que los trabajadores de planta, violando las leyes de subcontratación.

 Graficó esta situación con el ejemplo  de Casa Matriz “aquí, sin ir más lejos, hay una dotación de unos 500 trabajadores y además una dotación similar en contratistas. En Codelco desde hace muchos años, ha habido contratistas para hacer obras específicas, un camino, un túnel o un puente. Terminada esa obra ellos se retiraban”.

Sin embargo, agregó que actualmente los trabajadores contratistas están haciendo las mismas labores que hacemos nosotros.

Por último, Álvarez dijo que “este es un paro de advertencia que venía anunciándose con bastante anticipación, se ha hecho de la manera más segura y más moderada posible así es que depende de la administración tomar medidas, tomarnos en cuenta, hacer los cambios con nosotros y respetar a nuestros trabajadores”.

El Ciudadano

Una lección pura de sindicalismo y  solidaridad de clase, han salido a dar  los trabajadores del cobre en Chile que han decidido paralizar sus faenas por 24 horas hoy 9 de abril . Se han sumado al Paro Nacional La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC] y la Federación Minera de Chile(FMC), quienes en conjunto representan a más de 25.000 trabajadores de la cuprífera estatal Codelco y de la gran minería privada.

La jornada de movilización es considerada como histórica, ya que por primera vez los trabajadores del mundo estatal y privado convergen en un gran Paro Nacional. Los dirigentes sindicales han declarado y dejado en claro “que la movilización irá en ascenso”, pues como ha declarado Raimundo Espinoza, presidente de la FTC, “nos aburrimos del diálogo de sordos y de la arrogancia de los gerentes”.

Chile es el mayor productor de cobre a nivel mundial y controla un tercio de la producción del metal en el globo. La principal empresa en la materia Codelco, ha sido víctima de un proceso de privatización a  la que los trabajadores han tratado de poner coto, pues entienden que la gran empresa de todos los chilenos, no puede seguir siendo entregada en bandeja a la inversión extranjera.

En su comunicado público los trabajadores del cobre, han sido claros y enfáticos ” Exigimos una nueva política minera nacional de Renacionalización que recupere el COBRE y el LITIO para Chile, fundiendo y refinando nuestros recursos naturales en nuestro propio país. Todo ello en beneficio del desarrollo nacional y el financiamiento de las necesidades de las grandes mayorías nacionales, que son: educación gratuita y de calidad, acceso oportuno y de calidad a las prestaciones de salud en el sistema público, y pensiones justas y dignas para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.”

Con ello los sindicalistas han salido de las demandas sectoriales y se han unido a las demandas sociales de miles de chilenos de diferentes edades que en los últimos años han salido masivamente a las calles a protestar ante la extrema desigualdad económica existente en nuestro país.

A su vez los  sindicalistas exigen “pensiones dignas, poniendo fin al fracasado sistema de AFP, que hoy no es capaz de asegurar una jubilación de reemplazo mayor al 40% del último salario de un trabajador”, piden entre otros se estudie la opción de la creación de una AFP Estatal, como alternativa al sistema privado de pensiones.

Hoy la movilización sindical  ha roto todo cerco informativo, y se espera que la acción directa de los trabajadores sirva para abrir el debate y el diálogo sincero en los medios de comunicación sobre la importancia de la viga maestra, el cobre y su administración por parte del Estado, entendiendolo como un recurso natural NO renovable.

De acuerdo al informe elaborado por Cochilco, se mantienen las buenas proyecciones del precio del cobre de US$ 357 c/lb para 2013 , y de US$ 332 c/lb para 2014.

Según el ministro de Minería Hernán Solminihac “se espera que la demanda mundial de cobre crezca impulsada por el consumo de China (5%), India (4%) y Brasil (4%). Al contrario, para la Eurozona se prevé una contracción de la demanda por el metal de 7,9% respecto al año 2012. En tanto, para Japón y Corea del Sur se prevén caídas de 1%”.

Pero más allá de las cifras y tendencias, lo que tienen claro los trabajadores, es que Chile necesita invertir en fundición sobre suelo nacional, que ya basta que sigan llevándose los metales como roca, pues la economía real está aquí y no se puede seguir permitiendo el saqueo de las arcas fiscales cordilleranas.

El cobre nacionalizado por el presidente Salvador Allende, el 11 de julio de 1971, con aprobación mayoritaria del Congreso Nacional, sigue siendo propiedad del Estado de Chile,  al analizar la Constitución, no obstante,  el problema sigue siendo la Ley Minera 18.097  elaborada por el hermano del actual presidente, por José Piñera, quien entregó concesiones plenas a la inversión extranjera para el saqueo de los Andes.

Como señala el economista Julián Alcayaga, para derogar ese decreto “en consecuencia, para poder Renacionalizar la Gran minería del Cobre, el requisito esencial que se debe cumplir, es que los chilenos elijamos un Presidente de la República que tenga la voluntad política de querer hacerla, es decir que sea inteligente y tenga coraje”.

PARO YA ESTÁ EN MARCHA

El paro comenzó pasado las 2 de la madrugada del 9 de abril.  Según ha informado Los Andes Online, a esa hora y con alegres barricadas y quemas de neumáticos  se procedió a bloquear el acceso a de planta de la División Andina, impedir el ingreso de los contratistas y permitir la salida de los nocheros.

 Informaciones recientes señalan que la mina El Teniente se encuentra ya totalmente paralizada. Se han sumando al paro los trabajadores subcontratados de Codelco. Se calcula en cerca de 50 mil a los trabajadores movilizados.

Cristian Cuevas,  presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC))  apoya el paro señalando “En un solo cuerpo trabajadores del Cobre de la Industria Estatal y Privada se Movilizan !Arriba Los Que Luchan..El Cobre Para Chile!”

