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    El pueblo brasileño y la comunidad internacional fueron testigo este domingo 8 de julio de 2018 de una de las maniobras más parcializadas que ha originado la judicialización de la política en Latinoamérica, donde Lula es el protagonista.

    Por primera vez, un juez brasileño tomó la decisión de liberar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha sido objeto durante este año de una persecución judicial en su contra que tiene como objetivo evitar que sea electo Presidente de la República, en las elecciones que celebrará ese país en octubre próximo, proceso en el que su candidatura es ampliamente favorita en todos los sondeos.

    El juez federal Rogério Favreto, miembro de la Corte Federal Regional número 4 de Brasil (TRF-4), emitió a primera hora de la mañana del domingo la orden de liberación de Lula –preso político en Curitiba- al considerar que la decisión del juez Sergio Moro, actualmente de vacaciones en Portugal y uno de los integrantes del caso Lava Jato -proceso que comenzó la judicialización política en Brasil violentando la Constitución- vulneró el debido proceso en el caso de Lula, razón por la que su condena es ilegal y su liberación debía ser inmediata.

    En ese sentido, relata el Boletín 140 del Comité Popular en Defensa de Lula y la Democracia, que Moro desde la distancia dio una orden para evitar la decisión tomada por el juez federal Favreto -su superior- al acusar que no tenía poder legal para liberar el expresidente. En esa línea se sumó otro integrante de la Lava Jato, el juez João Pedro Gebran Neto, quien atendiendo la orden de Moro, revocó la liberación de Lula.

    Sin embargo, en horas de la tarde el juez Favreto, al intentar devolver el orden constitucional y judicial, volvió a determinar la liberación inmediata del líder del Partido de los Trabajadores (PT); dictamen que fue evadido por la Policía Federal, institución que impidió la decisión judicial al desacatarla, para que horas más tarde –en la noche- el presidente del TRF-4, Carlos Eduardo Thompson Flores –otro integrante de la Lava Jato- se impusiera con una nueva orden ilegal que mantiene a Lula como preso político.

    “El 8 de julio de 2018 quedará marcado en la historia de Brasil como la fecha en que cayó la última máscara de la persecución judicial contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tras una decisión favorable al habeas corpus protocolado en el TRF-4 por los diputados Paulo Pimenta (PT-RS), Paulo Teixeira (PT-SP) y Wadih Damous (PT-RJ), que es abogado y miembro de la defensa de Lula, los agentes de la Lava Jato, con destaque para el juez Sérgio Moro, cometieron crimen al usar de todas las maniobras posibles para impedir la liberación del líder petista. Con ello, quedó definitivamente explícito para el mundo que Lula es un preso político de sectores del Poder Judicial brasileño”, dicta el boletín del Comité en Defensa de Lula.

    “Lo que está ocurriendo en Curitiba es algo aterrador. La Lava Jato actúa como una típica organización criminal y Sérgio Moro como un capitán caza esclavos”, denunció Damous, citado en el referido boletín.

    En ese mismo orden Pimenta denunció que la Policía Federal secuestró a Lula al incumplir la decisión judicial. “Lo que la Lava Jato dijo para Brasil hoy fue el siguiente: ‘aunque exista decisión judicial determinando que el Lula se liberado, nosotros no vamos a cumplir esa orden judicial’. Moro cometió un crimen, así como el delegado de la Policía Federal”, lamentó Pimenta.

    El proceder de este grupo de jueces de la Lava jato, que actúan de manera articulada para mantener en prisión al líder progresista que eventualmente ganaría las elecciones presidenciales en Brasil, fue ampliamente condenaco por el colectivo de Abogadas y Abogados por la Democracia que el mismo domingo en la tarde pidió una solicitud de arresto en flagrancia contra Sérgio Fernando Moro y el director de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, Roberval Drex, por no cumplir con la orden emitida por de liberar a Lula, preso desde abril pasado.

    Rechazo a la judicialización

    Por su parte, el gobernador de Maranhão Flávio Dino explicó que la persecución contra Lula ha creado un estado de anarquía jurídica y una pelea judicial sin precedentes. En ese sentido, denunció que tanto Moro como el desembargador del TRF-4 João Pedro Gebran, actuaron de forma ilegal al impedir la libertad de Lula.

    “En el tiempo en que había alguna consistencia y coherencia en el Derecho practicado en Brasil, sólo un órgano colegiado del TRF 4ª Región podría revocar orden de Habeas Corpus deferida por un juez federal. Con la ultrapolitización de la Justicia, ahí tenemos esa pelea deplorable”, acotó Dino.

    La decisión de Favreto de liberar a Lula con carácter de urgencia, originó una serie de movilizaciones populares en todo el país en apoyo a la medida, exigir la liberación inmediata del exmandatario y rechazar nuevamente la persecución judicial de la que también fue víctima la Presidenta Dilma Rousseff, sacada del cargo luego de un golpe parlamentario que posteriormente dio origen al gobierno de facto de Michel Temer, quien se ha dedicado a erradicar todas las reivindicaciones sociales alcanzadas durante los gobiernos de Lula y Dilma.

    Por su parte la presidenta nacional del PT, senadora Gleisi Hoffmann, expresó en un comunicado la postura del partido que condenó la “vergonzosa articulación” contra la liberación de Lula, impedida por el lobby de la Lava Jato que encabezan Sérgio Moro, Thompson Flores y Gebran Neto (amigo de años de Moro); y a los que se sumaron los efectivos de turno de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba.

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