Los últimos cuatros años en el Parlamento han estado plagados de cuestionamientos respecto del actuar de los honorables. Varios investigados judicialmente, incluso los senadores Moreira, Orpis y Rossi, se encuentran desaforados en sus respectivas causas, otros con series de críticas por su actuar y, en definitiva, una hoja de vida plagada de anotaciones que lo tienen en la mira de la hoy vigilante ciudadanía.

La última polémica, tiene relación con la elección de Andrés Zaldívar, actual presidente del Senado que deja su cargo el 11 de marzo próximo, en el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, donde será acompañado de Enrique Marshall (PPD, ex consejero del Banco Central), José Antonio Gómez (PR, ex senador y actual ministro de Defensa), Alfonso Vargas (RN, ex diputado), Arturo Yrarrázabal (ex decano de la Pontificia Universidad Católica de Chile).

El Consejo es un organismo externo del Congreso que tiene por objetivo, según reza en la web de la Cámara de Diputados, “determinar el monto, destino, reajustabilidad y los criterios de uso de los fondos públicos asignados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria”. Claramente, los integrantes de la entidad para el nuevo período tienen, mayoritariamente, arte y parte en este asunto.

En conversación con El Ciudadano, Octavio del Favero, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, cree que este organismo debiera darle preferencia a las personas adecuadas antes de gente ligada a partidos con representación política ya que “hace menos probable que el objetivo que deba cumplir la institución se cumpla de forma adecuada, porque tendrá tendencia de empatizar con los regulados más que con el objetivo de regulación”.

“Creo que efectivamente a partir de los escándalos de corrupción, nos hemos dado cuenta que no es indiferente quien es el encargado de vigilar la actividad política”, recalca del Favero, quien además agrega que hoy “la ciudadanía se siente con una titularidad de exigir mejores prácticas y mejores procesos a nuestras autoridades”.

Junto con lo anterior, el investigador cree que el Parlamento debe abrirse a la ciudadanía para iniciar una nueva etapa, sosteniendo que “ya no basta que estén los que salieron electos para que las discusiones sean consideradas como legítimas o representativas por parte de la ciudadanía”.

Foto: Octavio del Favero, radio ADN

Pareciera que cualquier instancia pública tuviera el carácter de “silla musical”, ¿cómo lo evalúan desde Ciudadano Inteligente?

Para evaluar a quien se nombra para un cargo depende cuales son las finalidades que tiene ese cargo, para ver si las características de la persona son las más adecuadas. En este caso, hablamos del Consejo de Asignaciones Parlamentarias cuya misión es servir de contrapeso a la labor parlamentaria, para ejercer un control sobre como se usan las asignaciones. Si la idea es generar un mecanismo de fiscalización, el hecho de que se nombre a una persona que lleva tanto tiempo en el Congreso y con una relación tan íntima con parlamentarios que van a estar a cargo de su regulación, más allá de lo institucional, el objetivo que tiene el organismo se pone en riesgo.

Finalmente no puede cumplir su labor cabalmente

Exacto, hace menos probable que el objetivo que deba cumplir la institución se cumpla de forma adecuada, porque tendrá tendencia de empatizar con los regulados más que con el objetivo de regulación, que es resguardar el buen uso de los recursos públicos por parte de los parlamentarios.

Por la conformación del Consejo, ¿sigue la lógica del cuoteo? 

El hecho que tengan una sensibilidad política no inhabilita que participen en este tipo de instancias, pero está claro que lo que prima es la distribución en esos términos más que la idoneidad para cumplir con las funciones que debe cumplir en dicho Consejo. En el fondo, que se ponga por delante a los partidos antes que a las personas adecuadas es problemático.

Ahora que este Consejo se haga conocido tiene que ver con la presión de la ciudadanía por transparencia

A propósito del uso de los recursos para asesorías parlamentarias externas puso en relieve a este Consejo de Asignación. Esta es una institucionalidad que es nueva, por lo que es bueno que tenga este nivel de escrutinio para tener a las personas más adecuadas para estos cargos.

¿Este mayor cuidado de la ciudadanía por lo que sucede con las instituciones es la raya para la suma de estos cuatro años?

Creo que efectivamente a partir de los escándalos de corrupción nos hemos dado cuenta que no es indiferente quien es el encargado de vigilar la actividad política. Y creo que, a partir de las reformas que se han implementado, ha aumentado la conciencia sobre que la mejor forma de prevenir situaciones complejas es con institucionalidades sólidas. Estamos desarrollando una cultura más estricta para poder exigirle a nuestras autoridades.

¿Esta es la gran lección de estos años plagados de casos, al menos, cuestionables? 

No sé si es tan masificado, lo que aparece más es que se está ejerciendo un privilegio más que tener conciencia del ejercicio de la fiscalización. Pero, sin duda, la ciudadanía se siente con una titularidad de exigir mejores prácticas y mejores procesos a nuestras autoridades. El hecho de tener una ciudadanía más vigilante, más que esperar que esta cosa funcione bien, es una lección que esperamos que se consolide.

¿Cómo se puede evaluar el trabajo del Parlamento en estos cuatro años? 

Creo que se vio expuesto a pruebas muy difíciles, que no estábamos acostumbrados a ver. De aklguna forma el Congreso se vio sometido a ver cual es su capacidad de representar los intereses de la ciudadanía y de mediar entre las distintas alternativas.

¿Cómo podríamos proyectar el trabajo del Congreso con sus ajustes internos y con una ciudadanía más empoderada? 

Se tiene que reestructurar abriendo las puertas del Parlamento. Ya no basta que estén los que salieron electos para que las discusiones sean consideradas como legítimas o representativas por parte de la ciudadanía. Es muy importante que la política se encuentre con los grupos ciudadanos, para abrir discusiones, para encausar discusiones ciudadanas hacia políticas públicas concretas y eso implica establecer practicas de participación ciudadana institucionalidad dentro del proceso legislativo, incentivar espacios de dialogo entre los distintos grupos de interés en los proyectos de ley, llevar a cabo debates en regiones para conocer las nnecesidades de la gente que está lejs de los centros de tomas de decisiones. Todo eso debiera ser una labor que el Congreso asuma institucionalmente, para dotar a los procesos legislativos de mayor apertura, discusión y representatividad.

 

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