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    Jair Bolsonaro está ya en el poder y, a pocos días de asumir, ha decretado el “exterminio” de indígenas, colectivos sexodiversos y comunistas, con medidas destinadas a excluirlos de la sociedad.

    El gobierno de ultraderecha que durante la campaña presidencial amenazó  a estos grupos sociales minoritarios ha concretado las primeras medidas que prenden las alarmas sobre lo que puede suceder en el futuro en la sociedad brasileña de seguir esta persecusión contra los derechos humanos de sectores de la sociedad.

    Mientras, el ministro de la presidencia, Onyx Lorenzoni, ha anunciado que se destituirán a todos los funcionarios con tendencia “comunistas” y  como primera medida se despedirán unos 300 funcionarios con contratos temporales.

    Purga  y privatizaciones

    “La sociedad dijo basta a las ideas socialistas y comunistas que en los últimos 30 años nos llevaron al caos actual”, aseveró el ministro Lorenzoni para quien “no tiene sentido tener un Gobierno como el que tenemos ahora con personas que defiendan otras ideas u otra forma de organización de la sociedad”.

    Bolsonaro ha ordenado por decreto, a través de una “medida provisoria”, la exclusión del colectivo LGTB como sujeto de políticas y directrices pro-derechos humanos, dirigidas a las minorías más vulnerables.

    Esta purga ideológica en la administración pública viene acompañada de medidas neoliberales de vender inmuebles del Estado. “Las primeras informaciones dicen que el Estado tiene cerca de 700.000 inmuebles lo que causa gastos inmensos de mantenimiento”, informó.

    Exclusión de programas sociales

    La nueva cartera de Mujer, Familia y Derechos Humanos, dirigida por la pastora evangélica conservadora Damares Alves, anunció la exclusión  de programas sociales a personas del colectivo LGTB, que sí estaban incluidas en la antigua Secretaría Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos de la Persona Anciana, sustituida por el nuevo ministerio.

    Alves es defensora de los valores de la familia tradicional y abiertamente antifeminista, contraria a los derechos reproductivos.

    En materia indígena Bolsonaro decretó plenos poderes al Ministerio de Agricultura para identificar, delimitar y crear nuevas reservas indígenas y nombró a Tereza Cristina Correa, como ministra del área siendo esta funcionaria, abiertamente detractora de las comunidades originarias.

    La nueva ministra, sin embargo, ha salido al paso de las críticas asegurando que  no afectará a la delimitación de las tierras indígenas, pero el propio Bolsonaro, al definir las nuevas atribuciones del Ministerio de Agricultura indicó: “Más del 15% del territorio nacional está delimitado como tierra de indígenas y descendientes de esclavos. Menos de un millón de personas viven en estos lugares aislados del Brasil de verdad, explotadas y manipuladas por ONGs. Vamos a integrar juntos a estas ciudades y a valorar a todos los brasileños”.

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