El diario La Tercera publicó este sábado un extracto del Protocolo de Objeción de Conciencia de la Ley 21.030, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, y que fue liberado esta semana desde el Ministerio de Salud.

El texto explica la situación de aquellos hospitales que si bien son propiedad de entidades privadas, tienen un convenio con el sistema público para entregar prestaciones del Auge/Ges y otras en zonas donde la red pública no puede hacerlo o no tiene la capacidad de cobertura.

“Los establecimientos públicos de salud así como aquellos privados que se encuentren adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud mediante la celebración de convenios a los que se refiere el decreto con fuerza de ley N°36 de 1980, no pueden invocar objeción de conciencia, en la medida en que el objeto de dichos convenios contemple prestaciones de obstetricia y ginecología”, explica el protocolo, citado por La Tercera.

De acuerdo al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), los hospitales delegados, que son parte del sistema público mediante el mencionado convenio, son 11: el Hospital Naval, el de Lanco, Hospital Zonal Esquel en Reloncaví, los hospitales clínicos de la Universidad de Chile de Aysén y de la zona norte de Santiago, la Fundación Josefina Martínez, Hospital Clínico UC, Hospital de Pucón, Hospital de Panguipulli, Hospital Parroquial de San Bernardo y el San José de Puerto Varas.

Los últimos cinco recintos mencionados ya habían anunciado que invocarían la objeción de conciencia institucional, en el marco de la ley de aborto por tres causales promulgada el 23 de septiembre pasado, agrega el reporte del matutino.

Sin embargo, en dicha norma, se entregaron atribuciones al Minsal para dictar los “protocolos necesarios para la ejecución” de esta prerrogativa. Así, la misma ley, tras pasar por el Tribunal Constitucional, estableció modificaciones respecto de la objeción de conciencia, donde junto con establecer la objeción individual para todo el personal que desarrolla funciones al interior del pabellón quirúrgico, amplió el derecho a las instituciones.

Ahora, con esta resolución del Minsal, los hospitales que anunciaron su carácter de “objetoras” pero que cuentan con financiamiento estatal, podrían ver frustrada esa posibilidad.

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