Por si fuese poco y tras el anuncio de Paro, el valor del Cobre aumentó su precio  1,11% en la bolsa de Londres . Que se quiera sostener la caída del dolar con el cobre, con nuestra economía real, no puede seguir siendo permitido.

De las pocas faenas mineras no movilizadas son las de  Chollahuasi y Anglo American donde la dirigencia sindical, a preferido solidarizar con la patronal, antes que con la clase trabajadora.

El gobierno de Chile en voz de el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, estimó en US$ 43 millones las pérdidas para Codelco por el paro “de advertencia” de los trabajadores del cobre.  A sus palabras ha respondido con claridad Raimundo Espinoza, presidente de la FTC “si no hacemos esto, si no paralizamos por un día para apurar las soluciones, el país perdería mucho más”.

Noticia en Desarrollo

Por Bruno Sommer

El Ciudadano

A los portuarios movilizados y en paro, se han sumado los trabajadores del cobre y el gobierno de Chile se enreda.  Las minas de Chuquicamata,  Radomiro Tomic, Salvador, El Teniente y Gaby, las oficinas de la Casa Matriz de Codelco  ubicadas en el corazón de Santiago han salido a manifestar su descontento con la dirección de la cuprífera liderada por Thomás Keller y se espera en los próximos días una paralización total.

La Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco, (FESUC), ha sufrido  en los últimos años  una ola de despidos, tras un acuerdo de renuncia voluntaria para 2000 personas, pero detrás del acto, solo se esconde la tercerización de puestos claves en la empresa, y la subcontratación que busca allanar el camino en  la privatización de Codelco.

La preocupación se deja sentir desde el órgano federativo que agrupa  puestos claves en el funcionamiento de la empresa, el sentir  ha sido expresado por, Ricardo Calderón,  presidente de la FESUC  “El estamento profesional y de supervisión de Codelco, ha decidió sumar  y apoyar las movilizaciones definidas por  la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) , acciones que en días próximos avanzarán hacia un paro nacional de todos los trabajadores  y trabajadores de Codelco”, señaló en conferencia de prensa.

A su vez agregó que  “Rechazamos todo proceso de reestructuración que tenga como objetivo externalizar las funciones propias de la dotación de Codelco, precarizar las condiciones de contratación y todas aquellas iniciativas que busquen reducir costos a través de dañar a las personas” apuntó Calderón.

Las acciones de la FESUC, vienen a solidarizar con el llamado realizado por la Federación de Trabajadores del Cobre. Los  Trabajadores Rol B de la División El Teniente ofrecieron también,   en conferencia de prensa cubierta por El Rancaguino,  para reafirmar su compromiso “con la convocatoria a una paralización total de todas las faenas de Codelco Chile”,

Se ha aclarado que el paro no es por demandas económicas, sino para expresar el rechazo al modelo de gestión impuesto en Codelco, en temas como relaciones laborales, tercerizaciones, programas de seguridad y privatización de los servicios de salud.

Así los trabajadores del Cobre demandan entre otros una AFP Estatal, y denuncian la privatización de sus sistemas de pensiones exigiendo una opción de ahorro que no sea controlada por privados. Han hecho un llamado a dejar de seguir enviando concentrado de cobre cuando lo que hay que hacer es invertir en ciencia y tecnología , y desarrollo industrial que permita mejorar los procesos productivos del metal  invirtiendo en el desarrollo de  mayor fundición y manejo del cobre en suelo nacional.

Raimundo Espinoza, presidente de la FTC, fue claro, anunciaremos el paro esta semana, “Después nos sentaremos a conversar, con condiciones distintas, ya no con diálogo de sordos”.

A la demanda de los trabajadores estatales,  de la viga maestra de Chile, se han sumado los trabajadores de la minería privada, sumando apoyos desde la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), entre otros como los trabajadores de  ENAMI y también de ENAP .

Ricardo Calderón,  advirtió por su parte al gobierno de Chile y sus representantes o voceros, “que no intenten desvirtuar el motivo de nuestra movilización señalando que hay un fondo electoral, este es un problema que tenemos como trabajadores y como sociedad chilena, demandas con las que hoy los trabajadores del cobre solidarizamos”.

El llamado a Paro Nacional de Codelco, vendría esta semana a sumarse a la Movilización Nacional convocada para el jueves 11 de abril por los estudiantes que vuelven a las calles para exigir “Educación Gratuita y de Calidad”,  educación que podría ser financiada a perpetuidad por el Cobre, entre otras medidas de un gobierno que se diga justo.

Y es que al parecer aquellos lienzos que han portado emblemas de lucha como “El cobre por el cielo, la educación por el suelo”, han entrado en la conciencia de clase trabajadora, que se ha dado cuenta del alto precio del metal a nivel mundial, y de las injusticias que siguen ocurriendo para con los pueblos de Chile, mientras la privatización del estratégico recurso sigue devorando las  “Arcas Fiscales, cordilleranas”.

Por Bruno Sommer

El Ciudadano

Con la entrega de su demanda en los edificios corporativos de CODELCO de todo el país, la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, dio por iniciada la negociación nacional del sector, que agrupa a más de 40 mil contratistas de la minería estatal y privada, en la anunciaron contar con “una alianza amplia con trabajadores de planta, portuarios y organizaciones de la minería privada para exigir un nuevo trato con los trabajadores que producen la riqueza de este país”, señaló Cristian Cuevas, presidente de la entidad.

El documento entregado apunta como ejes principales al término de la subcontratación, “como forma de precarización del trabajo”.  la renacionalización de los recursos naturales y a mejoramientos sustanciales en las remuneraciones y condiciones de trabajo establecidas en el Acuerdo Marco, firmado el 2007 con Codelco y las empresas contratistas, tras una huelga de 37 días, que logró paralizar gran parte de la estatal.

