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    La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) lanzó este miércoles una campaña mundial contra la política etnocida del gobierno Jair Bolsonaro (PSL) haciendo un llamamiento a la comunidad internacional.

    “Pedimos apoyo de toda la comunidad internacional, de personas vinculadas a los Derechos Humanos, que puedan ayudar a bloquear esa medida de entregar a la Funai a los evangélicos, a los ruralistas y causar una verdadera masacre, un etnocidio en los territorios indígenas de Brasil”, dice Karai Popygua, liderazgo Guaraní de la Tierra Indígena Jaraguá.

    En el Ministerio de Agricultura, la subordinación de la Fundación Nacional del Indio (Funai) a la cartera de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, liderada por Damares Alves, representa un grave peligro para los pueblos indígenas.

    “Alves es una persona que históricamente ha perseguido a los pueblos indígenas. Que predica el fundamentalismo religioso, queriendo imponer la religión cristiana a los pueblos indígenas de Brasil “, dice.

    Chirley Pankará, parlamentario indígena Pankará, dice que esta funcionaria no representa a los pueblos indígenas. “La representante no nos representa. Tenemos 305 pueblos indígenas en el país, con su diversidad de cultura, con su espiritualidad. Vamos a respetar la cultura del pueblo brasileño, respetar a los primeros habitantes aquí de Brasil. No vamos a invadir la casa de las personas con sus costumbres, sus valores y sus realidades”, señaló.

    Arremetida cultural

    La arremetida del gobierno de Jair Bolsonaro contra los pueblos indígenas brasileños, al delegar al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento la responsabilidad sobre la demarcación de tierras originarias, provocó una reacción inmediata de las comunidades organizadas y autónomas que habitan los territorios ancestrales.

    Esta semana, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) solicitó a la Fiscalía General de la República un amparo  judicial contra la medida firmada por Bolsonaro, mientras se instaura una investigación civil para monitorizar los actos y procesos administrativos de demarcación de tierras indígenas que tramitará el Ministerio.

    Según la APIB, la intención del Gobierno, atendiendo al deseo de los granjeros, es sacar a los indígenas de las tierras siguiendo los deseos del capital ultraliberal, que pretende  incorporar a estos grupos  como fuerza de trabajo en las ciudades y en los campos, sin derecho a su propia tierra.

    La Amazonía, además de sus riquezas climáticas y ambientales, posee una diversidad de  minerales, así como potencial para la  construcción de centrales hidroeléctricas y la industria  maderera.

    Por tal razón, la APIB pide se tomen medidas urgentes para evitar el riesgo de daños irreparables a los pueblos indígenas por la suspensión y/o interferencia política en los procedimientos demarcatorios, alcanzados por el eventual comportamiento de la ministra y sus subordinados.

    Además de las acciones en el campo judicial y de la comunicación, las entidades autónomas de organización indígena preparan acciones públicas contra el ataque a su cultura y sus tierras.

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