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    La arremetida del gobierno de Jair Bolsonaro contra los pueblos indígenas brasileños, al delegar al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento la responsabilidad sobre la demarcación de tierras originarias, provocó una reacción inmediata de las comunidades organizadas y autónomas que habitan los territorios ancestrales.

    Esta semana, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) solicitó a la Fiscalía General de la República el control judicial de la Medida Provisional firmada por Bolsonaro, mientras se instaura una investigación civil para monitorizar los actos y procesos administrativos de demarcación de tierras indígenas que tramitará el Ministerio.

    Esta decisión afecta a 305 etnias que ocupan poco más del 12 % del territorio brasileño. La mayor parte, casi el 90 %, habita la Amazonía, un espacio de exuberante bosque en el que las comunidades todavía pueden vivir según su cultura.

    En este territorio, el latifundio, que ya ocupa con el agronegocio más del 60 % del territorio, quiere abarcar ese 12 % que está bajo la posesión de los pueblos originarios.

    Según la APIB, la intención del Gobierno, atendiendo al deseo de los granjeros, es sacar a los indígenas de las tierras siguiendo los deseos del capital ultraliberal, que pretende  incorporar a estos grupos  como fuerza de trabajo en las ciudades y en los campos, sin derecho a su propia tierra.

    La Amazonía, además de sus riquezas climáticas y ambientales, posee una diversidad de  minerales, así como potencial para la  construcción de centrales hidroeléctricas y la industria  maderera.

    Por tal razón, la APIB pide se tomen medidas urgentes para evitar el riesgo de daños irreparables a los pueblos indígenas por la suspensión y/o interferencia política en los procedimientos demarcatorios, alcanzados por el eventual comportamiento de la ministra y sus subordinados.

    Además de las acciones en el campo judicial y de la comunicación, las entidades autónomas de organización indígena preparan acciones públicas contra el ataque a su cultura y sus tierras.

    De acuerdo con las comunidades, los importantes pasos dados después de la Constitución de 1988 no pueden retroceder, y Brasil no puede volver a tener una práctica colonial, tal como la que marcó el etnocidio y el memorismo postinvasión.

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