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    Hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago llegó el ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, para ser formalizado –en el marco del caso Lava Jato y su arista en Chile, caso OAS– por presunto fraude de subvenciones fiscales y por presunta facilitación de facturas ideológicamente falsas, esta última acusación también se dirigió contra su ex asesor, Cristián Warner.

    La fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, indicó que la investigación se centra en la “emisión por parte de Cono Sur Research de dos facturas, una emitida a nombre del candidato y la otra al Partido Progresista, amparadas en un supuesto contrato de prestación de servicios publicitarios”.

    Cristián Warner

    Las dos facturas que menciona la fiscal Ximena Chong corresponden a $170 millones y a $180 millones, respectivamente.

    “En definitiva, se ha logrado establecer en la investigación que tales prestaciones de servicios no fueron realizadas por el Warner Villagrán y que solo una parte de aquellas habrían sido realizadas por un publicista brasileño, José Cavalcanti Mendoza, conocido Duda Mendoza’, habiéndose realizado transferencias de fondos recién en junio del año 2014, por un monto muy inferior a aquel monto que fue percibido por concepto de la devolución, por parte del Estado, del gasto electoral realizado”, añadió la persecutora.

    Luego de la audiencia, ME-O señaló que “lo que se dijo en la sala, se parte de supuestos erróneos, se llega a conclusiones erróneas, se hacen inferencias erróneas, se afirman cosas erróneas” y que “el trabajo de la fiscalía es investigar y es bueno que en Chile se investigue”.

    El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó firma mensual para Enríquez Ominami y Warner. Además decretó un plazo de investigación de 90 días.

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