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    Una relevante omisión por parte de la Municipalidad de Río Ibáñez y el Gobierno Regional de Aysén (Gore) ha quedado de manifiesto en el proceso de evaluación de una declaración de impacto ambiental (DIA) para la instalación de 101 plataformas de exploración minera en las cercanías de Puerto Ingeniero Ibáñez.

    El proyecto Terrazas es impulsado por la compañía Red Hill y fue presentado a análisis a principios de enero de este año. El 16 de febrero el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) envió a la empresa el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara), dándole plazo para responder hasta el  2 de abril. Pero luego de una solicitud del 16 de marzo, se amplió la fecha al 30 de mayo.

    A pesar de ser de conocimiento público el alto impacto social y ambiental que ocasiona la minería, en el Icsara no se incluyeron las observaciones del Gore ni de la Municipalidad de Río Ibáñez. El motivo no se sabe, ya que simplemente no respondieron al requerimiento, a pesar de que se les solicitó expresamente sus  observaciones en coherencia con lo que estipula la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

    “La Comisión (de Evaluación Ambiental) deberá siempre solicitar pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a las municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que éstos señalen si el proyecto o actividad se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal, respectivamente”, señala la legislación.

    En el caso del Gore, bajo la conducción de la ex intendenta radical Karina Acevedo, se le requirió establecer “si el proyecto o actividad se relaciona desde el punto de vista ambiental con políticas, planes y programas del desarrollo regional”.  Y en el del municipio, dirigido por el alcalde UDI Marcelo Santana, si este “se relaciona desde el punto de vista ambiental con planes de desarrollo comunal, que haya sido aprobados formalmente por la Ilustre Municipalidad”.

    Este tema es relevante, toda vez que la zona en que se pretenden instalar las plataformas mineras (y eventual futura faena) es parte de la Zona de Interés Turístico Chelenko (decreto publicado el 5 de enero de este año), y cuya compatibilidad con la minería extractiva es discutible.

    Asimismo, el Plan de Desarrollo Comunal 2012-2018 (Pladeco) de Río Ibáñez estipula, en su Política Estratégica de Salud y Medio Ambiente, que “la valoración del entorno natural como sistema para la vida humana y sostén de la cultura y desarrollo económico, será un eje estructural de la presente política. Se explicitará en la definición de programas y acciones que permitan reconocer los servicios ambientales (o ecosistémicos) del medio natural, su incidencia en el bienestar de las personas y generar una relación sociedad-naturaleza en un marco de equilibrio”.

    En tanto, la Estrategia de Desarrollo Regional 2009-2030 señala expresamente que “la calidad medioambiental de la región de Aysén constituye una ventaja competitiva que debe ser resguardada para sustentar la producción de bienes y servicios de todo tipo, pero en particular, de aquellos vinculados a la industria turística de intereses especiales”.

    Agrega el instrumento que “la región ha adoptado el eslogan ‘Aysén Reserva de Vida’, el mismo que invita a crear una sociedad sostenible, que pueda persistir a través de generaciones y que sea capaz de conseguir el bienestar de su población, relacionándose de forma armónica con el entorno natural, consiguiendo con ello satisfacer las necesidades materiales presentes y establecer las bases para que todo individuo pueda desplegar su potencial humano, sin comprometer la capacidad de desarrollo de las futuras generaciones”.

    Por último, indica que “este principio de sustentabilidad debe estar presente en todo el accionar que demanda el proceso de desarrollo”. Más aún, uno de los ocho objetivos estratégicos de la EDR es “promover la valoración que tienen los habitantes respecto de su patrimonio ambiental a través de mecanismos adecuados para su protección y uso sustentable”.

    Pero Río Ibáñez no es el único caso en que un municipio se resta de participar en la evaluación de impacto ambiental de un proyecto minero. La Municipalidad de Lago Verde, dirigida por el alcalde UDI Nelson Opazo, tampoco se pronunció con respecto al proyecto Santa Teresa, correspondiente a 97 plataformas de sondaje de la minera El Toqui.

    Esto, en circunstancias el Pladeco 2015-2019 señala en su estrategia productiva la necesidad de “potenciar todas las áreas de producción identificadas (agropecuario, turismo, artesanía), entregando herramientas a los productores”, no apareciendo en parte alguna la minería.

    Señala asimismo en su imagen futura que “la producción agropecuaria -que se lleva en la sangre- y nuevas oportunidades económicas, como el turismo, son el presente y futuro de Lago Verde… el fomento a la producción y la estimulación del retorno a los campos permitirán construir una comunidad que camine hacia el futuro”.

    Agrega el instrumento que “el cuidado y la preservación del medioambiente, seguirá siendo un sello de la gestión municipal. Se mejorarán las políticas de manejo de residuos sólidos y de aguas servidas, principales fuentes contaminantes de la comunidad. De esta forma, se asegurara la conservación de la pureza característica de la zona”.

    El Gore tampoco se pronunció en esa DIA, teniendo la empresa plazo para responder al respectivo Icsara el 30 de mayo.

    Fue en un proyecto similar, Katterfeld también de El Toqui, que la Municipalidad de Coyhaique, dirigida por el alcalde PS Alejandro Huala, sí emitió un pronunciamiento. En este, expresa claramente que “el proyecto no se relaciona directamente desde el punto de vista ambiental con los lineamientos estratégicos establecidos en el Pladeco”.

    Esta iniciativa contempla la instalación de 100 plataformas mineras. En esta ocasión, el Gobierno Regional de Aysén reiteró su postura de los otros procesos: no emitió pronunciamiento. El plazo para responder al Icsara es el 18 de junio.

    Las omisiones de los alcaldes de Río Ibáñez, Lago Verde y del Gobierno Regional se suman al rechazo, por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, de las solicitudes de participación ciudadana en estos tres procesos que hicieran las corporaciones Costa Carrera y Codesa, además de la Agrupación Aysén Reserva de Vida. Luego de haber sido informadas de la medida, las entidades presentaron los correspondientes recursos de reposición para revertir la decisión.

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