Esta vez, sin embargo aspiran a que Codelco, en su calidad de representante del Estado en el Consejo Minero, exija aplicar el Acuerdo Marco logrado en la estatal a los subcontratados de la minería privada.

“Las empresas privadas que explotan concesiones mineras generan millonarias utilidades, que vía artilugios legales no tributan en Chile y sin embargo estas empresas entregan condiciones laborales y remuneratorias muy por debajo de las que tienen los trabajadores contratistas en Codelco Chile, lo que resulta lisa y llanamente inaceptable, es por ello que en lo inmediato, y sin postergar nuestro objetivo de renacionalización de los recursos naturales, exigimos que dichas empresas apliquen el acuerdo marco 2007 a sus trabajadores y trabajadoras contratistas”, señaló el presidente de la CTC.

El dirigente saludó el triunfo de los trabajadores de planta y su sindicato, en la mina Radomiro Tomic, advirtiendo que es necesario garantizar que  se evalúen las condiciones de trabajo en todas las faenas, para todos los trabajadores que laboran en la minería.

Agregó que hay trabajadores contratistas laborando en jornadas excepcionales y en condiciones de altura que reciben como salario 220 mil pesos, “y son los trabajadores que producen la riqueza en este país, por eso  estamos impulsando una alianza amplia de los trabajadores de la minería estatal y privada, de los portuarios, porque el negocio de la industria no puede ser a costa de la explotación y de la vida de los trabajadores”, señaló Cuevas.

“En la provincia de Petorca se cuentan ya 13 trabajadores contratistas muertos desde el accidente de la mina San José, y por eso esa zona se ha movilizado por la vida junto a las familias, a las mujeres, a los familiares de las víctimas, porque no queremos seguir lamentando, pero necesitamos la fuerza nacional para producir cambios”, señaló.

La carta, dirigida al presidente Ejecutivo de Codelco, declara aspirar a un mejoramiento integral de la calidad de vida de los trabajadores tercerizados, abordando las necesidades de vivienda, previsión, salud y educación, además de proponer una política de remuneraciones “que reconozca el aporte fundamental de los trabajadores contratistas y subcontratistas a la producción y establezca un ordenamiento y un marco que permita avanzar en equidad y en el cumplimiento de la demanda “A Igual Trabajo, Igual Salario”.

Asimismo,  reclamaron la erradicación de prácticas anti sindicales como la prohibición de ingreso a los dirigentes a faena, la circulación de listas negras y la negación de empleo a los dirigentes sindicales por su condición de tales.

El acto de entrega se repitió en las cinco divisiones de Codelco, produciendo sendas marchas en Calama, Rancagua, Los Andes, Ventanas y El Salvador.

EL Ciudadano

“La sensación de la gente (de Aysén) es que no nos cambien este mundo maravilloso en que vivimos”

• El dirigente hizo estas declaraciones al conocerse sobre un viaje a Santiago que hiciera un grupo de personas de Aysén con el fin de reunirse con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet, y entregar firmas a favor del proyecto.

Como una “gran derrota para la región” calificó el dirigente social Iván Fuentes la posibilidad de que se materialice el proyecto HidroAysén (y el de Energía Austral) en la zona austral.  Esto, luego de conocerse que el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, se reunió en el día de hoy con un grupo de personas provenientes de la región de Aysén, incluidos algunos de los pocos miembros que quedan de la Mesa Social, quienes le entregaron firmas apoyando las represas en los ríos Baker y Pascua.  Esto, en contraste con las cerca de 1500 adhesiones que se reunieron durante el verano en Coyhaique, Cochrane y otras localidades de la región, apoyando la carta del obispo Luis Infanti al Comité de Ministros pidiendo el rechazo de la iniciativa.

“La sensación de la gente es que nos dejen como estamos y que no nos cambien este mundo maravilloso en que vivimos” fueron sus palabras, recalcando que en la región una parte importante de la ciudadanía rechaza estas iniciativas.

El ex vocero del movimiento aysenino ahondó en los principales motivos, que a su entender, generan esta sensación.  “Cuando se hacen los mega proyectos, y como se han hecho los megaproyectos en Chile, los empresarios no nos han dado señales de que ellos hayan sido responsables con el entorno, con los lugareños y con la vida que le podemos heredar a las generaciones de 50 o 100 años más tarde. Entonces es esa la desconfianza que nos viene, profunda, y nos gusta la Patagonia como está, no queremos que la cambien, todo lo contrario, queremos que la potencien” indicó.

Y agregó: “Hay mucha gente que nos viene a ver y se van maravillados con lo que tenemos.  Ayer estuve por la tierra del Baker, con la gente, es un lugar maravilloso, que está al servicio de la Humanidad.  No es que nosotros seamos egoístas o seamos opositores a todo lo que se mueve.  Lo que estamos diciendo es que haya un resquicio de vida en abundancia para la Humanidad y no queremos que irresponsablemente se eche a perder” agregó.

EMPLAZA A LARROULET

Por último, Fuentes hizo un llamado al secretario de Estado.  “Creo que si la autoridad recibe a un grupo de personas apoyando a HidroAysén, lo más lógico y justo es que también reciba a quienes están en contra y así que el Comité de Ministros tenga las dos versiones, y no sólo una como ocurre ahora” concluyó.

Por Patricio Segura

El Ciudadano

En particular destacarán el caso del proyecto de expansión Andina 244, que afectará glaciares clave para el abastecimiento de agua en Santiago y Valparaíso, mediante la intervención glaciar, la contaminación de napas subterráneas y la afectación de un santuario de la naturaleza.

