El día sábado Marcela Mella (No Alto Maipo) y Juan Pablo Orrego (Ecosistemas) viajaron a Estados Unidos para solicitar a los bancos que financian la cuestionada hidroeléctrica Alto Maipo que quiten los recursos invertidos en la empresa AES Gener, que suman 150 millones de dólares aproximadamente.

FOTO: DAVID VON BLOHN/ AGENCIAUNO

FOTO: DAVID VON BLOHN/ AGENCIA UNO

Las entidades financieras que participan en este proyecto son Corporación Financiera Internacional (IFC), ligada al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La queja será presentada ante la Compliance Advisor Ombudsman (CAO), encargada de regular  los temas ambientales y sociales de la IFC, y ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) que está relacionado con el BID.

La reclamación que presentarán cuenta con el apoyo de siete organizaciones internacionales: Accountability Counsel, Center for International Environmental Law (CIEL), Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA), International Rivers (IR), Natural Resources Defense Council (NRDC) y Patagonia Inc. Las organizaciones cuentan,  entre otros países, con sedes en Estados Unidos, Australia y China.

Los demandantes de las organizaciones sociales declararon a El Mostrador que “Alto Maipo no cumple con los requisitos de financiación establecidos por este organismo y por la mayoría de las instituciones financieras internacionales. No se realizó una evaluación integrada, no se evaluó el efecto acumulativo del cambio climático, no existió participación ciudadana efectiva, no se está haciendo una gestión del desempeño ambiental y social del proyecto, El Proyecto de Hidroeléctrica Alto Maipo no es eficiente, no existen condiciones de trabajo adecuadas y hay Vulneración de Derechos Humanos”. 

En este mega proyecto no sólo están involucrados Luksic y AES Gener, según un informe del INDH los actores institucionales involucrados son: Aguas Andinas Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA), Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), Dirección General de Aguas (DGA) y Corporación Nacional Forestal (CONAF).

En junio de 2011 Aguas Andinas firmó un contrato con AES Gener en donde cede 2,5 metros cúbicos por segundo del agua potable de Santiago, lo que forma parte de las reclamaciones de las organizaciones opositoras, ya que se vulnera la reserva de agua potable de la Región Metropolitana, que podría afectar la disponibilidad de agua de riego para 120.000 hectáreas.

Cabe recordar que en Noviembre del año pasado, los trabajadores del proyecto hidroeléctrico estuvieron aproximadamente tres semanas en huelga exigiendo mejoras en seguridad cuando realizan las labores de construcción, aumento salarial  y mejor cobertura médica, lo que la empresa no consideró y denunció a los trabajadores y manifestantes de vandalismo.

Según Nathalie Joignant, covocera de No Alto Maipo, sólo una vez se ha presentado un recurso internacional como el que ellos lideran, en el caso de la represa Ralco Pangue que contemplaba la inundación de 22 mil hectáreas y que fue demandada de manera internacional, ganando el juicio y logrando quitar el financiamiento al proyecto.

Para las organizaciones el mayor logro sería que las organizaciones quitaran los recursos invertidos en este proyecto para que no pudiera seguir operando. Las instituciones financieras tienen un plazo entre 5 y 15 días desde que se presenta el recurso para decidir si lo acogen o no y posteriormente un período de tres a seis meses para investigar y enviar inspectores a las instalaciones de Alto Maipo.

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