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    El pequeño Cirleudo Cabral Monteza Manchineri, de un año de edad, murió por el impacto de una bala en su cabeza cuando viajaba con su familia en una pequeña embarcación a motor en el río Amazonas, en el estado del Acre, en Brasil.

    En horas de la noche, se acercaban al pequeño puerto de Feria de los Colonos, en la ciudad acreana de Sena Madureira. El padre del bebé apuntaba una linterna a la barranca cuando recibió órdenes para apagar la luz. Para evitar atracar en la oscuridad, él ignoró el mando. El barco fue recibido a balas.

    Para las autoridades, una facción criminal que controla el puerto confundió a la familia con un grupo rival y abrió fuego. Para el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), sin embargo, el crimen está relacionado con “el odio hacia los pueblos originados que han sembrado los invasores de las tierras indígenas”.

    El bebé fue el más joven de los 110 indígenas víctimas de homicidio en 2017, según el informe Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil, organizado por el Cimi.

    En comparación con 2016, cuando eran 118 víctimas mortales, hubo una reducción de 6,7%. Roraima y Amazonas cuentan con 33 y 28 casos, respectivamente. A pesar de la pequeña caída en el total de muertos, el escenario trazado por el documento es sombrío, y no hay motivo para conmemorar: 2017 fue un año marcado por retrocesos en los derechos indígenas y por la eliminación sistemática de sus liderazgos.

    No es sólo la violencia que sella la vida de los indígenas brasileños. El informe del CIMI apunta a ocho casos de muertes provocadas por desasistencia en el área de la salud, en muchos casos involucrando enfermedades de fácil tratamiento. Tari Uru Wau Wau, de la tierra indígena de Río Negro Ocaia, en Rondônia, murió de tuberculosis. Leonardo Leite kanamari, de tierras indígenas en la Amazonía, falleció de malaria.

    Según el informe, el presidente Michel Temer “legitima la violencia contra los pueblos indígenas”, por ayudar a una organización que tiene, al final, como objetivo destrozar la propiedad pública e imponer, incluso por la fuerza, su propósito exploratorio en lo que se refiere a los bienes ambientales, minerales, hídricos y la biodiversidad.

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