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    La comunidad aborigen Cueva del Inca, en Tilcara, Argentina, fue reprimida por la Policía de Jujuy, en el marco de una protesta que realizan desde hace días con cortes parciales de una ruta nacional.

    Los motivos del reclamo son básicamente dos: el rechazo a la megaminería y la exigencia de que se levante una medida cautelar de prohibición de innovar dictaminada por el juez Sebastián Cabana, en marzo de 2015, que impide a algunas familias de la comunidad tener luz eléctrica, agua potable, ampliar sus viviendas, desarrollar emprendimientos de economía comunitaria, usar su salón cultural, entre otras acciones.

    Tras la represión, los voceros de la comunidad convocaron a comunidades indígenas, organizaciones civiles, centros vecinales, ambientalistas y ciudadanos en general a sumarse, en el acceso a Puerta Huichaira, en rechazo a la la explotación minera extractivista y en defensa del agua, la vida y el territorio.

    La protesta

    Verónica Mamaní, presidenta de esa comunidad, le contó a El Tribuno de Jujuy que en horas de la mañana, cuando “realizaban un corte pacífico de ruta en medida de protesta, llegó la Policía de la Provincia junto a Infantería y sin mediar palabras o presentar alguna orden de desalojo, comenzaron a reprimir a los que estábamos ahí”.

    La mujer denunció el “robo de cámaras y celulares y que se llevaron detenidas a seis personas. Se trata de una menor de edad y cinco hombres entre los que se encuentra una persona de la tercera edad con problemas de salud”.

    Mamaní comentó además que, en coordinación “con los hermanos de Pozuelos”,  harán movilizaciones simultaneas. “Así es que desde ayer hacemos cortes a media calzada”, dijo.

    Detalló que uno de los motivos “es que la minería de Chinchillas está haciendo desastres con la laguna y la cuenca de Pozuelos. Es mucha contaminación, se está alterando toda la biosfera, y eso es un peligro para la Puna pero también para la Quebrada. Debemos tener en cuenta que el agua de las mineras llega con el río Grande, y con eso regamos nuestras verduras. Por eso nos manifestamos por un Sí a la vida y un No a la contaminación”.

    Agregó que otro motivo es que “tenemos para nuestra comunidad una medida cautelar inconstitucional, porque se están vulnerando nuestros derechos básicos. Por esa medida, no podemos construir ni un baño, y eso data desde el 2015. Ya pasaron las instancias de la Corte de Apelaciones, en la Corte de la Provincia, y de ahí a la de la Nación, de donde regresó a primera instancia. Ese es un tiempo judicial, pero para nosotros son años de vivir así”.

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