La comunidad de Socoroma inició, el pasado jueves 12 de octubre, una serie de movilizaciones pacíficas en las cuales advierten que las cerca de 9 mil hectáreas de Pampa Campanane, traspasadas por el Ministerio de Bienes Nacionales al Ejército en el marco del Acta Chena IV de 2016, se ubicarían en una zona arqueológica.

Frente a esta situación, fue la propia ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, quien informó que dichos terrenos “no se encuentran dentro de áreas de desarrollo indígena”. “Al momento de realizarse el estudio del terreno destinado por parte del Ministerio de Bienes Nacionales al Ejército de Chile en el sector de Campanane, no existía antecedente alguno respecto de que hubiesen sitios arqueológicos ni demandas indígenas ni ocupaciones ancestrales, datos que fueron conocidos por el Ministerio de Bienes Nacionales el 17 de octubre de 2017, es decir, un año después del acuerdo Acta de Chena IV”, declaró la ministra, citada por El Morrocotudo.

La personera de gobierno detalló, además, que de acuerdo a la Ley Nº 17288, sobre monumentos nacionales, en lo relativo a restos arqueológicos, por el sólo ministerio de la ley corresponde su protección al Estado, “por lo tanto, el Ejército de Chile como toda institución pública se encuentra obligada a protegerlos”.

De acuerdo a informaciones entregadas por el académico e investigador socoromeño, Carlos Choque, Pampa Campanane se ubica en el occidente del territorio de Socoroma, “zona rica en arte rupestre prehispánico y arquitectura precolombina y colonial, tales como caminos hacia el valle de Lluta, apachetas, altares de origen pre-inca y antiguos refugios de pastoreo de los abuelos”.

Gloria Huanca, habitante socoromeña, dijo que en vista del valor patrimonial y arqueológico del lugar, es preocupante que se haya realizado la destinación de ese territorio para prácticas militares.

“Nos preocupa si se consideró consulta indígena, si se tomó en cuenta la flora y fauna, si afecta al ecosistema, las tradiciones que se pueden perder. Solicitamos al seremi que nos facilite la información necesaria y ver la forma de remediar si se vulneran nuestros derechos, él nos dijo que no lo puede entregar, así que recurriremos a otras vías de información. Nos pasaron a llevar una vez más”, dijo Huanca.

Ante esta situación, la comunidad de Socoroma se declaró “en movilización”, anunciando que recurrirán a diferentes instancias para lograr que se retire a los militares de sus terrenos ancestrales, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos internacionales pactados por Chile en materia de pueblos originarios, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En ese sentido, una de las acciones fue la solicitud a la alcaldesa de Putre, Maricel Gutiérrez, para que pida la información sobre el sitio al Ministerio de Bienes Nacionales.

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