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    Vía Radio Universidad de Chile / En marzo de este año, veinticuatro países, entre ellos Chile, adoptaron en San José de Costa Rica el Acuerdo de Escazú, que tiene como principal objetivo mejorar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

    Se trata de un acuerdo vinculante que busca elevar los estándares con que hoy se resuelven los conflictos socio-ambientales en los territorios producto de la incidencia que tienen las faenas empresariales en los diferentes países.

    El gobierno de Chile ya se comprometió a firmar esta normativa este 27 de septiembre, en el marco de la asamblea general de las Naciones Unidas en Nueva York. Luego de este acto de compromiso, el Congreso Nacional debe ratificar la firma y con eso, el texto que contiene el acuerdo se convierte en ley vigente para nuestro país.

    Andrea Sanhueza, representante de la ciudadanía en la ONG FIMA planteó que este convenio no se condice con la agenda “pro inversión” del gobierno, que mediante la nueva Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), se encuentra impulsando la inversión y privilegiando el modelo de desarrollo económico por sobre las necesidades socioambientales.

    En esa línea, algo muy importante de este Tratado es que establece y consagra el principio de no regresión y de progresividad, es decir, que los Estados tienen que avanzar en mejorar los estándares de acceso a la información, participación, justicia ambiental y nunca retroceder en estos aspectos.

    En este sentido, Valentina Durán, abogada del centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, expresó que casos como el de Puchuncaví y Quintero permiten ver “el efecto de muchas decisiones que se han tomado con falta de participación, con falta de información para entender quién asume los costos sociales de los distintos proyectos de desarrollos industriales que se están dando en ese lugar, los que en general, tiene que ver con proyectos antiguos que fueron aprobados con estándares anteriores”.

    “Entonces, evidentemente nos encontramos con el drama de la falta de certeza de cuales son los gases contaminantes presentes y eso es algo que dice relación con el derecho a saber que es algo que tenemos que mejorar sin lugar a dudas”, agrega la abogada Durán.

    La jurista puntualiza que “una virtud del acceso a la información es que los estándares necesariamente tiene que subir, esto porque  la transparencia permitirá que se sinceren los costos, las emisiones, los mecanismos de mitigación y los impactos”.

    “Una lección que podemos sacar de lo que está pasando en Quintero y Puchuncavi es que lo barato cuesta caro, por lo mismo, cuando se discuta la ley de presupuesto del país, la institucionalidad ambiental y sanitaria debe ser reforzada con recursos, ya que es parte del estado de derecho que estos organismos cuenten con los recursos necesarios”, añadió Durán.

    Por su parte, Andrea Sanhueza de FIMA planteó que con este acuerdo se avanzará “en materia de información, porque lo que establece el convenio es que tiene que haber un esfuerzo del Estado, en tomar contacto con las comunidades, con los  grupos y personas en situación de vulnerabilidad o con las comunidades que van a ser afectadas por un proyecto. El Estado tiene que acercarse, identificarlas para entregarles información del proyecto en forma oportuna y entendible a través de los medios que la comunidad requiera”.

    El convenio también establece medidas de protección para los defensores medioambientales y que los Estados se comprometan a desarrollar medidas de protección para estas personas. Lo importante es que los países que firmen este tratado deben responder con informes a este organismo internacional que se encargará de estar supervisando el avance del compromiso.

    Esto es muy importante, pues uno de los hechos que se han suscitado durante las diferentes luchas sociales que se están dando en Chile en defensa de los territorios y de los recursos naturales finitos es la amenaza a quienes han tomado las vocerías de estos movimientos sociales. Es el caso de Rodrigo Mundaca, quien afirma haber sido amenazado de muerte, o lo ocurrido con diferentes líderes mapuche y Macarena Valdés, de quien aún se investiga la causa de muerte y que su esposo apunta a un asesinato por parte de la empresa que estaba en pugna con la comunidad de la activista para utilizar el espacio para una hidroeléctrica y la instalación de torres de alta tensión.

    Por otra parte, Andrea Sanhueza valoró el que el documento internacional exigirá la “participación temprana en los proyectos por parte de las comunidades que van a ser afectadas donde haya un tiempo suficiente para que los grupos territoriales puedan formular sus aprensiones, intereses, observaciones. La autoridad, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, tendrá que tomar en cuenta las observaciones de la ciudadanía y el organismo tendrá que informar prontamente a las comunidades afectadas. Y va tener que dar una respuesta fundada a las observaciones a la ciudadanía y especificar qué elementos fueron considerados y los que no y por qué”.

    “La participación temprana establece que son 18 meses antes los que tendrá que trabajar la empresa con la comunidad para llegar a acuerdos sobre los impactos y luego establece que las empresas van a generar acuerdos, esos acuerdos, en el caso de los estudios, los va a revisar el Tribunal Ambiental para ver si son legales. Luego esos acuerdos van a entrar en el Estudio de Impacto Ambiental. En mi opinión, esos acuerdos deben ser de carácter vinculante porque hasta ahora son voluntarios”, concluyó Sanhueza.

    Fuente: Radio Universidad de Chile

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