El pasado 25 de octubre el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco dictó su veredicto en el caso Luchsinger-Mackay, juicio realizado tras la muerte del matrimonio de latifundistas ocurrida el 4 de enero de 2013. Los once acusados fueron absueltos y el tribunal estableció tres hechos trascendentales que quedaron plasmados en un contundente fallo. El primero es que la prueba aportada por los acusadores resultó insuficiente para demostrar el carácter terrorista del delito sindicado; el segundo es que tampoco lograron acreditar la participación de los inculpados en el incendio; y en tercer lugar se sostiene que la declaración de José Peralino -uno de los que debieron enfrentar a la Justicia y en cuya supuesta declaración se sostuvo la tesis del Ministerio Público- adolece a juicio del TOP de Temuco de vicios de ilegalidad que impiden otorgarle validez probatoria.

Los once acusados fueron liberados ese mismo día, luego de permanecer la mayoría alrededor de un año y medio en prisión preventiva, en el marco de la invocación de la Ley Antiterrorista. Sin embargo, sin perjuicio de lo esencial que resulta la recuperación de la libertad para los involucrados, este mediático proceso se tradujo en una serie de afectaciones hacia ellos, derivadas de lo que se ha denunciado como un actuar racista, de un sesgo investigativo y de abusos en el ámbito de la libertad y la presunción de inocencia por parte de las policías, el Ministerio Público, la prensa y la clase política.

RACISMO Y SESGO INVESTIGATIVO

Rodrigo Román

“Los fiscales no actúan de conformidad a la ley muchas veces porque en este empecinamiento, en esta visión sesgada, racista en algunos casos, se empeñan en condenar más que en investigar; quieren condenas a toda costa y eso no es posible en un Estado de Derecho”, sostiene Rodrigo Román, uno de los abogados defensores del caso Luchsinger-Mackay. Esto, en un escenario donde lo que los tribunales orales en lo penal les han demandado -apunta- “no son mayores exigencias o elevar el estándar, como dicen eufemísticamente, sino que actúen de conformidad a la ley”.

El integrante de la Defensoría Popular describe así el accionar del Ministerio Público en juicios como el que le tocó enfrentar y que acá se tradujo, entre otras cosas, en el abandono de otras cinco líneas investigativas por parte de Fiscalía, centrándose finalmente en la supuesta responsabilidad de los once acusados. Esas otras tesis tenían que ver, por ejemplo, con una eventual participación de un cuñado del machi Celestino Córdova, único condenado por la muerte del matrimonio, o con una persona finalmente no imputada que manifestó en su entorno tener “cargo de conciencia” por lo ocurrido y una inclinación al suicidio como vía de escape.

Para Román hubo un doble discurso de parte de la Fiscalía. Esto se tradujo, según relata, en que en la apertura del juicio el fiscal Alberto Chiffelle señaló que todas las demás líneas investigativas estaban agotadas, mientras que su par, el fiscal Luis Arroyo, sostuvo en el alegato de clausura que estaban todas abiertas. “En las otras cinco líneas investigativas se ha señalado que al menos serían otras 50 personas, entonces eso le resta seriedad a la imputación del Ministerio Público”, plantea el abogado, quien se pregunta: “¿Por qué entonces apuestan por una en circunstancias que están las otras cinco líneas abiertas?”.

Ingrid Conejeros es vocera de una de las inculpadas en el caso Luchsinger-Mackay, la machi Francisca Linconao. Desde esa condición advierte un trabajo de la Fiscalía que “en general es muy poco serio, muy poco profesional”, y coincide con Román al adjudicar también a una discriminación de origen dicho actuar. “Desde la visión nuestra es un trabajo que tiene que ver más con un sesgo racista que con uno de investigación policial”, señala. Algo que, a su juicio, quedó demostrado en el uso de la supuesta declaración de José Peralino, calificada por ella como “ilegítima”. “También ahí pusieron nombres específicos que obedecen solo a un afán de persecución más que de investigación y de llegar a la verdad”, plantea.

EL “TESTIGO CLAVE” Y LOS INDICIOS DE MONTAJE

La acusación contra los once inculpados por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay se sostuvo básicamente en aquella declaración de Peralino que menciona Conejeros. Según las policías y la Fiscalía, en una ronda de fotografías él habría identificado a las otras diez personas que fueron llevadas ante la Justicia. Junto con ello, habría detallado a la PDI la forma en que se llevó a cabo el ataque. Sin embargo, el 13 de abril de 2013 Canal 13 emitió una entrevista exclusiva a Peralino, en donde el “testigo clave” del caso acusa que su declaración inculpatoria había sido conseguida bajo amenazas.

