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    “El Tribunal no fue imparcial y la investigación se llevó a cabo con una serie de vicios que obligan a anular el juicio”, señaló el abogado del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur), Sebastián Saavedra, quien representa a los únicos dos comuneros condenados a cadena perpetua bajo la ley antiterrorista en el caso Luschsinger Mackay.

    En un primer juicio oral, hace solo siete meses atrás, José y Luis Tralcal fueron declarados inocentes por unanimidad, y fue la Corte de Apelaciones de Temuco la que anuló dicho veredicto y ordenó un segundo proceso, siendo sólo condenados quienes hoy piden al máximo tribunal anular su sentencia por tener vicios legales.

    El abogado defensor, Sebastián Saavedra, expresó su esperanza en lo que resuelva el máximo tribunal del país, luego de declarar admisible los recursos de nulidad presentados.

    Saavedra aseguró que sus acciones serán dirigidas contra las pruebas que se basan, principalmente, sólo en el testimonio de José Peralino Huinca, quien tiene calidad de coimputado, y ha señalado en reiteradas oportunidades que dicha versión la dio presionado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

    “Una vez que se dicta el veredicto condenatorio y sentencia, ahí solamente tuvo acceso la defensa a una carpeta paralela, que llevó la fiscalía justamente en contra de José Peralino, evidentemente hay una irregularidad ante el derecho de conocer todos los antecedentes de cargo, lo que también se alega como una infracción de garantía, especialmente el derecho a la defensa”, afirmó Saavedra.

    El abogado defensor de José y Luis Tralcal, agregó que harán hincapié a la falta de imparcialidad del Tribunal. Esto relacionado con la jueza Ximena Saldivia, quien renunció en pleno juicio después de denunciar al presidente de la Corte de Temuco, Germán Varas, por presionarla para fallar contra los comuneros.

    Sebastián Saavedra indicó que otros de los errores cometidos durante el juicio fue el peritaje de georreferenciación. El perito dio cuenta que José Peralino tenía en su propiedad nueve teléfonos, que los mismos teléfonos realizan llamadas al mismo tiempo y en lugares distintos, sin que exista ningún registro al respecto. Prueba que igualmente fue acogida por el tribunal oral.

    “Para decretar el carácter terrorista de la conducta, el Tribunal da por establecido una serie de hechos que habrían ocurrido desde el año 1999 en adelante, es decir, da por cierto alrededor de diez hechos, completamente distintos, que no son atribuidos a los imputados y que ni siquiera tuvieron participación en los mismos”, argumentó.

    El abogado de Cidsur y defensor de los comuneros mapuches José y Luis Trancal, indicó que en alrededor de dos semanas más se concretarían los alegatos en la Sala Penal de la Corte Suprema, la misma sala que anuló las condenas por la Operación Huracán.

    Desde entonces, este caso se transformó en emblemático para el actual gobierno, que, según Sebastián Saavedra, desde temprano levantó con fuerza una campaña para crear la idea de terrorismo en territorio mapuche, desplegando millonarios recursos para el abogado representante del Ejecutivo, además de generar un discurso político que incluyó sumar a Jorge Luchsinger Mackay en ciertas apariciones presidenciales.

    Publicado en Diario y Radio Universidad de Chile

    Foto portada: Emol

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