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    Estimados colegas:

    Como todos Uds. han sido informados, las autoridades de la Universidad han adoptado la decisión de despedir, a partir del día viernes recién pasado, tanto a Roxana Gómez como a mí, ambos académicos adscritos a la Escuela de Administración y Economía en la que hemos trabajado con gran dedicación por más de una década. Desde que se dio a conocer esta decisión, han sido numerosas las expresiones de afecto y solidaridad que hemos estado recibiendo de parte de miembros de los tres estamentos de la comunidad universitaria, de las cuales estamos profundamente agradecidos. Particularmente emocionantes han sido en este sentido las que nos han hecho presente algunos de nuestros estudiantes.


    Puesto que se intentará justificar de algún modo esta decisión, ya que en un espacio público como este siempre será necesario hacerlo, de una manera o de otra, quisiera, como una última contribución al desarrollo de una cultura democrática en el seno de esta institución, darles a conocer mi propio punto de vista sobre estos hechos. No solo porque, antes de ser juzgada, toda persona tiene el elemental derecho a ser escuchada, sino también porque lo que aquí se pone en juego no son simplemente dos puestos de trabajo, ni la reputación académica de un par de personas, sino definiciones de política universitaria que sin duda merecen ser conocidas y ponderadas, en un ambiente de plena libertad de expresión, por toda la comunidad universitaria.

    En lo estrictamente personal y formal, no cabe la menor duda de que hemos sido víctimas de un despido injustificado, de una decisión que no puede invocar otra causal que las conocidas “necesidades de la empresa”, que aun consagra nuestra legislación laboral. Ello, a pesar de que sería muy fácil demostrar que las tareas que desempeñábamos no serán suprimidas, sino que deberán ser cubiertas por otras personas. Será necesario contratar nuevos profesores para que se hagan apresuradamente cargo de impartir, a como de lugar, los cursos que nos habían sido asignados para este semestre. Por lo demás, nuestro desempeño académico ha sido siempre evaluado como excelente.

    ¿Qué es, entonces, lo que ha llevado a las autoridades universitarias a adoptar esta decisión? Al momento de ser notificado de mi despido, solicité que, en consideración al largo periodo tiempo que he prestado servicios a la institución, se tuviese al menos la deferencia de explicarme los motivos. Sólo se me indicó, escuetamente, el interés de las autoridades por llevar a cabo una reestructuración de la Escuela. Sin embargo, lo que, para mí al menos, resulta sorprendente, es que dicho interés no se plasme primero en un proyecto, debidamente fundado y susceptible de ser ampliamente conocido y debatido por la comunidad académica, como sería lo propio en un medio universitario, sino que se exprese exclusivamente en una decisión de despido y sin que se esté en condiciones de levantar cargo alguno en contra de los afectados por ella.

    Lo claro, por tanto, es que si ese proyecto de reestructuración efectivamente existe, aunque solo fuese por ahora como una aspiración vagamente concebida, no se desea discutirlo con nosotros. ¿Por qué? Cabe suponer que, por muy vagas que sean, algunas ideas debe haber. Y si, a su vez, ellas estuviesen inspiradas en una común aspiración a fortalecer el trabajo de la Escuela y su compromiso con los valores de una cultura solidaria y participativa ¿por qué no exponerlas, entonces, de un modo suficientemente claro y fundamentado, buscando persuadirnos de sus eventuales bondades e involucrarnos de manera activa en su puesta en aplicación? ¿No es, precisamente, esa capacidad de proyectar, persuadir e involucrar lo que debe caracterizar a un efectivo liderazgo académico? Pero si decide no actuar de esa manera ¿cómo interpretar, entonces, la decisión de despido adoptada en este caso por la autoridad universitaria?

