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    Escribe: Silvia Ferreyra*

    Apenas asumió el gobierno, Macri decidió profundizar los enormes privilegios de las grandes mineras que operan en el país. La baja en las retenciones del sector fue sólo el primer paso.

    A mediados del año pasado avanzó con la firma de un nuevo Acuerdo Federal Minero, que entre otros aspectos unifica los regímenes de impuestos entre las distintas provincias, libera a las empresas del pago del IVA en el total de regalías a pagar, prohíbe a las empresas públicas mineras provinciales intervenir en la actividad, salvo que lo hagan en sociedad con privados, en igual trato. Pone en manos de las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy la definición del régimen para la explotación de litio, siendo un mineral energético estratégico y materia de interés federal.

    A diferencia del anterior acuerdo impulsado por Menem en los 90, no todas las provincias firmaron en esta oportunidad: Chubut, San Luis, La Rioja, La Pampa, Santa Fe, Tucumán, no suscribieron al menos por ahora; tampoco fue refrendado por el Congreso Nacional: es parte de la agenda legislativa pendiente del oficialismo para el 2018.

    Este gobierno, que tanto criticó al kirchnerismo pregonando el “cuidado de las instituciones”, insiste ahora en avanzar desconociendo la decisión soberana de siete provincias que sancionaron leyes para prohibir o restringir este tipo de minería. Sólo un ejemplo: días después de que el Concejo Deliberante de Esquel se pronunciara en rechazo a la megaminería en Chubut, ratificando la Ley Provincial en ese sentido, el propio ministro Aranguren visita la provincia para reactivar el proyecto megaminero “Navidad”.

    Por eso no resulta extraño que desde fines del año pasado el gobierno se refiera en todo evento o reunión del sector minero a la Ley de Glaciares como un verdadero problema para el desarrollo de la actividad. No conforme con los vicios en la aplicación de la ley, a partir de la confección de un inventario de glaciares que deja afuera buena parte del área a proteger, ahora redobla la ofensiva buscando respaldo político para modificar la norma.

    Pero no le va a ser fácil lograr su cometido. Se olvida que la Ley de Glaciares fue sancionada dos veces, luego del conocido “Veto Barrick” durante el gobierno de Cristina, gracias a la movilización y el debate de parte importante de la sociedad, que sigue cuestionando los enormes beneficios de las mineras, quienes se llevan el agua y toda nuestra riqueza a cambio de pobreza y contaminación. Por eso es importante apoyar la iniciativa de la Asamblea de Jáchal y todas las que surjan para poner freno a esta nueva ofensiva del gobierno.

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    *Silvia Ferreyra , Coordinadora del Área de Ambiente del ISEPCi

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