Vocerías de la Red por la defensa de los territorios, la Coordinadora de Derechos Humanos de Temuco, el Movimiento Salud Para Todos en la Araucanía, manifestaron su preocupación y alarma por diversos conflictos que se vienen generando a causa de nuevos proyectos de energía en el centro sur de Chile, y que están provocando daño social en los territorios, así como también un estado de polarización y criminalización contra la disidencia y la libertad de expresión.

A juicio de las organizaciones, esta “estrategia” es promovida por funcionarios de instituciones públicas de Estado y financieras internacionales, particularmente  el Ministerio de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coludidamente.

Las organizaciones denunciaron que a los cientos de proyectos de energía, mayoritariamente vinculados a hidroeléctricas, eólicas y termoeléctricas de biomasa por parte de numerosas empresas y transnacionales en Regiones del sur y que varios mantienen activos conflictos a causa de importantes oposiciones, hoy se suma una nueva modalidad que está relacionada al levantamiento de asociaciones de personas vinculadas a comunidades o pobladores rurales, gatillada por el financiamiento de este tipo de instituciones. Esto, con el propósito de generar asociatividades con empresas privadas e instar a la ejecución conjunta de proyectos de energía, lo que podría agudizar mayores problemas en los territorios, fomentando divisiones, tensiones sociales, afectaciones a la integridad cultural, a la salud mental de la población y bienestar colectivo.

En ese sentido, hicieron referencia a Fondos del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), a través de instituciones como el Centro para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES) ligado a CORFO y al Ministerio de Energía, “quienes bajo criterios industriales y, por ahora, a través de planes pilotos y concursos públicos, están dañando progresivamente la paz social de la población en algunos territorios, temiéndose que situaciones que ocurren en regiones vecinas, se repliquen en la Araucanía”.

Como ejemplo de esto, indicaron los hechos ocurridos en la Región de Los Ríos, en territorios de comunidades mapuche williche de las comunas de Río Bueno y Futrono, donde estas instituciones han pretendido levantar asociaciones pro-hidroeléctricas con habitantes locales, en medio del rechazo a la imposición de proyectos de energía por parte de numerosas familias, comunidades y autoridades tradicionales, existiendo graves tensiones a causa de la intervención “afuerina” y que en nada cumple con los principios y normas del derecho sobre Pueblos Indígenas y Derechos Humanos en general. Esta situación ha sido denunciada por la Alianza Puel Willi Mapu, que es encabezada por la Lonko Juana Cuante, agregaron.

Las organizaciones recordaron que debido a este conflicto y a la difusión de un comunicado público en oposición a estas prácticas institucionales, en el presente, un consultor vinculado al BID / Ministerio de Energía interpuso una querella criminal desde julio de este año por injurias, solicitando tres años de cárcel, una multa de siete millones de pesos más costas, contra el medio de comunicación Mapuexpress, ligado a organizaciones y comunidades territoriales que defienden sus derechos colectivos.

Asimismo, denunciaron que las políticas de fomento de desarrollo energético, “que buscan a lo menos cuadriplicar la actual capacidad instalada de energía con una descontrolada sobre oferta, son políticas pautadas desde Washington, y que se relacionan con la explotación extractivista en el eje sur de Chile y Argentina”, por lo que hacen responsable directo de esto al Banco Interamericano de Desarrollo y al Jefe de la División de Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía, Javier Zulueta, a quien calificaron de ejercer malas prácticas y actos de mala fe, “estableciendo un rotundo fracaso en diálogos con comunidades y con una absoluta incapacidad de proteger sus derechos”, manifestando que “debería dejar dicha función”.

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