Sename: negligencias, errores y presiones imperdonables

El bloqueo del gobierno al informe de la Comisión Investigadora de la Cámara sobre el Sename ha sacado nuevamente a flote los más pesados intereses políticos y cálculos electorales por sobre los dramas de la ciudadanía, en este caso de los más vulnerables. Tras las presiones por el silencio logrado emerge también uno de los peores estilos de gobernar y la separación, con características irreversibles, entre la clase política y la ciudadanía.

Javiera Blanco

El informe de la comisión investigadora Sename II se ha convertido en una pieza más en la áspera disputa política entre el actual gobierno y la oposición. Un documento, que ha terminado en la papelera tras ser rechazada su aprobación por la sala de la Cámara, su filtración ha puesto otra vez en un plano amplificado la malograda relación que tiene la política con la ciudadanía, una relación que con los más debilitados y marginados tiene características de perversidad y toxicidad.

Este nuevo episodio entre el gobierno y la oposición, que sin lugar a dudas han buscado conseguir réditos políticos, se ha desarrollado sobre los más vulnerables de todos. La incomodidad ante la prensa y la posible pérdida de valoración ante el electorado han podido más que asumir las responsabilidades por la incapacidad de entregar una respuesta eficiente a los problemas de los miles de niños desprotegidos internados en los centros.

El incidente, que se ha conocido finalmente con bastante difusión, ha vuelto a colocar al gobierno y sus extensiones políticas en un trance similar a sus peores momentos. Una atmósfera similar a aquella que envolvía el financiamiento ilegal de las campañas electorales y no más disipadas que aquellas que asfixiaban los más densos días del caso Caval ha vuelto a caer sobre La Moneda. Un gobierno que arma toda su maquinaria subterránea para tapar el informe y silenciar sus eventuales responsabilidades.

Los movimientos en torno a este informe han sido exagerados e imprudentes. Un aparataje puesto en marcha desde la misma Moneda ha movilizado a ministros (desde Nicolás Eyzaguirre, Paula Narvaez y, de forma sorprendente, a Rodrigo Valdés) con el cometido llevado hasta Valparaíso de evitar la aprobación del informe. ¿Motivo? No por el daño a los niños, sino por las responsabilidades políticas. Hilando más fino, por la ex Ministra de Justicia Javiera Blanco, renunciada el 2016 por el insoportable peso de las víctimas del Sename constatadas en el anterior informe del 2014.

La comisión de trece parlamentarios, presidida por el PPD Ramón Farías, e integrada, entre otros por la PC Camila Vallejo, la PS Maya Fernández y el independiente (ex DC) René Saffirio, evacuó el informe de más de 500 páginas con más de 60 propuestas sobre un anterior documento que comprometía al actual gobierno. El objetivo de esta Comisión Especial Investigadora (CEI) no ha sido sólo iniciar sondeos sobre la muerte y maltrato de niños internados en los hogares del Sename, sino conocer cómo las autoridades de este gobierno respondieron a las propuestas e exigencias del informe del 2014.

El drama y los maltratos del Sename, aun cuando se conocían de manera opaca desde hace años, saltó a la luz pública a partir del 2014 con el anterior informe. El gobierno no sólo ya había sido notificado, sino también instado a atender una serie de propuestas para corregir errores, por cierto antiguos y tal vez endémicos, que llevaron a la muerte durante los últimos años a más de mil niños y menores de edad internados en estos centros de acogida.

El informe de esta nueva comisión, llamada Sename II con la finalidad de acortar su larga pero ciertamente más precisa nominación (“De la forma en que las autoridades han atendido las propuestas de la Cámara de Diputados, por la aprobación del informe de la Comisión Investigadora del Sename en el año 2014, y la situación de menores de edad carentes de cuidado parental”) apuntó a nuevas propuestas, halló claras responsabilidades políticas y administrativas y fustigó la función del Estado y todo su aparataje institucional, directo y aledaño, en su actuar.

La movilización de los ministros por Valparaíso, y de la misma ex ministra Blanco, hoy en el Consejo de Defensa del Estado, no ha sido por las propuestas del informe. Ha sido por silenciar la responsabilidad política de Javiera Blanco, figura muy cercana a la presidenta Bachelet, entusiasta impulsora junto a otros de su campaña presidencial del 2013 y cercana a la DC.

Las referencias a Blanco son mínimas en un documento de más de 500 páginas. Un par de párrafos, aun cuando certeros y directos, que no dejan dudas respecto a su responsabilidad. En la página 391 se puede leer: “Quienes se encontraban a la cabeza de la cartera de Justicia contaban con las herramientas para impedir muchas de las desgracias que hemos tenido que lamentar en los últimos meses, y no parecen suficientes las excusas de deficiencias estructurales históricas”. Sin ir más lejos, con posterioridad a la Comisión Investigadora Sename I, que evacuó su informe en el año 2014, “se sucedieron una serie de muertes y desgracias que tienen como común denominador la omisión negligente de quienes ocupaban la cartera de Justicia, y particularmente de Javiera Blanco Suárez, quien terminó dejando su cargo en medio de enormes cuestionamientos y con una aprobación pública inédita desde el retorno a la democracia: tan solo un 19% de aprobación”.

Las insistentes presiones desde las más altas esferas del gobierno a los parlamentarios sólo pueden interpretarse bajo argumentos de rentabilidad política y cálculos electorales. Mucho de esto inspira también a la oposición, sin embargo bajo esta tensión, bajo este pleito, queda una vez más una materia no resuelta que involucra a uno de los sectores más débiles de nuestra sociedad. Con este episodio también queda en evidencia el oblicuo sentido de hacer política y la separación, con características irreversibles, entre la clase política y la ciudadanía.

En este sentido, son lamentables las cifras de apoyo y sumisión de los diputados y diputadas a las presiones del gobierno.

El Ciudadano
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