Con motivo de las celebraciones del Día Mundial del Agua 2013, el senador Antonio Horvath (RN) junto al Programa Chile Sustentable, los alcaldes de Los Andes, Mauricio Navarro (DC) y de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN) y las organizaciones Defendamos Farellones (de Lo Barnechea) y la Unidad Vecinal Huechún (de Chacabuco), denunciarán los graves impactos de la minería sobre los glaciares, explicando cómo esta actividad afecta directamente el acceso al agua.

En particular, llamarán la atención sobre el proyecto Expansión Andina 244, de la División Andina de Codelco, actualmente en evaluación ambiental, el que impactará sobre 26 glaciares de la zona central que hoy son fuente de abastecimiento de agua, para dos regiones.

“Junto al calentamiento global, la actividad humana más nociva para los glaciares es la minería, que ha destruido irreversiblemente los frágiles ecosistemas de montaña, incluidos los salares, vegas y bofedales de altura. En Chile, esta actividad ha significado la pérdida de una superficie importante de glaciares y con ello la pérdida de más de 34 millones de metros cúbicos en reservas de agua”, indica Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable.

INTERVENCIÓN DE GLACIARES

Las obras y actividades del Proyecto de Expansión Andina – 244, abarcan las comunas de Los Andes, Calle Larga, San Esteban, Llay Llay, Hijuelas, La Calera, La Cruz, Quillota, Quintero y Puchuncaví, en la región de Valparaíso, y las comunas de Til Til, Colina y Lo Barnechea en la Región Metropolitana de Santiago, las que estarán representadas por las organizaciones Salvemos Farellones y Huechún.

Además de la pérdida de masa y variación del aporte hídrico de los glaciares de roca, el proyecto de Codelco contempla una fuerte pérdida de suelo y vegetación, además de efectos adversos en especies de fauna bajo categoría de conservación.

También se impactará la calidad de vida de las personas debido a cambios en el nivel de apreciación de seguridad de seguridad vial, de la alteración de los accesos a áreas con valor ambiental y turístico y la afectación de sitios con valor patrimonial arqueológico.

La actividad de denuncia, en la que se repartirá el documento “Glaciares y Minería: continúa la destrucción de glaciares”, que precisa los impactos históricos de la minería sobre los glaciares en Chile, se desarrollará el viernes 22 de marzo a las 10 AM en la sala 144 del Senado en Santiago, calle Catedral 1180, primer piso.

***

Faena Minera – EMPRESA – Área original de glaciares rocosos (km2) – Área intervenida de glaciares rocosos (km2) – Equivalente en agua (millones mt3) – Año inicio de intervención

División Andina – CODELCO – 2,6 – 2,1 – 22 – Antes 1990

Los Bronces – ANGLO AMERICAN – 1,9 – 0,8 – 8 – Antes 1990

Los Pelambres – ANTOFAGASTA MINERALS – 0,4 – 0,2 – 2,9 – 2003-2004

Pascua Lama – BARRICK GOLD – 0,3 – 0,03 – 0,4 – 1981

Pimentón – CERRO GRANDE – Mas 1,6 – 0,06 – 0,6 – Antes 1996

División El Teniente – CODELCO – sin dato – 0,04 – 0,4 – Antes 1997

Catedral – CERRO GRANDE – 2,3 – 0,03 – 0,3 – 1996-2001

Cerro Casale – BARRICK GOLD – 0,1 – 0,01 – 0,1 – Antes 1999

Fuente: Chile Sustentable 2012, en base a Brenning y Azócar, 2010.

Fuente fotografía

La sombra de La Colosa sobre Cajamarca, Tolima

Se vende país, barato. Esa debiera ser la consigna que mejor define a los sucesivos gobiernos de Uribe Vélez y ahora de Juan Manuel Santos. Su política minera se fundamenta en la política colonial de cambiar oro por baratijas. El caso de La Colosa, en Cajamarca, es uno de los casos más emblemáticos del actual modelo minero-extractivista que se busca imponer en Colombia en beneficio del gran Capital. Con este proyecto, se está militarizando y atropellando a la población campesina, mientras se posterga la soberanía alimentaria del pueblo colombiano para que una multinacional se lleve el monte y contamine con cianuro los cursos de agua. Este proyecto es paradigmático de la insostenibilidad social y ambiental del modelo de desarrollo dependiente y atrofiado imperante en Colombia.

MEGAMINERÍA, LA LOCOMOTORA DESCARRIADA

Desde el 2006 que el gobierno colombiano viene desarrollando una política agresiva en la cual se define la minería como un pilar del “desarrollo” nacional: estatus que queda consagrado en el Plan de Desarrollo Nacional del gobierno de Santos [1]. La inversión extranjera en la explotación de minas y canteras ha aumentado exponencialmente, pasando de US$ 466 millones en el año 2002, a US$1.789 millones en el año 2008, y a USD$ 3.094 millones en el 2009 [2]. Si el 2001 existían 1.889 títulos mineros en Colombia, hacia el 2010 se había dado un salto hacia los 8.928 títulos, que abarcaban 4.839.149 hectáreas de tierra. El 40% del territorio nacional, de hecho, se encuentra actualmente cedido o solicitado para la exploración minera[3].

Este proceso se da en un contexto de revitalización de un modelo económico neo-extractivista en América Latina de la mano de los precios récords alcanzados por minerales como el carbón, el oro o el petróleo en la última década. Mientras el Gobierno dice que la explotación de los recursos minero-energéticos darán bienestar y bonanza a la población en general, en la práctica, casos como el de Cerro Matoso o El Cerrejón, así como mucho otros, evidencian que este tipo de explotación, hecha con toda clase de incentivos y beneficios para las multinacionales, enriquece solamente a una ínfima élite nacional y extranjera. Las comunidades locales son excluidas de los beneficios y deben hacerse cargo de los costos sociales y ambientales de estas explotaciones –recientemente, la multinacional Drummond, botó 500 toneladas de carbón al mar, hecho que ha causado indignación y perplejidad, ya que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales le levantó la sanción.