“Ellos me obligaron. Tenían una computadora y en esa computadora empezaron a mostrarme fotos, y después el (subcomisario Guillermo) Vilches ese, que estaba trabajando todavía, me empezó a chantajear y amenazarme: ´Ya Peralino, tú tení que hablar aquí´. Y entonces yo empecé a mencionar por el miedo de que ellos me decían: ´Si no declarai aquí hueón, tú quedai aquí remachao´”, aseguró el entrevistado a Canal 13.

Además, José desmintió también su participación en la representación virtual que hizo la PDI en donde se detalló cómo fue supuestamente el ataque. “Eso es un chantaje de la policía, porque (el subcomisario) Vilches incluso ese día sacó una hoja de cuaderno, y eso mismo que está mostrando usted empezó a hacerlo”, le dice al respecto Peralino a su entrevistador.

Finalmente la Justicia le dio la razón al llamado “testigo clave”, estableciendo en el fallo de absolución de los once inculpados que su declaración −“la única fuente de información de la que derivan todas las demás pruebas de imputación”, apuntó el juez del TOP de Temuco− “adolece de vicios de ilegalidad e impiden otorgarle validez probatoria”.

“Nosotros siempre hablamos de que Peralino era una víctima más. Fue extorsionado, amenazado hasta de muerte, de él y su familia. Se le ofreció dinero para que pudiera decir lo que los policías querían que dijera; o que firmara la declaración que los mismos policías escribieron. Él es una persona que ha sufrido apremios ilegítimos, que fue prácticamente torturado”, asegura Ingrid Conejeros, quien descarta de paso que José haya actuado con una mala intención. “Fue presionado, fue una estrategia muy macabra que usaron los fiscales para inculpar a otras personas”, añade.

Para el abogado Rodrigo Román lo ocurrido con la supuesta declaración de José Peralino “dejó al descubierto que era un trabajo, un lío, armado desde la inteligencia policial y no se pudo dar fe o darle veracidad a sus supuestos dichos”. Algo que comparte Conejeros, quien sostiene que lo adjudicado a este acusado “fue prácticamente una línea investigativa que la policía armó, que los fiscales Chiffelle y Arroyo armaron, por lo tanto eso -como nosotros hemos denunciado- es un montaje”.

En ese sentido, la vocera de la machi Linconao menciona algunos de los elementos que a ellos los llamaría a hablar de un montaje. Uno tiene que ver con el análisis de huellas que hizo la policía y que los habría llevado supuestamente a la casa de la autoridad ancestral. Conejeros explica que las huellas estaban a un kilómetro y 200 metros de dicha vivienda y que desde ese punto se trazó una línea recta en dirección al hogar de Linconao, “sin que existiera −dice− algún indicio de que por ahí habían, digamos, huido las personas. O sea, no había nada que relacionara directamente a este punto con la casa de la machi”. Junto con ello argumenta que entremedio hay por lo menos unas 10 ó 12 viviendas más. “Esa línea que ellos trazaron antojadizamente de forma recta hacia la casa de la machi era porque realmente querían llegar ahí”, acusa.

Ingrid Conejeros

Conejeros fue también quien en los días previos al fallo del TOP de Temuco difundió a través de Facebook un video donde se mostraba el primer allanamiento efectuado por Carabineros al hogar de la machi, y en donde en un minuto se observa que un policía de civil hace ingreso a la ruca de Linconao, mientras afuera queda otro resguardando la puerta. Luego, fue en ese lugar donde supuestamente se hallaron elementos “de prueba”, como armamento y un pasamontañas. “Nuevamente se ve que existe un montaje porque de todos los imputados, precisamente era la machi quien tenía una relación -y una buena relación- con esa familia (Luchsinger-Mackay). Entonces, es la menos indicada para señalarla como autora intelectual de un daño hacia otras personas”, concluye Ingrid.

“DERECHO PARA RICOS Y DERECHO PARA POBRES”

No bien se había conocido el veredicto del caso Luchsinger-Mackay, cuando distintas autoridades y protagonistas del ámbito político y judicial salieron con urgencia a cuestionarlo. Por ejemplo, el candidato de Chile Vamos a La Moneda, Sebastián Piñera, y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, criticaron de forma calcada la resolución, planteando que esta fue “un fracaso del Estado”, agregando el segundo que el fallo “nos genera muchas dudas, muchas inquietudes”.

