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    Polémica ha generado la decisión de la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, de cancelar el undécimo concurso público para la adjudicación del Fondo de Educación Previsional (FEP) –que para este año asciende a $1.818.545.000–, cuyas bases habían sido aprobadas vía resolución exenta el 28 de diciembre de 2017, con la firma de la entonces subsecretaria de Michelle Bachelet, Jeannette Jara.

    El pasado 16 de marzo, a días de iniciado el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Zaldívar firmó la resolución que dio por terminado el proceso; mientras que el 29 de marzo emitió el documento que aprueba un nuevo concurso público para proyectos de “Difusión del sistema de pensiones y beneficios de cotizar”, cuyo inicio se concretó el 9 de abril pasado. Los resultados se conocerán el 15 de junio.

    “Reorientar el foco del concurso”

    El proceso desechado por la subsecretaria Zaldívar llevaba por título “Undécimo concurso público Fondo para la Educación previsional 2018, para proyectos nacionales, regionales y comunales de información y educación del sistema de pensiones en el marco de la seguridad social”.

    María José Zaldívar

    Para su cancelación, Zaldívar adujo al punto número 4 de las bases del proceso: “La Subsecretaría se reserva el derecho a cancelar en cualquier momento, hasta antes de la adjudicación de los fondos, el presente llamado a Concurso por razones de fuerza mayor, caso fortuito u otras relacionadas con los intereses del Servicio”.

    Como argumento para el frenazo del concurso iniciado por el gobierno anterior, la actual subsecretaria indicó, mediante la resolución del 16 de marzo, que se “ha definido la necesidad de reorientar el foco del Concurso, con una nueva estrategia que permita entregar a los afiliados al sistema de pensiones elementos que les permitan tomar mejores decisiones, respecto del impacto que tiene el ahorro previsional en el monto de sus pensiones”.

    En este sentido, la subsecretaría de Previsión Social decidió focalizar el Fondo de Educación Previsional en el ámbito de la difusión, “destinado a financiar proyectos que sensibilicen e informen a la ciudadanía respecto de programas que involucren al Sistema de Pensiones Chileno, y les faciliten el ejercicio de sus derechos”.

    En tanto, las bases del XI Concurso, cancelado por María José Zaldívar, indicaban que las acciones formativas e informativas estarían inspiradas por los principios de seguridad social, equidad de género, además de descentralización y territorialidad, a través de dos ámbitos de intervención: proyectos que apunten a la formación en previsión social y proyectos focalizados en la información previsional.

    “Campaña publicitaria en favor de las AFP”

    En conversación con El Ciudadano, Eric Campos, presidente del Sindicato de Trabajadores de Metro, cuestiona los cambios introducidos por el nuevo gobierno en el marco de la entrega del FEP. Según explicó el dirigente, las bases anteriores permitían a los sindicatos “hacer un intercambio con los ciudadanos que asistían a estas charlas y, por lo tanto, establecer o construir miradas críticas respecto del sistema de pensiones”. “Hoy da la impresión que es más bien un fondo que establece una campaña publicitaria en favor de las AFP”, advierte. 

    Eric Campos

    Campos cree difícil que su organización postule al proceso de este año, debido al enfoque adoptado por la nueva administración. “Nuestro sindicato es parte de esta corriente de opinión del sindicalismo en contra de las AFP, por lo tanto no podríamos nosotros estar en un proyecto que lo que busca, finalmente, es promocionar las AFP”, señala.

    Desde la Fundación Trabajo para un Hermano (TPH) también expresaron reparos a los cambios en el Concurso Público. “El fondo tiene que hacer honor a su nombre. Principalmente, tiene que estar centrado en la educación. Entonces, nos complica que este año su énfasis solo sea de difusión”, dice a El Ciudadano la gerenta de TPH, Isabel del Campo.

    “Nuestro énfasis –agrega– es desde la seguridad social y de que la persona sea capaz de conocer todo el sistema, saber cómo funcionar y saber cómo operar en él, que es bastante difícil, sobre todo para el público objetivo que tiene la fundación, que son las personas de más escasos recursos”, explica.

    Si bien pretenden postular este año, con el proyecto de creación de un “manual para que la persona pueda entender fácilmente cómo es el sistema de pensionarse”, reconoce que las bases presentan dificultades adicionales, como por ejemplo “el énfasis puesto en el trabajador dependiente”. “Hasta los años anteriores, habíamos tenido la mirada de poder llegar a trabajadores dependientes e independientes, que también tienen que participar del sistema”, apunta al respecto Del Campo.

    Efectivamente, en las nuevas bases del concurso se ha definido como grupo objetivo sujeto a intervención a los trabajadores dependientes entre 18 y 65 años, también a los trabajadores jóvenes que inician su vida laboral y a trabajadores pre-pensionados, que se encuentran a 10 años de pensionarse, entre 50 y 65 años, que se desempeñan en actividades laborales formales.

    Las sospechas de la ex subsecretaria

    Con fecha 11 de abril, Pulso publicó una entrevista a la anterior subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, para quien la cancelación del proceso iniciado por ella obedece a razones que no han sido transparentadas, vinculadas a un potencial conflicto de interés de la actual titular, María José Zaldívar.

    Jeannette Jara

    “La cancelación del XI Concurso del Fondo de Educación Previsional era previsible en consideración a que la actual subsecretaria, que es quien debe adjudicarlo, formaba parte de un proyecto que estaba postulando, y por cierto a la hora de selección de los proyectos esto habría generado un claro conflicto de interés”, acusó Jara.

    Además de postular esta tesis, la ex funcionaria del gobierno de Bachelet también criticó el nuevo enfoque adoptado para la entrega del fondo. “Hay cuestionamientos de la derecha, porque al parecer entendieron que el FEP era un mecanismo de entregar recursos públicos para legitimar el sistema de AFP. Las AFP son un actor más de un debate, pero no el centro de la solución”, afirmó.

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