Otro ejemplo es Puerto Gaitán, en el Meta, que ha sido el municipio de Colombia que más regalías ha recibido por concepto de la explotación del petróleo. Sin embargo, los niños se mueren de hambre (13 apenas en el primer semestre del 2011) y se registra una de las tasas de mortalidad infantil más altas del país, con 61 niños por cada 1.000 nacidos, triplicando el promedio nacional. Por su parte, la población carece de servicios esenciales como acceso seguro y estable a agua potable o a electricidad, y los caminos que se han construido son solamente para permitir la salida del “oro negro” [4]. Algo no muy diferente ocurre con el Cerrejón en la Guajira: pese a las inmensas riquezas que ha generado en más de dos décadas de explotación de carbón, la población local sigue sufriendo niveles muy por encima del promedio nacional en cuanto a analfabetismo, desnutrición, desigualdad, falta de servicios básicos [5].

Estos son los elementos que permiten entender el porqué de la creciente resistencia popular en contra de los megaproyectos mineros que se viene adelantando por todo el territorio nacional colombiano.

EL NUEVO DELIRIO DE EL DORADO

Entre todas las áreas de la minería, es la del oro la cual está experimentando una de las más importantes actividades, con un gran dinamismo, pero que a la vez representa uno de los mayores peligros para la biodiversidad, la sostenibilidad ambiental y la vocación agropecuaria del país. Existen actualmente alrededor de 89 proyectos de megaminería aurífera en Colombia, la mayoría de ellos en la fase de prospección; se estima que, al menos, existen 2.015 toneladas de oro en el país (60 millones de onzas). Antioquia se lleva la “medalla de oro” concentra 47 de estos proyectos [6]. Municipios como Remedios, Caucasia o Segovia, han visto aumentar de manera bastante preocupante la violencia, asociada al avance de los paramilitares que operan en consorcio con el Ejército, acosando a los mineros artesanales en la disputa por el metal precioso (se estima que unos 40.382 mineros artesanales trabajan el oro). [7]

Hoy en día se producen 40 toneladas de oro anuales y el proyecto del Gobierno es intensificar la producción hasta alcanzar las 80 toneladas hacia el 2019 [8]. La pelea no es sólo por el control de la producción del oro, sino también por el control de los títulos mineros. Según el analista Mario Valencia “El negocio es obviamente extraer el oro, pero también lo es vender acciones de las empresas que poseen los títulos mineros. Es casi lo mismo tener el oro en lingotes en los bancos que en una montaña” [9].

Las principales empresas poseedoras de títulos de explotación aurífera son la AngloGold Ashanti (por lo menos 410 títulos -391 directos, 19 a través de ‘Exploraciones Chocó Colombia S.A.S.’-, controlando, al menos, una extensión de 821.087 hectáreas) y la Continental Gold (por lo menos 135 títulos, controlando una extensión de 111.000 hectáreas); es de destacar que estas cifras son tentativas, pues estas corporaciones operan bajo distintos nombres, filiales, razones sociales, etc. Ambas empresas son socias en la explotación de La Colosa, en el municipio de Cajamarca, Tolima, siendo la AngloGold Ashanti la socia principal. Todas estas concesiones son a 30 años, prorrogables por otros 30 [10]. Se espera que la explotación de La Colosa comience en el 2019, año en que el Gobierno se ha puesto por meta duplicar la producción aurífera; este sólo hecho da cuenta de que La Colosa no es un proyecto más, sino una pieza clave en el proyecto del bloque dominante.

Se calcula que La Colosa produciría unos 24 millones de onzas de oro; el costo ambiental de esta explotación puede calcularse si se toma en consideración que hay que remover más de 100 toneladas de roca para producir apenas una onza de oro… La Colosa, según diversas estimaciones, produciría, además, 100.000 toneladas de residuos mineros al día, más ocho toneladas de cianuro, 500 toneladas de dióxido de carbono, y utilizaría 70.000.000 de litros de agua… todo eso para producir apenas 50 kilos de oro [11]. Personalmente, no sé si el precio del mercado justifique, aún en términos estrictamente economicistas, el tremendo daño ambiental y social que esto produciría. La AngloGold hoy tiene totalmente ocupado el municipio: tiene 21 títulos mineros que copan prácticamente el 60% del municipio de Cajamarca (30.440 hectáreas), con lo cual el daño que se prevé en la zona, de iniciarse esta explotación, sería irreversible [12]

MILITARIZACIÓN Y MINERÍA

“La fuerza pública protege la gran inversión privada y los paramilitares evitan la protesta social y presionan el desplazamiento”

(Codhes, ¿Consolidación de qué? Febrero 2011 [13])

Militarización y minería van estrictamente de la mano en el marco del conflicto colombiano: no es casual que ahí donde se incrementan las acciones contrainsurgentes, haya intereses de carácter económico. El 30% de la Fuerza Pública (unos 100.000 uniformados), está puesta al servicio de las empresas minero-energéticas, resguardando sus inversiones en infraestructura, a sus ejecutivos y contratistas, acallando las protestas de las comunidades, y muchas veces de mano de paramilitares, “limpiando” el terreno. También los soldados se dedican a erradicar cualquier forma de “competencia” para las megamineras transnacionales. Siguiendo una política estricta al servicio de los grandes capitales, toda forma de producción campesina o artesanal está siendo ilegalizada en Colombia: lo mismo ocurre con la minería artesanal, la cual de un tiempo a la fecha, es llamada por los medios y funcionarios de Gobierno, minería “ilegal”. Dejando muy en claro que la ley colombiana está en lado del capitalista, de preferencia si es extranjero, se han aprobado decretos para atacar a los mineros artesanales y se les señala frecuentemente en los medios de ser financiadores de la insurgencia para “justificar” así este ataque en nombre de la contrainsurgencia. Así, el Estado violenta la subsistencia de más de 300.000 familias (cinco millones de personas) que dependen de la minería artesanal, a fin de mejor servir a las empresas mineras multinacionales [14].

