La Cámara de Diputados en Argentina aprobó el pasado miércoles 8 de noviembre con 214 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, hasta el 23 de noviembre de 2021. La noticia ocurre en medio de la profunda crisis que están viviendo las comunidades originarias en Argentina, expresadas en las detenciones de Facundo Jones Huala, líder del pueblo mapuche, preso en forma irregular.

A ese caso se le suma el del el recientemente liberado Agustín Santillán en tierras formoseñas, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado durante una protesta mapuche, los ataques a las comunidades por las tierras, las explotaciones mineras y la apropiación del agua.

“La prórroga de esta ley es una conquista de los pueblos originarios que se han movilizado en todo el país por su derecho a la tierra y por la prórroga de la ley que los protege contra los desalojos”, declaró el diputado salteño del FIT Pablo López.

A su vez, la definió como “una conquista que tiene un valor adicional porque ha sido arrancada en el marco de un avance del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que actúan al servicio de los grupos empresarios –las mineras, las petroleras- y los terratenientes, y que quieren desplazar a los pueblos originarios de sus territorios ancestrales para el avance de sus negocios”.

El diputado del PRO/Cambiemos, Daniel Lipovetzky, había dicho que “es necesario terminar el censo”, “falta relevar aún el treinta por ciento de las tierras”.

“Ojalá sea la última prórroga para que los pueblos originarios tengan certeza de las tierras que les corresponden”, aseguró.

La ley 26.160, sancionada en 2006, declara -en todo el territorio nacional y por cuatro años- la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.

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