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    Terratenientes en el estado de Pará, en plena Amazonía brasileña, amenazaron e intimidaron este jueves, 8 de noviembre, a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitaban al pueblo indígena Munduruku.

    Estaban acompañados por agentes de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y del Consejo Indigenista Misionero (CIMI). Los victimarios intentaban impedir la celebración de una reunión para escuchar los clamores de estos pueblos, aunque ésta se realizó finalmente.

    Según la CPT, se trata de sectores relacionados con el plantío de soja, que históricamente han invadido las tierras de los pueblos originarios. El hecho pone de manifiesto la cada vez más preocupante situación de los movimientos y pastorales sociales en la región amazónica y en Brasil, en general, una situación que se ha visto agravada en los últimos días con la elección de Jair Bolsonaro como presidente, lo que ha dado rienda suelta a quienes creen ser los dueños del país.

    La reunión sirvió para que los indígenas presentaran sus pautas, comenzando por la propia existencia como pueblo, cada vez más amenazada como consecuencia de la invasión de su territorio, espacio fundamental de su sobrevivencia económica, social y cultural.

    Desde esa situación, solicitaron una vez más la urgente demarcación oficial del territorio Munduruku del Planalto, algo que cada vez será más difícil con la llegada de un Gobierno declaradamente antiindígena.

    Desde la CIDH prometieron elaborar un documento en el que la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomiende al Estado brasileño la garantía efectiva de los Derechos Humanos, especialmente en lo que hace referencia a la protección de los amenazados de muerte por defender estos derechos.

    Además de los pueblos indígenas, han sido escuchados los representantes de las organizaciones y movimientos populares en la región, quienes denunciaron los atropellos del agronegocio y de los grandes emprendimientos contra los pueblos indígenas, descendientes de esclavos, ribereños y sus territorios, así como contra los asentamientos de reforma agraria, la biodiversidad y las aguas, amenazadas por la construcción de un gran puerto en la región.

    Junto con eso, denunciaron la extracción ilegal de madera dentro de los territorios tradicionales, la compra ilegal de tierra dentro de asentamientos de reforma agraria, el aumento de las amenazas, violencia y homicidios contra los pueblos de la región, la negativa a una educación y sanidad diferenciada para los pueblos indígenas, aspecto recogido en la propia legislación brasileña, y el uso intensivo y desmedido de agrotóxicos.

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