En este marco de creciente militarización, 573 minas de las llamadas “ilegales” han sido intervenidas [15]. Esta militarización, y la consecuente presencia de bandas paramilitares al alero del ejército para que realicen el trabajo sucio, redunda en crecientes atropellos y violaciones en contra de las comunidades. En los últimos diez años, según las Brigadas de Paz Internacionales, el 80% de las violaciones a los derechos humanos y el 87% de los desplazamientos en Colombia han ocurrido en regiones donde se desarrollan megaproyectos de explotación minera (existen 42 distritos mineros compuestos por 328 municipios); así mismo, el 78% de los atentados contra sindicalistas fueron contra aquellos que trabajan en el área minero-energética [16].

En la zona de Anaime, Cajamarca, desde la llegada de la AngloGold se ha incrementado notablemente la militarización de la vida de la comunidad, afectando al tejido social. Un líder comunitario de la región, Yesid Muñoz, del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca, nos dice del ambiente de militarización que se vive en Anaime que:

“La AngloGold tiene a mucho campesino trabajando para ellos. Los pocos muchachos que quedan en el campo el ejército los persigue los días domingo y los recluta a las malas. Quiero que el gobierno colombiano explique cuál es la diferencia cuando critican que la guerrilla recluta muchachos de 16 años, cuando ellos los persiguen como locos para reclutarlos (…) El ejército tiene una base militar acá en La Colosa, es para proteger a los empresarios, a los directivos y al personal de la AngloGold, protegen el daño que están haciendo (…) La militarización acá usted la ve a lo largo de toda la carretera panamericana, en los ramales. Al borde de esos caminos usted ve casas miserables de invasión ¿qué es lo que cuida el ejército? Acá no hay ni ricachones ni terratenientes, lo que buscan es intimidar al campesino, al pueblo.”

Cuando las personas de la comunidad se han pronunciado en contra de la AngloGold, ha comenzado la estigmatización: toda forma de oposición es asimilada a expresiones civiles de la insurgencia, y por tanto reciben trato militar. El día 22 de febrero, se celebró una “Mesa Ciudadana Ambiental” en Ibagué (en la cual el rechazo de la comunidad al proyecto fue evidente) y los periódicos captaron los intercambios de mensajes entre el vicepresidente de sostenibilidad de la AngloGold, Rafael Hertz, y el encargado de comunicaciones de La Colosa, Iván Malaver, en el que uno decía “identificaron en el público de los opositores a varios guerrilleros de Anaime” a lo que el otro contestó “Entendido perfectamente” [17]. Ante estas acusaciones, Yesid Muñoz, sencillamente se encoge de hombros: “A mí me consideran revolucionario, pero eso no es pecado, Cristo fue un revolucionario, y yo quiero la revolución que Cristo nos enseñó.” Una dirigenta de una Junta de Acción Comunal (JAC) de la región, nos explicaba en noviembre, en base a su experiencia directa, esta relación entre el ejército y la multinacional:

“Yo entiendo que el ejército trabaja con la AngloGold, les pagan para que los custodie y así nos han venido metiendo esto de la militarización. Si uno no está de acuerdo con la empresa, pues ahí mismo a uno la tildan de guerrilla. Hay muchos abusos de autoridad, lo miran a uno y como hay gente que soplonea que una ha estado contra la AngloGold, entonces ahí llegan a joderle la vida a uno. Pero es que uno tiene que mirar al futuro, y estamos dispuestos a todo con tal de que el proyecto no se dé porque nos va a afectar mucho y a las generaciones que siguen”.

Carlos Gámez, de la Unión Campesina de Los Alpes, Tolima (Ucat) explica el giro orwelliano de la militarización en Cajamarca: “El ejército tiene un batallón allá a favor de ellos, para atajar a las comunidades y que ya no transiten por los caminos que antes transitaban. Están imponiendo un control muy tenaz sobre las personas, poniendo cámaras por todos lados, cosa que si uno habla queda todo grabado en cámara.” Fernando Pérez Sánchez, coordinador de OSADA (Organizaciones Sociales del Cañón de Anaime), ratifica estas mismas aseveraciones “El ejército les dio un batallón al servicio de ellos y los líderes estamos supervigilados, nos han grabado a todos”.

Aunque ahora los ejecutivos de la AngloGold salgan con cara de “yo no fui” a decir que ellos jamás han tratado a nadie de guerrillero, ya en noviembre, corrían rumores entre los campesinos de la comunidad que directivos de la empresa andaban diciendo que el ejército iría a abrirle campo a la AngloGold Ashanti, corriendo a esos “guerrilleros” y “revoltosos” de Anaime. Y cuando el río suena, es porque piedras trae.

Mapa con los títulos mineros en Cajamarca, la mayoría de la AngloGold Ashanti (en rojo)

EL ORO NO SE COME

A mi llegada a Anaime, un campesino me explicaba que el Tolima era como el paraíso, y que Cajamarca era el vergel del Edén. No es en vano que Cajamarca ha sido llamada la despensa agrícola de Colombia. Las laderas de los montes de esta región rebozan de verdor, en ellos prospera casi cualquier cosa que se cultive, el café, los plátanos, la arracacha. Cajamarca, sin ir más lejos, provee el 10% de la comida que se consume en Bogotá [18], con lo cual el impacto que tiene el cambiar la vocación productora de alimentos de esta región para reorientarla hacia la explotación aurífera, es de carácter potencialmente catastrófico.

