• EC | Edición Mundo
  • El Ciudadano | Edición Chile
  • El Ciudadano | Edición Venezuela
  • Una sociedad plural y democrática necesita diferentes miradas del mundo. Desde El Ciudadano diaria y oportunamente, nuestras letras están en favor de construir una mejor sociedad y un mundo más justo.
    Que exista periodismo independiente también depende de ti.

    Vía Radio Universidad de Chile / La muerte de Alejandro Castro, representante del sindicato de pescadores S24 de Quintero, ha generado versiones encontradas entre la comunidad y la Policía de Investigaciones, ya que la familia del joven ha descartado la posibilidad de que esto sea un suicidio y ha planteado que el activista habría recibido amenazas por parte de funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros.

    El caso de Alejandro se suma a la muerte de otros activistas que han luchado en un entorno de conflicto socio ambiental y que su fallecimiento no ha sido del todo aclarado. Un ejemplo de esto es la muerte de Macarena Valdés, mujer que luchó  contra la instalación de una central hidroeléctrica de la empresa RP Global y Saesa en el sector de Panguipulli.

    Valdés fue encontrada muerta en agosto de 2016, y aunque el Servicio Médico Legal lo determinó como un suicidio, una segunda autopsia solicitada de forma particular por la familia descartó esta causa de muerte. A dos años de su fallecimiento, la Fiscalía no se ha pronunciado y su esposo, Rubén Collio, sigue recibiendo amenazas y es perseguido ahora por intentar esclarecer su muerte.

    La persecución que viven ambientalistas en Chile no es un caso particular de nuestro país, sino que es generalizado a nivel global. Un informe de la ONG Global Witness, publicado en febrero de 2018, dio cuenta de que 207 activistas ambientales fueron asesinados en el mundo durante 2017. Este tipo de crímenes se ha cuadruplicado desde 2002, año en que esta organización comenzó a recopilar este tipo de estadísticas.

    Y del total de muertes del año pasado, un 60 por ciento ocurrió en Latinoamérica, donde además, por primera vez, el sector agrario se impuso sobre el minero para convertirse en el más sangriento, con al menos, 46 asesinatos relacionados con esta actividad.

    Esto no se aleja de nuestra realidad, ya que han sido reiteradas las denuncias hechas por activistas de Petorca, como Rodrigo Mundaca y Carolina Vilches, producto de las amenazas que han recibido en sus casas por denunciar la usurpación de agua en el territorio por parte de las empresas agroexportadoras.

    Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional, explica que la situación latinoamericana en términos de la violencia en contra de defensores de derechos humanos de la tierra y el medio ambiente “ha pasado los limites aceptables en todas circunstancias y hay muchos casos en que han sido asesinados impunemente, porque sus países y gobiernos no generan las investigaciones exhaustivas y rápidas que se merecen”.

    “En el caso de Chile, los defensores del medio ambiente están absolutamente vulnerables, porque no tienen ningún elemento de respaldo que les permita desarrollar su acción ciudadana y política en un ambiente donde puedan tener la seguridad de que no van a ser ni violentados ni asesinados por una persona o grupos”, indica Morales.

    El vocero de AI recuerda que el pasado 27 de septiembre, Chile no firmó el tratado de Escazú que buscaba garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

    Dicho acuerdo internacional, en el que nuestro país fue protagonista de su redacción y desarrollo y que luego no adscribió, buscaba también la protección de activistas ambientales, por lo que la decisión profundiza la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes defienden su territorio de las amenazas ambientales generadas por la industria.

    Frente a esto, Morales plantea su preocupación, sobre todo en un contexto de crisis ambiental en la que están siendo cuestionadas las instituciones fiscalizadoras y gubernamentales: “A nuestro juicio es un trabajo de derechos humanos donde se establece particularmente en el ámbito de la acción del medio ambiente y la tierra, mecanismos que pueden respaldar la participación política de mejor manera, el acceso a la justicia, el acceso a la información que tiene que tener la ciudadanía, pero también elementos de protección  para las personas que trabajan en este ámbito. Nos parece realmente inaceptable que Chile vaya en contra de una iniciativa que impulsó”, explicó el vocero de Amnistía.

    Otro aspecto ineludible en este ámbito lo entrega el INDH. Desde el año 2011, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la situación de Quintero y Puchuncaví, y ha realizado dos misiones de observación en el territorio, logrando constatar diferentes violaciones de los derechos humanos.

    Desde el Instituto recuerdan que luego de culminar la campaña de observación, en la que se desarrollaron entrevistas a la población y se reunieron con diferentes organizaciones civiles “se pudo constatar la afectación de una serie de derechos; a vivir en un ambiente libre de contaminación, a la integridad física y psíquica, a la educación, e incluso a manifestarse de forma pacífica”.

    En específico, el hecho que el INDH haya constatado la vulneración del derecho a manifestarse pacíficamente, habla sobre los episodios de violencia que han debido soportar los habitantes de Quintero y Puchuncaví después de la llegada de Fuerzas Especiales de forma permanente al territorio. Esto incluso es materia de investigación por las diferentes denuncias que recibió el INDH mientras desarrollaba su terreno.

    “El INDH está investigando lo ocurrido en la manifestación del 8 de septiembre donde la comunidad ha denunciado violencia desmedida por parte de la policía uniformada”, explicaron desde la entidad en un comunicado. En ese sentido, justamente, las amenazas recibidas por Alejandro Castro, el pescador de Quintero fallecido hace algunos días, se habrían producido en el contexto de esta manifestación pacífica por el borde costero.

    Por lo mismo, es que el INDH, tomando en cuenta que el dirigente es considerado por el Consejo de las Naciones Unidas como defensor de los derechos humanos, solicitó al Ministerio Público, a través de una denuncia presentada el pasado viernes, que hagan todas las investigaciones que sean necesarias de la forma más acuciosa posible, con el objeto de esclarecer las circunstancias de su muerte.

    Por otra parte, el INDH presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de las instituciones fiscalizadoras del Estado en materia medioambiental puesto que la situación existente se podría haber evitado, asumiendo que, si las diferentes instituciones fiscalizadoras y gubernamentales hubieran hecho su trabajo, la contaminación del borde costero no habría llegado a cerca de 1200 intoxicados

    La situación de catástrofe ambiental que vive Quintero y Puchuncaví está lejos de terminar y una muestra de ello es que esta jornada la Intendencia de Valparaíso volvió a decretar alerta temprana preventiva debido a las condiciones meteorológicas desfavorables que podrían derivar en nuevos problemas con la calidad del aire. En razón de tal determinación, el Seremi de Salud de Valparaíso notificará a las empresas del borde costero la paralización de faenas industriales.

    Publicado por Diario y Radio Universidad de Chile

    Suscríbete a nuestros boletines informativos y recibe diariamente la información más importante publicada en elciudadano.com

    * indicates required

    A qué ediciones te quieres suscribir?


    •  
    •  
    •  
    Loading...