La decisión del Ejecutivo de paralizar los recursos destinados a la subvención de gratuidad para escolares abrió un nuevo foco de críticas hacia la administración bacheletista.

En el proyecto de Ley de Presupuesto no se considera el aumento establecido para el año 2018 y se situaría en los mismos factores del 2017. Con esto, la subvención de gratuidad se mantendría en $8.393 por estudiante y no incrementaría a $10.791, según se establecía a partir de la Ley de Inclusión. La determinación del Gobierno afectaría a dos millones de escolares.

Una de las justificaciones vino de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien afirmó que “la explicación del ministro de Hacienda es que esto tiene que ver con aportes a Salud que habían quedado desfinanciados y algún aporte para Obras Públicas”.

La secretaria de Estado también dijo que “es un volumen de recursos que es muy sustantivo. Y lo que se ha planteado es la posibilidad de diferir un año el pago de esa cuota. Esto no es un engaño, es enfrentar una situación compleja del punto de vista financiero”.

En tanto, Nicolás Eyzaguirre, actual ministro de Hacienda y ex ministro de Educación, salió a defender la medida gubernamental. A su juicio, “el aporte de gratuidad va a subir también por arriba de la inflación; y lo que es más importante: la cantidad de niños a la que va a llegar crece en más del 50% en 2018 y se va a casi a duplicar cuando termine la transición, en la medida que los establecimientos pasen a ser sin fines de lucro y dejen de cobrar el copago”.

Críticas

Las críticas se han centrado en el rol del ministro Eyzaguirre, puesto que, como jefe de Educación, tuvo a cargo la formulación de la Ley de Inclusión, cuyos aspectos estarían siendo desconocidos por el proyecto de Ley de Presupuesto. A esto habría que añadir una declaración que encendió la polémica. “Se podría hacer un gesto en gratuidad pero sin subir ni una décima del gasto fiscal de 3,9%”, afirmó el titular de Hacienda.

La respuesta vino del diputado Giorgio Jackson, quien integra además la comisión de Educación de la cámara baja. “Vergonzoso que cumplir la ley sea un “gesto”. Gobierno tratando de desvestir un santo para vestir otro, trasladando responsabilidad al Congreso”, escribió en su cuenta de Twitter.

Incluso, dentro de las filas oficialistas cuestionaron al ministro de Hacienda. El diputado Juan Luis Castro le exigió “al autor de la Ley de Inclusión, el ministro Nicolás Eyzaguirre, que le explique a la gente, porqué se le ha quitado el dinero en materia SEP a los estudiantes y dónde están en Salud, supuestamente, estos 2 mil pesos per cápita, restado a los niños de este país”.

Desde la fundación Educación 2020 también manifestaron reparos a la medida del Ejecutivo. “Consideramos que esto podría ser un disparo en los pies de las reformas educativas impulsadas por el gobierno, ya que no hablamos tan solo de recursos económicos, sino de las señales que se entregan a los diversos actores y del cumplimiento de la palabra empeñada. Estamos convencidos que la Ley de Inclusión va en la dirección adecuada ya que resguarda el derecho a una educación inclusiva y de calidad sin importar el nivel socioeconómico de las familias. Es indispensable cuidar su implementación y no abrir espacios para deshacer los avances logrados en materia de derechos. Esperamos que las y los parlamentarios puedan corregir este error en la discusión parlamentaria y restituir así los recursos comprometidos en esta ley”, señalaron desde la organización.

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