La coalición que actualmente gobierna Argentina, Cambiemos, enfrenta este domingo 22 su primera prueba electoral desde que Mauricio Macri asumió la presidencia en diciembre de 2015, tras ganar los comicios con el 51,34% de los votos en segunda vuelta.

Hoy, poco más de 33 millones de personas, que representan el 75% de la población, deberán escoger los cargos legislativos, provinciales y municipales en seis distritos. A través del sugrafio -que en Argentina es obligatorio- el pueblo decidirá los 127 puestos para diputados y los 24 cargos para senadores, cuyas funciones deberán asumir el 10 de  diciembre de este año, por un período de cuatro años para la cámara baja y seis años para la alta.

Según apuntó en recientes declaraciones a la prensa el Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del ministerio del Interior, Adrian Pérez, están dadas las condiciones para tener una elección transparente.

“Queremos un proceso en paz, con transparencia, tranquilidad e integridad”, subrayó Pérez quien adelantó que ya a las 21 horas local de este domingo se comenzarán a difundir los resultados oficiales.

En tanto, el Comandante Nacional Electoral, general Carlos Pérez Aquino, anunció que se inició “con absoluta normalidad” el proceso electoral en todo el país, a partir de las 8 de la mañana, en más de 14 mil escuelas.

Pero, para muchos analistas, luego del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado, ocurrido el martes en el río Chubut, y confirmado este viernes por sus familiares, la jornada electoral estará lejos de ser “tranquila”.

El sábado, centenares de personas ocuparon las calles de Buenos Aires exigiendo justicia por el joven de 28 años. Asimismo, los organismos históricos de derechos humanos del país, encabezados por las Abuelas de Plaza de Mayo y la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, ratificaron, a través de un comunicado, sus denuncias contra el Gobierno por su “responsabilidad en el encubrimiento del hecho, el ocultamiento de pruebas y el hostigamiento a los testigos y la familia”.

“Tenemos la certeza de que Santiago estaría con todos nosotros si la Gendarmería no hubiera llevado adelante una represión ilegal en la comunidad Pu Lof, con la coordinación y presencia en el lugar del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti”, denunciaron en el texto conjunto Abuelas, Madres, Familiares de Desa- parecidos Detenidos por Razones Políticas, Hijos en la Ciudad de Buenos Aires y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Completan la postura la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación Buena Memoria, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, los familiares de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y el Movimiento Ecuménico por los derechos humanos.

Las agrupaciones mencionaron a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al ministro de Justicia Germán Garavano y al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj entre los que tienen “responsabilidad en el encubrimiento” y al juez federal de Esquel Guido Otranto, por su “vergonzosa actuación”. “Reclamamos se lo sancione por su inacción, ineficacia y parcialidad”, instaron. También repudiaron “el cruel accionar de los grandes medios de comunicación” que “no sólo no respetaron el dolor y el reclamo sino que además difundieron versiones mentirosas”.

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