En el marco de una auditoría interna a los procesos de conservación de caminos realizados por la Dirección de Vialidad del Maule entre 2015 y 2017, la Contraloría General de la República detectó que funcionarios del servicio no trasparentaron su relación con empleados de firmas supervisadas por la entidad.

La fiscalización pretendía revisar los mecanismos empleados por la entidad del MOP en el diagnóstico y priorización de necesidades para la red vial del Maule, verificando si la posterior asignación de recursos fue eficaz y cumplió con criterios objetivos.

En este contexto, el Informe de Investigación Final Nº 741/17 estableció que la directora regional de Vialidad de la época, Victoria Fernández González, “trabajó en la Sociedad Asfaltos del Maule Ingeniería y Construcción limitada, entre marzo y octubre de 2006, y desde enero de 2007 hasta septiembre de 2011”.

Además, determinó que su cónyuge formaba parte de la empresa cuando ella intervino en cuatro procesos como integrante de la comisión evaluadora, y como jefa del Departamento de Contratos e inspección fiscal de Vialidad, sin abstenerse de participar en la suscripción de actas que aprobaron modificaciones contractuales en favor del particular.

Se comprobó así que en el proyecto “Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la provincia de Talca, sector San Clemente poniente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa I, Región del Maule”, ejecutado por la Sociedad Asfaltos del Maule, Fernández suscribió documentos teniendo como contraparte a su esposo.

La irregularidad -que en el presente motiva un sumario administrativo en la Dirección de Vialidad ante eventuales faltas a la probidad administrativa-, se repitió en relación con caminos ubicados en Retiro y Longaví, ambas comunas de la Provincia de Linares.

Según Contraloría, otro pariente de la directora trabajaba en la empresa Jorge Ugarte Ingenieros Consultores “como ingeniero residente de la asesoría a la inspección fiscal, firma que mantiene contratos de consultoría con Vialidad”, lo que tampoco fue transparentado oportunamente.

Relaciones entre servidores públicos y empresas no fue lo único develado por el organismo de control. Otro punto del documento señala que Vialidad “no cuenta con un diagnóstico y catastro completo del estado real vial de la Región del Maule, imposibilitando así la idónea administración y gestión de los recursos públicos comprometidos”.

Se determinó en cuatro contratos la existencia de múltiples partidas cuyas cantidades fueron aumentadas, las que en conjunto importaron, al menos, “el doble de lo contratado inicialmente, afectando así los principios de eficiencia, eficacia y economicidad”, y el “adecuado resguardo de los bienes y recursos públicos invertidos”.

Esto considerando que “en los informes de adjudicación de esos contratos, parte de su fundamentación se refiere a que el costo de tales ofertas fue el más conveniente atendido que estaba bajo el presupuesto oficial respectivo, lo que se contradice con los desembolsos totales efectuados”.

Las conclusiones también reflejaron anomalías en el área de ejecución de operaciones, dado que Vialidad realizó administración directa en tramos de caminos que ya estaban bajo la responsabilidad de un contratista vigente en el Maule, una “falta de coordinación interna” que implicó superponerse a contratos de conservación adjudicados a la empresa Constructora Tricam Limitada en caminos de Teno, Rauco y otros.

Las situaciones, sumadas a falencias en el sistema de seguimiento de denuncias y reclamos a Vialidad, llevaron a la Contraloría a plantear que el director nacional de Vialidad “no ejerció un control jerárquico permanente” al interior de la organización.

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