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    El hiper desarrollo alcanzado por Internet ha enfrentado desde hace años a los gobiernos a situaciones que cuestionan viejos valores como la vida privada, la intimidad, y en el caso de la justicia, también el debido proceso.

    El gobierno de Michelle Bachelet tuvo que enfrentarse a estos asuntos en dos ámbitos distintos, a partir de proyectos específicos. Se trata de la disponibilidad pública de los datos personales en bases de datos y la eventual vigilancia de la comunicación privada.

    Los datos personales se refieren a todos aquellos que hacen identificable a alguien. Comunicación privada, en cambio, denomina a aquella comunicación que no es pública y está protegida por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones.

    En específico, la vigilancia es la diligencia que realizan los entes de persecución penal o de orden público cuando, bajo ciertas circunstancias establecidas en el ordenamiento jurídico, rompen esta inviolabilidad.  Pero en este ámbito, y por tratarse de un asunto muy delicado, la ley contempla la violación de la privacidad en hipótesis muy particulares, habilitadas por ley, determinadas en el tiempo, etc. Las excepciones están reguladas por ley, en el Código Procesal Penal.

    Violación de la comunicación privada: vigilancia

    Las críticas levantadas desde la sociedad civil al gobierno de Bachelet en este ámbito, se detienen en el Decreto Espía y la Operación Huracán.

    El Decreto Espía, es impulsado por el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy y pretendía obligar a las empresas de telecomunicaciones a guardar un registro de toda la información de navegación y llamadas de los chilenos, dejándola a disposición de organismos públicos que, a la postre, se establecían de modo amplio. Pablo Viollier, de la ONG Derechos Digitales señaló que no correspondía que esta fuese una descripción amplia, sino que, siguiendo la regla general “solamente podría haber sido la Fiscalía a través de una orden judicial”.

    Se conformaría una base de “metadatos”, lo que fue cuestionada por académicos y organizaciones de la la sociedad civil por aumentar la capacidad de vigilancia del Estado, prescindiendo de una orden judicial. El proyecto recibió un portazo en el trámite de toma de conocimiento de parte de Contraloría General de la República.

    Viollier resumió a El Ciudadano que a través de este decreto se pretendía “crear de forma inconstitucional, una base de datos con el historial de navegación y registro de las comunicaciones telefónicas de todos los chilenos y que las policías tengan acceso a esta base de datos, sin una debida orden judicial”.

    Operación Huracán, la que a través de la Ley de Inteligencia, Carabineros podía ir directamente a la Corte de Apelaciones a solicitar que se le diese autorización para intervenir teléfonos, hacer hacking, etc. El reparo, en este caso, tiene que ver con el uso de la Ley de Inteligencia para producir pruebas en el proceso penal, cuando en realidad el objetivo de dicha ley es la recolección y análisis de información para la toma de decisiones del Estado.

    Al utilizar la Ley de Inteligencia, Carabineros lo que ha hecho es escapar del control y supervigilancia de la Fiscalía, lo que es muy grave porque es ésta la que tiene la facultad exclusiva y excluyente de la persecución penal. Por eso se dan situaciones raras en que Fiscalía tiene que pedir un peritaje respecto de pruebas que ellos mismos presentaron, porque no la produjo la Fiscalía, sino que Carabineros llegó con la prueba hecha.

    Aquí se confunden dos planos muy peligrosos: la Ley de Inteligencia, que permite hacer diligencias mucho más intrusivas y que van más allá de lo que permite el Código Procesal Penal, que permite a lo más interceptación de comunicaciones y no la intervención de sistemas tecnológicos como sí lo hace esta ley.

    Datos personales, anónimos a la luz

    Dicom del Transantiago: Se trataba de datos tales como nombre, monto de deuda, etc. El Gobierno quería generar una base de datos pública, con las personas que debiesen pagar multas por el no pago del sistema de transporte público. Solo se conoce algo similar en el caso de registro de pedófilos. No existen listas ni de abusadores sexuales, evasores de impuestos, etc. “Lo que se proponía era una especie de pena infamante: una exposición pública a la vergüenza, en que el estado no solo fallaba en su deber de proteger los datos personales, sino de que pasaba activamente a exponerlos, con el objetivo de que estas personas al momento de acceder a un crédito o postular a puestos de trabajo, fuesen discriminados”, sostiene el experto Pablo Viollier.

    Viollier agrega: “el Estado conscientemente y a propósito expone los datos de sus ciudadanos en una lógica de garrote y zanahoria. En un plan de escarnio público intenta solucionar un problema, como la evasión del pago del transporte, afectando materias tan sensibles como el acceso al empleo”. Este proyecto de ley fue despachado por el Congreso en enero del presente año”.

    TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica): También había imposiciones en temas de datos personales. En particular al denominado “flujo trasfronterizo de datos personales”. El TPP obliga a los países a permitir este flujo. Es decir, por ejemplo, que Facebook mande tu información que está en Chile, a servidores en Irlanda, pero sin asegurar que ese país tenga un nivel aceptado de protección. Podrían llegar a islas vírgenes del tratamiento de datos. Lo que buscábamos es que existiese esa protección y no hubiese un nivel menor que el que ya hay en Chile. Esto no se logró. Y podrán terminar en sedes sin ningún tipo de jurisdicción.

    El TPP se mantiene congelado, por el retiro de Estados Unidos bajo el actual gobierno de Donald Trump. EE.UU. fue el principal promotor del acuerdo bajo la administración de Barak Obama, plaza que tomó China para reimpulsar el acuerdo, el que se firmaría en los primeros días de marzo.

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