    Todo parece indicar que lo que en definitiva se desea, aunque aun sin reconocerlo abiertamente, es terminar con el proyecto académico que ha orientado el trabajo de la Escuela por casi una década. Como se recordará, ese proyecto se gestó, con la participación de todos sus académicos y la aprobación de la propia autoridad universitaria, en torno a los conceptos de “economía de la solidaridad” y “gestión participativa” como sus ejes articuladores. Pero parece ser que la autoridad se ha ido desentendiendo, poco a poco, de este proyecto, aunque no de una manera explícita, y que, en consecuencia, está tratando de imponer ahora uno distinto, más en la lógica de una escuela de negocios, pero esta vez sin necesidad de debate, de manera completamente discrecional. En esa lógica, es claro que quienes ahora somos exonerados aparecemos como un obstáculo.

    Se, por los comentarios que he escuchado, que en algunos miembros de la comunidad universitaria parece estar presente la imagen de que quienes estamos siendo despedidos seríamos personas poco criteriosas, sin capacidad de autocrítica y gratuitamente conflictivas. Pero el solo hecho de que se tienda a juzgar y a actuar en base a tales impresiones o prejuicios es expresivo de una seria anomalía en la vida de una comunidad universitaria, donde debiese imperar no la sospecha sino, por el contrario, el espíritu inquisitivo, siempre crítico y reflexivo, de la ciencia para identificar, enfrentar y resolver sus dificultades. Ello debiera conducir a formular al menos hipótesis razonables, debidamente fundadas, sobre la naturaleza de esas dificultades, a invocar evidencias y confrontar argumentos, sin someterse dócilmente a meros juicios de autoridad, cualquiera que esta sea.

    No tengo aquí, porque extendería en demasía el largo de esta carta, la posibilidad de hacerme cargo de la compleja problemática involucrada en el juicio adverso que como Programa de Ingeniería Comercial recibimos de la CNAP.2 Hay allí problemas de diversa índole que resultaría muy provechoso considerar en toda su real extensión y profundidad, y no con la presurosa superficialidad que parece estarse imponiendo. Lamento no tener ya la posibilidad de compartir con Uds. mi reflexión al respecto, la que había comenzado a plasmar en un texto que ahora quedará trunco. Pero creo que es de la esencia de una auténtica comunidad universitaria llevar a cabo ese ejercicio. Y si, exponiendo y confrontando abiertamente sus razones, esa comunidad finalmente no logra ponerse de acuerdo, podrá al menos tener la satisfacción de haber podido clarificar suficientemente el verdadero significado y alcance de sus diferencias.

    ¿Se ha intentado eso en este caso? Ya he señalado que la autoridad ha decidido exonerarnos sin explicar abiertamente sus motivos. En consecuencia, uno tiene derecho a pensar que la imagen negativa creada en torno a nosotros solo ha sido construida para cubrir los desaciertos de otros. Algo así como la vieja historia del remero3 que se contó en Olmué.4 Pareciese que en este caso, a la autoridad tampoco le interesa escuchar con atención un razonamiento orientado a desarrollar una comprensión profunda de los problemas. Es como si le bastase con llevar a cabo una simple rutina y por esa vía escuchar únicamente lo que desea. Quizás se habría sentido muy complacida si sólo hubiese obtenido de nosotros un mero acto de contrición. Por mi parte, he confiado en que este está llamado a ser un proyecto universitario serio y que, en consecuencia, su manera de encarar los problemas debe estar, necesariamente, a la altura de lo que esto significa. Sin diálogo, sin intercambio de ideas, argumentos y evidencias, puede haber cualquier cosa, menos una auténtica universidad.

    En un plano más inmediato, todo parece indicar que, en mi caso al menos, esta decisión de despido ha sido gatillada por el hecho, temerario o imprudente a juicio de algunos, de haberme atrevido a tener y expresar, a nombre de los académicos de la Escuela, una opinión distinta a la de las autoridades con respecto al modo en que se gestionan hoy algunos ámbitos muy específicos de la actividad universitaria, concernientes a la vida de las unidades académicas. Particularmente sensible parece haber sido el que haya identificado como una clara debilidad el que no se considere la opinión de los académicos, ni el proyecto eventualmente elaborado por éstos, en el mecanismo establecido por la Universidad para la designación de los Directores de las unidades académicas.

