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    Los tres jueces que integraron la Sala IV de la Cámara Penal de Tucumán dieron por probado que los acusados, un empresario y dos de sus custodios, ambos ex policías, participaron del homicidio a balazos de Javier Chocobar, líder de la Comunidad Indígena de Chuschagasta, y de las heridas causadas a otras dos personas.

    Según los testimonios recogidos en la investigación judicial, Chocobar y su familia fueron atacados el 12 de octubre de 2009 con disparos de armas de fuego cuando se resistieron a ser desalojados de sus tierras ancestrales.

    “Es obligación de los gobiernos adoptar medidas eficaces para evitar que dichas violaciones se repitan en el futuro”, opinó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en un comunicado difundido días antes de conocerse este miércoles el fallo judicial.

    El asesinato del dirigente indígena fue analizado, inclusive, por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (ONU), que en 2017 señaló su preocupación por que el crimen no quedara impune y el Estado argentino “adoptara medidas para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas que sufren amenazas, persecuciones y otros actos violentos”.

     

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