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    La transnacional estadounidense Mars Inc. es acusada de extraer una especie de maíz nativo de Oaxaca, en México, para explotar su potencial comercial. Por ello, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) resolvió que es socialmente relevante que se conozcan los documentos del caso para corroborar los señalamientos.

    El INAI ordenó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que “asuma competencia” y presente públicamente toda documentación vinculada a este presunto caso de piratería de recursos genéticos.

    En agosto pasado, un equipo científico conformado por las universidades Davis de California y Winsconsin-Madison, así como por la transnacional, reportó que hace 12 años (en 2006) extrajo de México muestras de un tipo de maíz desarrollado por los pueblos indígenas de la Sierra Mixe, para aislar sus características genéticas y explotarlas comercialmente.

    Sin embargo, la autorización para obtener estas muestras no fue solicitada por Mars Inc. sino hasta 2015, es decir, nueve años después de que el maíz fue extraído, sólo cuando fue reproducido con éxito en Estados Unidos, tal como informaron las autoridades federales al ser consultadas por Animal Político.

    Las leyes mexicanas imponen diversos requisitos a los equipos científicos que se proponen obtener muestras de recursos biológicos o genéticos nacionales, y el primero de ellos es obtener un permiso de forma previa al levantamiento.

    El santo grial

    El reporte del equipo científico patrocinado por Mars Inc., mediante el cual quedó en evidencia este presunto caso de piratería genética, destaca que este tipo de maíz (desarrollado por pueblos indígenas mediante procesos ancestrales de selección de semilla) no requiere agroquímicos para su producción, por lo que puede considerarse como el “santo grial” de la industria agroalimentaria mundial.

    En septiembre pasado, cuando Animal Político solicitó a la Sagarpa una copia de la documentación mediante la cual Mars Inc. dice haber cumplido con los requisitos impuestos por la ley, dicha dependencia se declaró incompetente para atender el tema.

    No obstante, luego de analizar esa negativa, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública no sólo determinó que la Sagarpa sí es sujeto obligado en esta materia, sino que “omitió realizar una búsqueda exhaustiva” de los documentos que sustenten la legal extracción del país de las muestras de maíz mixe.

    No hubo consulta indígena

    El INAI destacó que entre los requisitos que debieron haberse cumplido, de forma previa al levantamiento de muestras, está el contar con “consentimiento previo expreso e informado” de los pueblos indígenas, obtenido mediante “consulta” a las comunidades indígenas involucradas, que en este caso son los 17 municipios indígenas que conforman la Sierra Mixe.

    Asimismo, los ordenamientos legales internacionales suscritos por México obligan a que en estos procedimientos se garantice a los pueblos indígenas un reparto justo y equitativo de las ganancias que se obtienen por la explotación de los recursos genéticos de sus territorios ancestrales.

    Aunque Mars Inc. y el Gobierno mexicano afirman que estas disposiciones sí se cumplieron, no accedieron a presentar pruebas de la supuesta consulta realizada entre los pueblos indígenas, ni de que esta supuesta consulta haya sido realizada antes de la toma de muestras.

    Mars Inc. informó a Animal Político que no podía revelar qué comunidad indígena había otorgado su consentimiento para la extracción del maíz mixe, ni qué había recibido a cambio, en respeto a su “privacidad”, y las autoridades federales informaron que no conocen esa información, por tratarse de un “acuerdo entre particulares”.

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