    Debo señalar que esa opinión no se halla motivada por algún interés mezquino, puesto que jamás he aspirado a desempeñar algún cargo directivo, sino que responde exclusivamente a una convicción profunda respecto de lo que significa hacerse responsable de llevar a cabo, en buena forma, un proyecto universitario en interés del país. Un proyecto universitario que guarde correspondencia en los hechos, y no sólo en el discurso, con los valores de la democracia y con el propósito de desarrollar una labor académica de excelencia. Es, por lo tanto, una opinión sobre política universitaria, que cae enteramente dentro de un ámbito de debate legítimo, del que debiera ser partícipe toda la comunidad universitaria. Se trata de una opinión que, por lo demás, tampoco es demasiado novedosa, si se considera la experiencia de la mayor parte del mundo universitario, el juicio de la propia CNAP sobre estas materias y la prolongada adhesión de la Escuela a la idea de una gestión participativa.

    Lo que subyace a esta cuestión, aparentemente menor y supuestamente zanjada por la normativa institucional, es la concepción misma que, en definitiva, se tiene de la institución universitaria. Para mí ella es, por definición, un espacio público, consagrado no solo a la formación profesional sino también, y muy fundamentalmente, al desarrollo del saber, a la creación de conocimientos y de nuevas expresiones artísticas. Esto último supone que la universidad es una comunidad de académicos y estudiantes no sólo capaz de dialogar y confrontar ideas, sino también de gobernarse a sí misma, muy especialmente en el ámbito en que se cultivan las diversas disciplinas. Una institución en que las jerarquías formales de autoridad, desde las que se ejerce un poder basado en las potestades de los cargos, tienden a coincidir, o están al menos claramente en consonancia, con las jerarquías del saber, fundadas en la incesante búsqueda y desarrollo de los conocimientos, con arreglo al espíritu de la ciencia.

    No parece que esa sea la dirección en que actualmente marcha esta universidad. Cada vez con mayor nitidez, los criterios de gestión tienden a primar sobre los criterios propiamente académicos y esta parece ser la raíz de la discrepancia a que he aludido. Es ello lo que explica que, para nuestras autoridades, un académico pueda opinar libremente sobre cualquier materia de su competencia disciplinaria, pero no sobre los criterios de gestión de la propia comunidad universitaria a la que pertenece. De esta manera, la señal que se esta dando con nuestra exoneración es del todo inequívoca: se esta consagrando de hecho, al menos respecto de estas materias, el delito de opinión en el seno de la Universidad, con todo el significado que esto tiene. Si la autoridad no está dispuesta a tolerar más opiniones que la propia, si los demás se ven, entonces, en la necesidad de silenciar las suyas por temor a las represalias, resulta inevitable que las bases morales sobre las que descansa toda la vida de la institución se vean profundamente erosionadas.

    Parece claro, así, por todo lo señalado, que se me está despidiendo por el solo hecho de disentir de la autoridad universitaria y atreverme a ejercer mi derecho a expresar públicamente, en el seno de la universidad, esa discrepancia. Y parece claro, también, que, más allá de eso, está el deseo de la autoridad universitaria de tener las manos suficientemente libres para llevar a cabo una “reestructuración” mayor sin necesidad de verse obligada a dar explicaciones a nadie. Me parece innecesario señalar lo que esa línea de conducta significa. Cada cual se formará el juicio que considere más apropiado. Solo me limitaré a recordar y hacer mía aquella célebre sentencia atribuida a Shakespeare: “Hereje no es el que arde en la hoguera, sino el que la enciende”.

    Les saluda con el afecto de siempre

    Jorge Gonzalorena

    Santiago, 6 de agosto de 2007

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