La Contraloría General de la República solicitó un informe a Gendarmería de Chile para aclarar eventuales infracciones a la Ley de Lobby en el marco de contactos realizados por el Ministerio de Justicia de Javiera Blanco para que una empresa, integrada por ex oficiales de Carabineros, pudiera ofrecer sus servicios a la institución.

Según fuentes del organismo penitenciario, Blanco llamó personalmente al director de ese entonces, coronel Tulio Arce, para que éste recibiera en dependencias de la Dirección Nacional a emisarios de la firma Aseconse, “dedicada a la evaluación del riesgo, control de gestión, modelamiento de procesos estratégicos y búsqueda de soluciones integrales, en materias de seguridad pública y privada”, como indica su sitio web.

En la sociedad figura como Director de Seguridad Estratégica el ex policía que estuvo encargado de investigar sin éxito la alerta de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que en 2011 dio a conocer los primeros indicios del fraude al interior de Carabineros: el oficial (r) de inteligencia Gonzalo Alveal Antonucci.

Otro cargo relevante de director “en Innovación TIC”, según LinkedIn, lo ocupa el general (r) Gerardo González Theodor, director de Planificación y Desarrollo de Carabineros entre 2007 y 2011, e Inspector General del cuerpo verde oliva en 2012, quien luego de verse envuelto en cuestionamientos por distintas irregularidades en el Departamento de Telecomunicaciones e Información abandonó las filas.

Ante un requerimiento efectuado por El Ciudadano vía Ley de Transparencia, Gendarmería confirmó que con fecha “5 de octubre de 2016, en el Marco de la Comisión de la Carrera Funcionaria, se recibió en la Escuela de Gendarmería, a sugerencia del Ministerio de Justicia, a la Empresa consultada”.

Esto “con la finalidad que expusiera sobre su experiencia para poder participar en una propuesta de estudio de reestructuración organizacional del Servicio, en caso de que sus servicios fueran necesarios, hecho que una vez finalizada y analizada su exposición la Institución determinó que sus servicios no eran necesarios para los objetivos planteados”.

Pese a lo anterior, Gendarmería aseguró no guardar registros de la “sugerencia” efectuada desde Justicia, ni copia de las comunicaciones que existieron para coordinar la reunión con Aseconse, tanto internas como externas, o minutas confeccionadas por la institución para transparentar su relación con gestores de intereses.

En este punto, una vez elevado el caso al Consejo para la Transparencia a través del amparo C2472-17, Gendarmería argumentó que la consultora  “se reunió con integrantes de una mesa de trabajo que no reviste bajo ningún punto de vista las características necesarias para ser sujeto pasivo”.

Analizada la respuesta, y dejando en claro que no tiene atribuciones para fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Lobby, el Consejo decidió remitir los antecedentes a la Contraloría, entidad que dio, a partir del 29 de noviembre, un plazo de 10 días hábiles para que Gendarmería emita un pronunciamiento.

Cabe recordar que en febrero, la Contraloría rechazó la instrucción que Javiera Blanco entregó en su calidad de ministra de Justicia para incorporar a cuatro funcionarios en comisión de servicio a Gendarmería, con contratos superiores a $3 millones.

El Ciudadano pidió una entrevista con la actual consejera del CDE, pero no hubo respuesta. Fuentes señalaron que Blanco es amiga de los uniformados que están detrás de Aseconse, tanto así que los tres habrían compartido un viaje en crucero durante el primer gobierno de Bachelet, cuando la abogada era subsecretaria de Carabineros.

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