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    Lo primero: no podemos perder de vista que hoy lo principal es luchar en contra de la LGE.

    El sistema se aprovecha del “jarrazo” para desviar la atención y debilitar a las organizaciones que pugnan por cambios profundos en educación.

    Existe un refrán que es aplicable a las autoridades de gobierno y la Municipalidad de Santiago: “sacar las castañas con la mano del gato”.

    Esto a propósito de que las autoridades traspasaron al Consejo de Profesores del  Liceo Darío Salas la decisión sobre María Música, que correspondía exclusivamente a las autoridades: no la expulsión por cierto, sino un trato pedagógico a una niña de 14 años. Pero, mediante la enorme presión del gobierno, el municipio de Santiago, otros alcaldes, parlamentarios y medios de comunicación, la expulsión ya estaba decidida, antes de la  votación de los colegas.

    Recordemos que el “jarrazo” fue en vacaciones y fuera del Liceo.

    Creo que ha sido una cobardía de parte de las autoridades, para evitar ser blanco de la opinión pública, exponiendo a los profesores de ese liceo ante la sociedad. Además que producto de una votación, siempre quedan resentimientos de uno u otro lado.

    En ese sentido, mi comprensión a todos los colegas del Liceo Darío Salas, independientemente de cómo votó cada uno. Todos fueron víctima del abuso de autoridad. ha renunciado y ha presionado para que el cuerpo de profesores de “su” liceo renuncie también a formar a jóvenes que lo necesitan y delegan esta hermosa labor a colegas de otro liceo para que lo hagan.

    La acción de la niña Música se ha querido comparar con las agresiones que han sufrido decenas de profesores por parte de alumnos: nada más errado que aquello. Se trata de contextos y causas absolutamente diferentes. Amén de que NINGUNA autoridad ha tomado esas agresiones con seriedad, más bien ha rondado el silencio y el encubrimiento, cayendo nuestros enérgicos reclamos en la indiferencia total, mostrando las pésimas e inseguras condiciones de trabajo a las cuales nos enfrentamos, siendo las autoridades las únicas culpables de esas situaciones. No hay equipos multidisciplinarios para anticiparse, bajo diagnóstico previo a alumnos, a situaciones previsibles. Lacras sociales que explotan en la escuela. Entonces: ¿hay chilenos de primera y segunda clase?

    Nuestros profesores atacados tantas veces ¿no merecen la atención de las autoridades? No avalamos el jarrazo, pero entendemos el contexto en una sociedad estratificada donde las autoridades, incluida la Sra. Ministra, nos imponen un sistema educacional injusto, en que se pretende excluir de una educación aceptable a miles de niños y jóvenes chilenos por el simple hecho de pertenecer a familias que no disponen de recursos suficientes para “comprar” buena educación. Eso reclamamos – estudiantes y profesores – una educación pública que se acerque medianamente a la que reciben los privilegiados de Chile.

    Muchos de los políticos que han presionado con fuerza, colocando todo el aparato del Estado para castigar a una niña de catorce años, nada dijeron ante terribles violaciones a los Derechos Humanos.

    No fue agua de un jarro lo que lanzaron en contra de miles de chilenos. Ellos recibieron tortura y muerte: ¿dónde estaban los políticos de la derecha y la mayoría de la Concertación que no se les escuchó una sola palabra de condena a quienes atentaron contra miles de familias impidiéndoles disfrutar de la convivencia de padres, madres e hijos, privándoles de los más preciado: su propia vida?

    ¿Dónde estaban esos fariseos (sepulcros blanqueados) cuando los dirigentes del Colegio de Profesores: Enrique Rojas (Tesorero P.A.C.), Juan Soto (Miembro del Directorio Nacional), Washington León (Dirigente Metropolitano), Juan Cuevas (dirigente Federación Particular Subvencionado), Oscar Seguel (Vicepresidente, La Pintana), Roberto La Rivera (delegado gremial Liceo A4), fueron gravemente heridos por fuerzas policiales en momentos que protestaban pacíficamente por mejor educación? ¿o los cientos de profesores y profesoras o estudiantes que hemos tenido que recibir golpes, agua tóxica, gases venenosos? Silencio absoluto, junto a una prensa obsecuente al abuso de las autoridades.

    ¿Desde cuando la autoridad se preocupa que el Consejo de Profesores del Liceo Darío Salas sea resolutivo en materia que no le compete, sabiendo que estos Consejos nunca lo han sido? Estos Consejos solamente “podrán” ser resolutivos con la anuencia de las autoridades “en materia técnico pedagógicas”. En este caso ¿cuál es la materia Técnico Pedagógica”, sino la intromisión política, aprovechándose de una situación puntual y así imponer definitivamente la política educacional del sistema reflejada en la LGE y otras leyes?

    El problema de fondo es que con esa actitud de las autoridades se pretende desviar la atención, debilitar y dividir al Colegio de Profesores, única organización estructurada nacionalmente capaz de salir al paso con fuerza en contra de la LGE, por una Educación Pública de propiedad del Estado, por una Carrera Profesional con la Evaluación Docente dentro de la Carrera.

    Solidarizo con María Música Sepúlveda, ella tiene derecho a ser educada en el Liceo elegido por ella y su familia. ¿Eso es la libertad de enseñanza?

    Derecho que, ilegalmente se le está conculcando.


    Jorge Abedrapo Docmac

    Presidente Metropolitano

    Colegio de Profesores

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