El asesinato del Rafael Nahuel en medio de la represión  del Grupo Albatros de Prefectura en Villa Mascardi (Provincia de Río Negro, Argentina) golpeó a las comunidades mapuche asentadas a ambos lados de la Cordillera de Los Andes, pero también a las comunidades diaguitas. Por lo mismo, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita – Salta emitió una declaración pública exigiendo justicia por la muerte del joven mapuche, que a continuación reproducimos.

“Como Pueblos Naciones preexistentes y ciudadanos argentinos, nos preocupa el acelerado debilitamiento del estado de derecho que se está produciendo en nuestro país en la actualidad, donde comienzan a violarse las garantías constitucionales y pareciera estar instalándose un virtual estado policial. Es sumamente peligrosa la militarización del territorio ancestral Mapuche en pos de defender los intereses de los terratenientes e inversores extranjeros en clara violación de los derechos constitucionales supra legales vigentes para Pueblos Originarios, así como también de los derechos consuetudinarios o derechos propios de esencia ancestral.

Este  gobierno es el responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, hechos sucedidos en circunstancias represivas y fuera del marco legal ejercidos por la Gendarmería Nacional, y del asesinato por la espalda del hermano mapuche Rafael Nahuel en territorio de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, villa Mascardi, territorio ancestral Mapuche. Este mismo gobierno avala el accionar violento de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien actúa sistemáticamente en contra de las garantías constitucionales. La ministra Bullrich no sólo legitima la violencia institucional en base a una supuesta y dudosa legalidad, sino que lo hace cuestionando la legitimidad de la preexistencia de los Pueblos Originarios a través de relatos ficticios, difamaciones y mentiras que atentan contra la dignidad, el derecho y el ser de los Pueblos Originarios.

Notamos con suma preocupación la reemergencia de discursos autoritarios, represivos, discriminadores y racistas que creíamos superados a partir del proceso democrático, y que nos retrotraen a los sangrientos procesos de colonización y genocidio vividos por los Pueblos Originarios a lo largo de la historia. Pero aún más preocupante es la reinstalación de un poder represivo con atribuciones arbitrarias por encima de la justicia, que utiliza como herramienta legitimadora a los medios hegemónicos de comunicación para impartir “justicia” y mostrar un falaz estado de derecho. Prácticas como estas han sido utilizadas en el pasado para torturar, desaparecer y tener un Pueblo empobrecido y de rodillas que no demande derechos.

El Gobierno Nacional instala la teoría del enemigo interno, culpando de violencia a grupos virtuales creados por el relato de medios de comunicación hegemónicos afines a sus intereses, y representa a los Pueblos Originarios como usurpadores ilegales y revoltoso de sus propios territorios. Este discurso implica el regreso del relato de la doctrina de la Seguridad Nacional que reivindica un modelo económico-político de características elitistas y verticalista que suprime la participación amplia y plena de los Pueblos Originarios en su diversidad cultural y en relación intercultural entre el Estado y las instituciones legitimas de los Pueblos Originarios, de acuerdo a sus propias pautas organizativas y culturales. Los Pueblos Originarios, como sujeto de derecho y sujeto político, tenemos derecho a incidir en las políticas públicas destinadas al sector. Sin embargo, vemos con claridad que este gobierno elimina y coarta derechos y se instala desde una matriz militar – represiva, con apariencia democrática.

En nombre de la soberanía y la Seguridad Nacional, el gobierno nacional timbea y saquea nuestros bienes naturales, culturales y espirituales, espacios que son parte indivisible de la vida de cada uno de los Pueblos Originarios. Preservar estos espacios es preservar la vida de nuestras futuras generaciones. Pero no sólo esto ocurre en la Argentina en la actualidad. El gobierno nacional está promoviendo la exclusión de la mayoría de los argentinos a través de falaces reformas laborales, previsionales y tributarias, que no son más que la institucionalidad del trabajo esclavo, la transferencia indiscriminada de la riqueza a las corporaciones del capital extranjero, la pérdida de derechos adquirido, y la retirada del estado y de su rol de protector y garante del acceso a los derechos fundamentales de incidencia colectiva que tenemos como seres humanos. Esto es lo que lo caracteriza a este gobierno de carácter CEOcrático, neoliberal, cruel y depredador que, para sostenerse, recurre a la violencia encubierta en la legalidad y en la impunidad.

Desde nuestro territorio ancestral repudiamos energéticamente y con toda la fuerza de los cuatro vientos el accionar de este gobierno neoliberal que ataca sistemáticamente los derechos fundamentales de incidencia colectiva, de rango constitucional, consuetudinario y supra legales vigentes para los Pueblos Originario, atentando con la vida de los poseedores ancestrales de los territorios quienes, como Pueblos Naciones preexistentes, estamos desde miles de años antes de la conformación del Estado argentino y tenemos derecho a vivir en paz en nuestros territorios. Los más de 40 Pueblos Originarios que habitamos este país plural, apelamos y convocamos a la PAZ y a la LIBERTAD, únicos garantes para que podamos convivir en igualdad y diversidad junto a la sociedad. Sólo queremos vivir en nuestros Territorios y luchamos por nuestros derechos que nos asisten y por la construcción de un Estado de iguales, inclusivo y plural.

Nuestra abrazo a la Nación Mapuche, y con este abrazo enviamos nuestra solidaridad, fuerzas y energías a la familia del hermano Rafael Nahuel. Su espíritu continuará junto a cada uno de nuestros mártires y héroes que entregaron su vida en defensa de nuestra Identidad y Territorio”.

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