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    El juez brasileño Sergio Moro dejó en evidencia a qué intereses políticos responden sus decisiones judiciales, cuando este jueves aceptó ser el Ministro de Justicia del presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

    Después del anuncio, la defensa del exmandatario Luiz Inácio Lula Da Silva, contra quien Moro dictó prisión en abril, aseguró que este fichaje demuestra que Lula fue “procesado, condenado y encarcelado sin que haya cometido un delito, con el claro objetivo de impedirlo políticamente”.

    Por ello, anunciaron que tomarán las medidas necesarias, en el ámbito nacional e internacional, para que se le garantice su derecho “a un juicio justo, imparcial e independiente”.

    Es un lawfare (guerra jurídica) en su esencia, debido a que Lula sufre una intensa persecución política en medio del abuso y del mal uso de las leyes y procedimientos jurídicos”, manifestó el abogado Cristiano Zanin Martins, a través de un comunicado.

    Moro condenó a Lula a prisión en 2017 y dictó su ingreso en abril de 2018. Foto: Web.

    Por su parte, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, se pronunció sobre la decisión a través de su cuenta en Twitter.

    ¡La estafa del siglo! El juez Sergio Moro será ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, quien sólo consiguió elegirse porque Lula fue injustamente condenado e impedido de participar en las elecciones”, escribió.

    Promete “agenda fuerte” contra la corrupción

    A Moro, quien suele vanagloriarse de su “imparcialidad”, se le olvidó que hace dos años dijo en una entrevista al diario O Estado de S. Paulo que “jamás” incursionaría en el mundo de la política. “Soy un hombre de justicia y, sin ánimo de criticar, no soy un hombre de política“, aseveró en esa ocasión.

    Según él, sucumbió ante el llamado de Bolsonaro por “la perspectiva de poner en marcha una agenda fuerte de lucha contra la corrupción y el crimen organizado, con respeto a la Constitución, la ley y el derecho”.

    El tiempo dirá si defiende la justicia en casos como el de Paulo Guedes, posible ministro de Economía del mandatario electo y compañero de Gabinete, sobre quien pesa una investigación por sospechas de corrupción con fondos de pensión.

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