Se evidenciaba entonces una de las arbitrariedades que acompañó todo el proceso judicial, y en donde la clase política y los medios de comunicación jugaron un rol principal: la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

“Los ricos y los poderosos siempre hacen lo mismo: cuando pierden un juicio relativizan la presunción de inocencia; para la disidencia no existe la presunción de inocencia porque ellos (los ricos y poderosos) a través de los medios instalan la idea de que son igualmente culpables y que por deficiencias del sistema judicial y por el trabajo de las policías, no se pudo condenar”, sostiene Román al respecto, y agrega: “Eso confirma que existe un derecho para ricos y un derecho para pobres”.

Foto: La Tercera

Para la vocera de la machi Linconao, los cuestionamientos al fallo absolutorio no hacen más que evidenciar “una persecución ya ideológica y directa hacia el pueblo mapuche”. Conejeros reflexiona en lo sintomático que resulta que quienes -dice- permanentemente hablan “de obedecer, de la autonomía del Poder Judicial o del Estado de Derecho, cuando no les es conveniente un fallo son capaces incluso de ensuciar su propio sistema y decir que este no funciona”. En ese sentido menciona, por ejemplo, que este ha sido usado para mantener en prisión preventiva por hasta casi dos años a comuneros mapuches. “Hay una contradicción tremenda, un doble estándar, un doble discurso, y lo más terrible es que se ve el odio y el ensañamiento hacia el pueblo mapuche”, señala.

Una afectación a quienes deben enfrentar a la Justicia que también ha sido posible observar en las implicancias que reviste el hacerlo en el marco de la Ley Antiterrorista, donde en este caso las críticas han estado centradas en lo excesivo de la duración de la prisión preventiva.

En este contexto, el Gobierno ha anunciado el envío de una reforma a dicha normativa, lo que para el defensor del caso Luchsinger-Mackay carece de una justificación atendible. “Cualquier persona con sentido común puede darse cuenta que ni por lejos estamos en presencia del fenómeno del terrorismo en nuestro suelo”, sostiene Román, quien postula que a partir de los ataques que han tenido lugar en el último tiempo en países de Europa o Medio Oriente, se ha pretendido instalar “a través de una maniobra política, una caricatura respecto al pueblo mapuche, homologando a todas las comunidades en resistencia o en lucha con el terrorismo”. “Más que necesitar una ley sobre conductas terroristas, lo que se tiene que reforzar es el trabajo de las policías, de la Fiscalía, y que lo hagan de conformidad a la ley”, sentencia el abogado.

LUCHSINGER VERSUS MACKAY: LAS DUDAS QUE PERMANECEN

La difusión del veredicto absolutorio en favor de los once acusados en este mediático caso trajo a la memoria para muchos un particular episodio de violencia ocurrido en el seno de las familias Luchsinger y Mackay el 19 de julio de 2013, a poco más de cinco meses de ocurrido el asesinato del matrimonio de latifundistas. Aquel día, tras enterarse de que el terrateniente Donald Mackay daría una entrevista al diario El Austral de Temuco por un conflicto familiar derivado de un fundo en disputa en Vilcún, siete miembros del clan Luchsinger llegaron hasta el lugar y lo golpearon, secuestrando de paso durante una hora al equipo del medio de comunicación, periódico que al día siguiente denunció el hecho, publicando las fotografías del ataque.

Un eventual atentado proveniente desde el interior de la familia Luchsinger-Mackay no estuvo considerado dentro de lo indagado por la policía y el Ministerio Público. Sobre esto, el abogado Román cree que -tomando en cuenta las imágenes difundidas- “con legítima razón algunos han levantado aquellas como una posible línea investigativa que no es posible descartar mientras no se investigue”.

Por su parte, Ingrid Conejeros adhiere a la postura de que esta podría ser una línea investigativa. Sin embargo, el problema tiene que ver −cree− con que “la mayoría de los fiscales y de la gente que está en el Poder Judicial son latifundistas o tienen fundos, o sus familias son dueñas de fundos en tierras mapuches, por lo tanto nunca van a entrar a revisar sus propias heridas, sus propias ‘yayas’”.

Junto con ello, profundiza en lo ocurrido en Vilcún. “Tienen grandes conflictos, no solamente esta familia, sino que otras también dentro del Wallmapu están en esta misma situación, y ahí lo que se evidencia es que no tienen ningún escrúpulo para llegar a usar la violencia entre ellos mismos”, sostiene Conejeros.

Por Daniel Labbé Yáñez

*Artículo publicado en la edición nº 218 de la revista El Ciudadano.

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