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    Este Martes en Bolivia, una comisión designada por el poder legislativo de ese país, la cual realiza una exhaustiva investigación en todos los casos relacionados con la trasnacional brasilera  Odebrecht, informó que han dado con documentos que vinculan directamente al expresidente Carlos Mesa en casos de soborno y corrupción.
    Medios locales han reseñado que Odebrecht recibió respaldo del exmandatario, obteniendo la concesión  para construir carreteras en Bolivia, así lo aseguran los responsables de la investigación luego de hallar documentos respaldados por la rúbrica de Mesa y Carlos Alarcón, entonces ministro de Obras Públicas.

    Poseen documentos que vinculan al expresidente de Bolivia en soborno

    Susana Rivero, diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y representante de la comisión legislativa, informó que tienen decretos firmados por Mesa y Alarcón (2003-2005) para licitar la vía Roboré-Puerto Suarez y su posterior división en dos tramos, con irregularidades rotundas.

    La diputada declaró en un programa local llamado “El Pueblo es Noticia”, transmitido por la televisora  Bolivia TV, la conveniencia de esa repartición que concedió el tramo Roboré-El Carmen a la empresa Camargo Correa y El Carmen-Arroyo Concepción a Odebrecht.

    Asimismo, precisó que durante la investigación de más de cinco meses revisaron presupuestos, declaraciones juradas, y solicitaron también al exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, administración donde comenzaron las negociaciones, y a Mesa, esclarecer esos temas por medio de un cuestionario. Alarcón fue invitado a venir y no acudió.

    Igualmente, señaló al exdignatario por la ineficiencia cómplice de parte de las personas que designó para aclarar las numerosas reuniones de alto nivel que tenían como fin resolver los pedidos de Odebrecht, como declaró el embajador de Brasil, Antonio Mena, y los movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de Alarcón en siete diferentes bancos en Bolivia.

    Por otra parte, Rivero explicó que el informe final entregado el 2 de octubre a la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene indicios para investigar con mayor profundidad, y la información en poder del fiscal general de Perú solo será entregada a su homólogo boliviano y no a la comisión parlamentaria.

    Denunció que recibió amenazas por ese proceso con la intención de distraerla, pero las hace públicas para proteger a su familia

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