Los campesinos dicen que ya se están viendo los efectos de la megaminería en detrimento de la producción de alimentos. La misma dirigenta de la JAC señala:

“AngloGold le ofrece a los campesinos sueldos de hasta 800.000 pesos al mes, con lo cual han dejado de labrar la tierra. Pero la mayoría de esta plata es como un espejismo, porque se les va en pagar transporte y comida. Hay que pensar a más largo plazo que en la plata que le pagan en un mes, porque nos están afectando el agua, están robando el agua y eso está afectando nuestro medio ambiente. Y aunque quizás ahora no veamos todas las consecuencias tarde o temprano las tendremos que ver.”

Carlos Gámez, de la Ucat explica:

“Se nos va a dañar el agua, nos van a afectar los terrenos de cultivo… nos está generando desplazamiento… andan comprando tierras y sacando campesinos que producen alimentos para el país. Están generando enemistad y contrariedad entre los vecinos, están ejerciendo presión sobre la gente que está en desacuerdo para tratar de voltear la forma de pensar de la gente que lidera procesos a informa a los campesinos por acá. Andan diciendo a la gente que esas personas son mentirosas, que el proyecto es lo mejor para Cajamarca.”

Fernando Pérez Sánchez, de OSADA, corrobora el impacto de la AngloGold no sólo en la misma producción de alimentos, sino que también sobre el tejido social de las comunidades campesinas que es el que, en última instancia, sustenta este modo de producción: “el proyecto está afectando a las comunidades campesinas, engañándolas y dividiéndolas. En la parte económica hacen creer a la gente que la agricultura no da nada y que la minería es la mejor opción.”

El malestar de los campesinos en la zona en contra de la multinacional es parte del malestar que recorre a todo el campo colombiano y que estas semanas se ha expresado en las protestas masivas de los cafeteros y cacaoteros. Es resultado de la ruina a que ha llevado al campesino el aperturismo neoliberal y los Tratados de Libre Comercio, así como a la secular política de despojo contra los campesinos. Yesid Muñoz nos señala, haciéndose eco de la creciente rearticulación del movimiento campesino y de sus demandas, que:

“AngloGold Ashanti no nos puede engañar con sus carteles de que hay que hacer al campo productivo y competitivo, cuando lo que quieren es sacar a los campesinos de la zona. Todos los días la tele nos engaña mostrando cosas ficticias pero acá usted ve la realidad. El Gobierno tiene al campo muy mal, no les interesa el campesino, y luego se hacen socios con estas empresas multinacionales dicen que para crear empleo, pero a ellas les dan todo, todos los recursos que le niegan a los campesinos de Colombia. Mire que el Gobierno le hizo todas esas carreteras a AngloGold y nosotros pidiendo carreteras durante cien años. Con un campo tan productivo como el que tenemos lo que queremos es apoyo para producir”.

UN PUEBLO QUE NO SE DEJA AVASALLAR

El entorno de La Colosa es un microcosmos en el que se reproducen todas las contradicciones del actual Plan de (Sub)desarrollo Nacional impulsado por el gobierno de Santos (el cual es la elaboración de la propuesta uribista de país, no su negación): la contradicción entre Capital rentista y Capital productivo, entre comunidades y Capital multinacional, entre la vocación productora de alimentos y la ilusión extractivista, entre el desarrollo social sostenible y el desarrollo macroeconómico, entre el campesino y el tecnócrata-militar-capitalista, entre las mismas comunidades sobrepasadas por el arrollador avance de la inversión extranjera directa, entre integración económica o desarrollo tipo enclave, entre la vida o la muerte. La locomotora minera, de la mano de la AngloGold Ashanti, sencillamente ha acelerado el ritmo del despojo al que vienen siendo sometidas las comunidades campesinas desde tiempos inmemoriales, sumándose a otros fenómenos que afectan al campesinado como el aperturismo neoliberal y la presencia del narcoparamilitarismo, el cual sigue vivo como lo expresa un campesino: “Acá los narcotraficantes tiene cara la tierra, porque se dedican a lavar dinero comprando y vendiendo. Este problema no se va a acabar porque el gobierno los deja.” En este territorio, se expresa con todo su peso la historia de contradicciones de Colombia. El caso de La Colosa es paradigmático de un modelo que para la mayoría genera pobreza y hambre, en medio de la riqueza y la abundancia de unos pocos.

Pero es también importante, en este punto, destacar que el pueblo de Cajamarca y las comunidades rurales del municipio no son “víctimas” inermes que se cruzan de brazos ante su fatalidad, para clamar que terceros hagan justicia por ellos. Estamos ante un pueblo que ha sido oprimido, reprimido, violentado, victimizado, pero que mantiene intacta su dignidad. Un pueblo berraco que lucha y que se niega a la pasividad, que reclama su derecho a ser agente activo del cambio. Un pueblo que teje solidaridad, que estrecha brazos y manos, que trabaja, sueña y crea.

El dinamismo de la lucha por la defensa de la vida y contra La Colosa es enorme, según nos explica una compañera que participa del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca:

“se han realizado cuatro marchas carnavales en Ibagué, que han movilizado hasta 30.000 personas contra el proyecto de La Colosa y en defensa del agua. También ha habido seminarios y vigilias en Anaime, dos encuentros de Ecovida, con los que la población pudo empezar a enterarse de primera mano del proyecto, porque la empresa que llevaba ya varios años con diferentes nombres, nunca había informado nada. El primero de agosto del año pasado se hizo la movilización nacional contra la locomotora minero-energética y se movilizaron 1.000 personas en Cajamarca, lo que es muy significativo. También está la acción popular de Usocoello, la organización que agrupa a los usuarios campesinos del río Coello, contra el proyecto minero… de este río dependen unas 800.000 personas, o sea, el impacto de La Colosa es impresionante. El 22 de febrero las autoridades municipales de Piedras, de la Onic, del Cric, de la Universidad del Tolima, de Fedearroz, de los comités ambientales, unieron sus posiciones y escucharon un informe de las preocupaciones de la Contraloría por los impactos ambientales de este megaproyecto… ese día se rechazó totalmente el proyecto, y ante la cantidad de indicadores sobre los riesgos así como la presión popular, el mismo gobernador fue forzado a posicionarse en contra. Ese evento del 22 de febrero fue una cosa muy importante. Ayer 7 de marzo a la Universidad Cooperativa de Ibagué asistieron más de 500 líderes comunales y sociales de Ibagué, académicos, ambientalistas, y se rechazó unánimemente a La Colosa.”

Esta actividad va de la mano de una importante tarea organizativa, que refuerza el tejido social de estas comunidades, rica en formas organizativas ya presentes en la zona, en la forma de JAC, organizaciones sindicales y campesinas, grupos juveniles, grupos ambientales, etc.:

“Los campesinos se han organizado en comités ambientales, como el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca, que reúne 17 expresiones organizadas del territorio, líderes de Juntas de Acción Comunal, campesinos, ambientalistas… nosotros estamos a favor de la defensa del agua, de la soberanía alimentaria y territorial, no es que no queramos el progreso de la región… está también el Comité Ambiental por la Defensa de la Vida, que funciona en Ibagué, y está también el Comité Ambiental del Sur del Tolima. Hay otro Comité por la Defensa del Río Opía, en Piedras, y ahí la resistencia tiene al alcalde y al consejo en pleno de su lado. Está también el Comité por la Defensa del Río Lagunillas en el Líbano. En todos los municipios del Tolima vienen gestándose comités y colectivos que han identificado que la lucha de los próximos años es por el uso del suelo, que es una lucha social y ambiental, que es una lucha también por si éste lo explota una multinacional o todos nosotros. Es importante también destacar que existe un Comité Ambiental de Apoyo al Tolima en Bogotá.”

Consultada sobre el potencial que significa la lucha de Anaime en el contexto actual de auge de las luchas populares en Colombia, dice esta compañera que:

“la región compuesta por Cundinamarca, Meta, Boyacá, Tolima, las fronteras con el pie de monte llanero y Quindío, las salidas al sur del país, es central… digamos que el Tolima es el epicentro del conflicto social y territorial que se está viviendo en el país: tenemos el proyecto minero más grande de todo el continente, más el tema de las siete hidroeléctricas en el Tolima, el tema de la infraestructura y las carreteras para el TLC, la navegabilidad del río Magdalena, hay más de cinco batallones de todo tipo en la zona y está la base militar de Palenquero, de Puerto Salgar, en convenio con los Estados Unidos, y tenemos toda el área de consolidación del sur del Tolima. Hay una reorganización del país, y esta zona central es la plataforma logística, financiera y de control del conflicto social, porque acá está también el centro urbano del país. El Tolima adquiere una relevancia política que ha tenido en otros momentos, que lo tuvo en la guerra de los mil días y en la Violencia. Hoy concentra una gran importancia financiera y también en términos de las luchas sociales”.

Tolima está en el corazón de Colombia, en una zona de importancia geoestratégica, de importancia por sus recursos hídricos y minerales, una zona de gran fertilidad. El departamento comienza a ser escenario de grandes movilizaciones, de los cafeteros y de los campesinos, así como de oposición a megaproyectos minero-extractivos e hidroeléctricos. El Gobierno sabe la importancia estratégica de esta región y por eso ha convertido este territorio en un importante escenario de la llamada “consolidación militar”. Pero no cuenta en sus cálculos con la fuerza de un pueblo que no está dispuesto a dejarse pisotear ni por la bota militar, ni dejarse avasallar por la locomotora minera. Y que lo están demostrando en la práctica con su resistencia.

Por José Antonio Gutiérrez D.

8 de marzo, 2013

NOTAS

[1] http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_con…d=240
[2] Agua o Minería, un debate nacional, Tatiana Rodríguez y Danilo Urrea, CENSAT Agua Viva, 2011, p.4
[3] Colompbia, Boletín Informativo No.18 de PBI Colombia, Noviembre de 2011, pp.4-5.
[4] http://www.semana.com/nacion/articulo/fisica-hambre/246…880-3
[5] http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/el-m…69278
[6] Ahumada, Omar, El ‘boom’ apenas empieza en el país, El Tiempo (Suplemento ‘debes leer’), p.2, 2 de Diciembre, 2012
[7] http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article6486 ; sobre los antecedentes de la violencia en el Nordeste Antioqueño ligada a la disputa por la riqueza aurífera, ver http://www.periferiaprensa.org/index.php/edicion-actual…queno
[8] http://www.portafolio.co/Especiales/Balance-gobierno-20…144-3
[9] Los Dueños del Oro, El Tiempo (Suplemento ‘debes leer’), p.3, 2 de Diciembre, 2012
[10] Ibid, Algunas mineras están negociando algunas de las 52 cédulas reales, para que no quede duda del tufillo colonial de la actual política de minas, las cuales serían explotables a perpetuidad.
[11] Ibid, p.4. Los campesinos de la región, sospechan que no sólo hay oro en La Colosa y que eso determina otra clase de intereses. Nos decía un campesino que “se sabe de buena fuente que ahí también hay uranio, que se lo llevan con escoltas para el aeropuerto”.
[12] Agua o Minería, p.8
[13] http://www.codhes.org/images/stories/pdf/bolet%C3%ADn%2…7.pdf
[14] http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_….html
[15] Agua o Minería, p.6.
[16] Colompbia, p.3-6.
[17] http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/1…s_3=2 ;http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-…ogold
[18] Agua o Minería, p.8